José Machain* le hizo llegar a unoytres.com.ar (http://unoytres77.blogspot.com.ar/) el siguiente
comunicado con el pedido de reproducción:
Ante la publicación del Ministerio de Educación de Caba
en Facebook en relación a los antijurídica decisión de negar el derecho de
Alan Rodríguez a su título secundario, las 140 organizaciones. de la sociedad
civil que forman el "Grupo Art 24 por la Educación inclusiva"
acordaron el siguiente comunicado.
Adhiere José Machain*.
El siguiente texto responde a lo sostenido públicamente por
el referido organismo:
Sres/as. Funcionarios/as:
La educación media básica es un derecho humano de todos/as
que requiere, entre otras cosas, la acreditación de los/as estudiantes con
discapacidad de acuerdo al plan de estudios más adecuado para su desarrollo,
que contemple, reconozca y valore adecuadamente sus capacidades, méritos,
habilidades y aportaciones al mundo.
Ello se opone al establecimiento de criterios rígidos, excluyentes y
normalizadores de acreditación, que presuponen que todos/as deben aprender lo
mismo, de una cierta forma y en cierto tiempo.
Lamentamos la respuesta oficial del Ministerio que, una vez
más, da muestras de un profundo desconocimiento de los detalles del caso de
Alan y del derecho humano a la educación inclusiva, reconocido en la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene
jerarquía constitucional.
La existencia de adecuaciones curriculares no implica no
haber alcanzado los contenidos mínimos. Alan recibía su boletín con excelentes
calificaciones, no desaprobó ningún examen ni debió volver a rendir una materia
y no se le advirtió que no estuviera alcanzando contenidos mínimos para la
obtención del título, pese a que la normativa indica que en el caso de no alcanzarse algún contenido mínimo
ese hecho debe hacerse constar en toda la documentación escolar, en cada
materia, indicando a qué año corresponden los contenidos no alcanzados cada uno
de los años.
El Ministerio sabe esto. Sin embargo, en lugar de hacer lo
que haría si se tratase de cualquier otro estudiante con excelentes
calificaciones en su boletín, opta por atender sólo a las explicaciones de la
escuela y avalar su accionar de no entregar el título, porque Alan es un joven
con discapacidad intelectual.
Aun si no se hubieran alcanzado ciertos contenidos mínimos,
Alan tiene derecho a la educación media, y a ser evaluado en relación con el
plan de estudios de educación media elaborado para sus características y
necesidades individuales. Sostener lo contrario y pretender evaluarlo de
acuerdo a un plan de estudios inadecuado para su desarrollo, implica excluirlo
de plano de la educación media básica, que en nuestro país es obligatoria para
todos/as los/as estudiantes. Garantizar la obligatoriedad de la escuela media
para todos/as requiere necesariamente contemplar planes de estudios adecuados a
la diversidad de los/as estudiantes.
El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad reprendió al Estado Argentino, y señaló que en nuestro país la
implementación del principio de educación inclusiva “se ve limitada, en la
práctica, por la falta de adecuación de los programas y planes de estudio a las
características de los educandos con discapacidad, así como por la prevalencia
de barreras de todo tipo que impiden que las personas con discapacidad accedan
al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación al resto de
los estudiantes”. Esto implica que deben
modificarse los “marcos normativos” que ahora invoca el Ministerio, ya que
mantenerlos implica decidir que la educación media es sólo para ciertos/as estudiantes,
y no para otros. Cabe resaltar, además, que en el caso de Alan no serían
aplicables de ninguna manera, debido a que no se lo notificó como prevén las
propias regulaciones locales.
En suma, una vez más, reclamamos al Ministerio que cumpla
con su obligación constitucional entregando el título a Alan, y removiendo las
barreras normativas y de toda clase que él mismo genera para obstaculizar el
acceso de las personas con discapacidad a la educación media básica y
obligatoria. También, solicitamos al Ministerio que deje de infligir el
innecesario daño moral que hoy genera a Alan, que en adelante evite
realizar manifestaciones de este tipo
sobre casos individuales, y que en su lugar se disponga a desarrollar políticas
públicas que garanticen la educación inclusiva, en consulta estrecha con las
personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.
Alan es un ejemplo en muchos sentidos, y para mucha gente.
Con la lucha por su título, debe ser ahora también un ejemplo para que las
autoridades públicas adviertan que el modo en que conciben el rol de la escuela
ante las distintas trayectorias educativas, puede y debe cambiar. Están ante
una oportunidad histórica de adoptar medidas que empiecen a reparar la enorme
deuda de nuestro sistema educativo con las personas con discapacidad. Hacerlo es también adaptarse al mundo plural
y diverso en que queremos vivir. No hacerlo, es violar derechos humanos
perpetuando un sistema educativo excluyente.
Sres/as. funcionarios/as: ¡No pierdan esta oportunidad!
*Jose Machain - Consejero por la Legislatura (Bloque FpV)
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES -
CABA
Móvil: (+54 9 11) 3006-8478
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