"Sin derechos no hay democracia"

Documento leído por los organismos de DDHH en la Plaza de Mayo el 24 de marzo de 2016.

Elaborado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital.

A 40 años del golpe genocida, que le causó tanto daño a nuestro pueblo, con miles de asesinados, detenidos-desaparecidos, presas y presos políticos, exiliados, con un pueblo hundido en la pobreza, sin justicia social y con mucho miedo, estamos en esta Plaza de Mayo para reivindicar las luchas de los 30.000.

Son 40 años de aquel 24 de marzo de 1976, cuando los genocidas ocuparon la Casa Rosada para decidir sobre la vida y la muerte. Con el terror sistemático como método, buscaron imponer un plan económico, político, social y cultural de hambre y exclusión con la receta escrita por los grupos económicos, el Gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia y con la participación de la corporación judicial.

Con la Doctrina de Seguridad Nacional, intentaron instalar la idea de un enemigo interno, formando a las Fuerzas Armadas con la Escuela de las Américas para masacrar al pueblo. Nos llenaron al país de miedo. El "no te metás" era la línea editorial de los medios como Clarín, La Nación y tantos otros que fueron partícipes de los delitos de lesa humanidad. Colmaron las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a los militantes de asesinos, mostrando como enfrentamientos los crímenes, escribiendo los argumentos de la "teoría de los dos demonios", ejerciendo la acción psicológica del terror desde la tinta y el papel, acusando a los sobrevivientes que denunciaban a la dictadura en el exterior de hacer una campaña "antiargentina".

40 años después, beneficiados por la impunidad, esos medios siguen haciendo lo mismo: hablan de "grasa militante" y de "ñoquis", apuntando contra trabajadores y organizaciones políticas, porque les molesta que la juventud se organice, luche, sea solidaria y comprometida.

Son 40 años de lucha, memoria y militancia. 40 años buscando a nuestros seres amados. Empezamos este camino en mucha soledad, con persecución y represión. Las primeras Madres de Plaza de Mayo fueron detenidas‑desaparecidas en la ESMA y arrojadas en los vuelos de la muerte. De ahí venimos, de lo difícil, del dolor, pero también del amor por nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres y esos miles de militantes que se organizaron y lucharon por un país grande, justo y libre. Eligieron la política como herramienta y se unieron en organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, como la UES, Montoneros, ERP, FAP, los Sacerdotes por el Tercer Mundo, FAL, Vanguardia Comunista y tantas otras. Lucharon en los ingenios azucareros, las Ligas Agrarias, el Cordobazo y el Rosariazo, los Astilleros y las comisiones obreras de las fábricas.

Esa militancia nos da orgullo, como la nuestra y la de todos los compañeros y compañeras que luchamos para que la patria sea cada vez más grande. Los que están molestos con nuestra militancia, nos estigmatizan; pero cada victoria nos confirma que estamos en el camino correcto. Por eso, queremos homenajear hoy también a todos los compañeros y compañeras integrantes de los organismos de derechos humanos y sobrevivientes que han sido parte de esta lucha y hoy no están físicamente. Por ellos y ellas también gritamos ¡Presentes!

Hoy estamos en esta Plaza con el miedo nuevamente entre nosotros. Porque semanas atrás fue baleado un local partidario y dos militantes fueron heridas; porque semanas antes Gendarmería tiró con balas de goma contra una murga, mayoritariamente integrada por niños y niñas; y porque Milagro Sala es una presa política de este Gobierno, al que le molesta la militancia. Nos prefieren obedientes y conformistas, desinformados y sin educación. Nos pretenden sometidos y asustados. Pero tenemos las banderas de los 30.000 muy altas, les decimos que al miedo lo conocimos hace rato, con la Triple A y los genocidas, y que no van a detenernos. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, vamos a seguir defendiendo la democracia.

En estos primeros 100 días de gobierno, nuestra democracia retrocedió demasiado: con decretos de supuesta necesidad y urgencia, se violentaron leyes e instituciones, como la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el Congreso de la Nación, cuando se intentó imponer a dos jueces de la Corte. La necesidad y urgencia que los corría era la de desarmar el país que teníamos, integrado a la patria grande y con un Estado para el pueblo. Lo cambiaron por un país entregado a las corporaciones y con un Estado de espaldas al pueblo, con lógicas empresariales y el vaciamiento de políticas sociales fundamentales para garantizar derechos. Para intentar asegurarse ese modelo neoliberal de país, diseñaron un protocolo de represión para que el miedo interfiera en la protesta social y que el reclamo por trabajo, educación, salud y vivienda sea demonizado. Resulta importante resaltar que entre las preocupaciones del nuevo gobierno no estuvo la de derogar una ley que no puede seguir en vigencia: la ley Antiterrorista. ¿Será que la usará con el protocolo de represión de la protesta social?

Por eso, porque sin derechos no hay democracia, denunciamos que en 100 días, el gobierno de Macri, como sostuvo Rodolfo Walsh en 1977 en su Carta Abierta a la Junta Militar, ha "restaurado la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación". 39 años después de esa Carta, los miles de despidos, la persecución a la militancia, los planes sociales desarmados, las leyes del Congreso en contra del pueblo y la represión, son algunos de los hechos de los primeros 100 días de gobierno que nos convocan a defender la democracia. Por eso, hoy están en esta Plaza las centrales obreras, porque los trabajadores son la Patria, porque no vamos a permitir que nos roben el derecho al trabajo, ni que le pongan techo a las paritarias, ni que estigmaticen a los trabajadores y trabajadoras. Después de más de 12 años de un proyecto de inclusión, hoy las políticas de Estado empiezan a ser de exclusión social, política, económica y cultural.

Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el gobierno de la exclusión planificada, de los derechos para pocos.

Estos 40 años nos encuentran en la Plaza en la que comenzamos las rondas las Madres, Abuelas y Familiares. Empezamos a caminar cuando estaba prohibido reunirse, cuando el Congreso estaba cerrado, cuando la desaparición forzada de personas era el método de exterminar a la oposición, cuando la censura era el arma del gobierno genocida para excluir de la cultura y la información para hacer más fácil el sometimiento del pueblo. Acá vinimos cada vez que salimos a protestar, marchar y reclamar. Acá nos bombardearon, acá metimos las patas en las fuentes, acá hicimos la primera marcha de la resistencia en plena dictadura, acá nos masacraron en el 2001. Acá venimos a recordar a nuestros seres amados, porque lucharon por un país para todos y se los llevaron por un país para pocos. Eran mujeres y hombres con proyectos, convicciones, solidarios, comprometidos. Son 40 años: cuatro décadas sin esos militantes que nos faltan todos los días.

Por eso no vamos a permitir que nadie, y menos un funcionario, niegue esta ausencia forzada que son los 30.000 o intente reinstalar la teoría de los dos demonios. Nuevamente, exigimos la renuncia indeclinable e inmediata de Darío Lopérfido, un funcionario negacionista a cargo de la cultura del gobierno de esta Ciudad, quien puso en duda la magnitud del genocidio que sufrió nuestro pueblo. Tan grave como sus dichos es que el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, lo mantenga en su cargo.

Llegamos a los 40 años de lucha, memoria y militancia. En estas décadas, los genocidas pasaron más años con impunidad que presos donde deben estar: en la cárcel común, perpetua y efectiva. Al juicio a las Juntas Militares lo sucedieron la Obediencia Debida, el Punto Final y los Indultos que pusieron nuevamente en las calles a los asesinos del pueblo. El camino fue duro: hasta llegamos a ver y escuchar a los culpables reivindicar sus crímenes en televisión. Los señalamos con los escraches para demostrar que la condena social repudiaba la impunidad. Empezamos a ver avanzar causas judiciales fuera del país, mientras acá la impunidad estaba comprando en el supermercado o paseando por la playa. Esa historia empezó a cambiar en el 2003, con el Presidente Néstor Kirchner, quien decidió sacarle las vallas a la historia e incluir en políticas de Estado la lucha del pueblo por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Así, con la continuidad y profundización de las Presidencias de Cristina Fernández, llegamos a estos 40 años del Golpe con más de 660 genocidas condenados, 119 identidades restituidas, más de 130 ex centros clandestinos señalizados y 35 espacios de memoria puestos en funcionamiento. La Memoria, la Verdad y la Justicia ya no son un imposible: son una de las victorias que vamos a seguir defendiendo a diario. El gobierno tiene un doble discurso que hay que denunciar: mientras declara a la prensa que los juicios a los genocidas continuarán, despide a los trabajadores y trabajadoras que sostienen las políticas de Estado que los garantizan, como el acompañamiento a testigos y la investigación para las causas. Además, no cesa en el intento de apartar a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó y ya avanzó con limitaciones a sus funciones. Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, como cualquier otra que garantice derechos, sólo se sostienen con los trabajadores y trabajadoras adentro. Por eso, exigimos que se terminen los despidos, que se respete el derecho al trabajo, que se mantengan las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia para que encontremos a todos los jóvenes apropiados, para que se sigan preservando, recuperando y resignificando los ex centros clandestinos, para que continúe la búsqueda de los cuerpos de los detenidos‑desaparecidos y que sigan los juicios a los genocidas.

La del 76 fue una dictadura cívico‑militar. Los grupos económicos, el gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia y la corporación judicial fueron la parte civil del golpe de Estado más asesino de nuestra historia, en el que las Fuerzas Armadas desplegaron algunos de los métodos de tortura más macabros del mundo. Se pusieron en funcionamiento cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en los que algunos integrantes de la Iglesia y el Poder Judicial fueron parte de los interrogatorios y las torturas, en los que hubo médicos que participaron en el plan sistemático de apropiación de bebés, en los que se mantenía un país clandestino bajo delitos de lesa humanidad. La participación civil en los delitos de lesa humanidad todavía tiene demasiada impunidad. Algunos de los responsables llegaron a juicio, pero la mayoría no. La corporación judicial sigue beneficiando a sus socios y protegiendo a sus culpables. Con causas cajoneadas, como la de Papel Prensa, los empresarios genocidas caminan por las calles y hoy vuelven a cargar la tinta contra la democracia. Desde su palco de doctrina, fue el diario La Nación el primero en pedir impunidad para los genocidas al día siguiente del triunfo electoral de Mauricio Macri. Los genocidas civiles no tuvieron un papel secundario: estuvieron en la misma mesa que Videla a la hora de planificar el terror. Incluso usaron oficinas de Clarín y La Nación para cometer sus crímenes, e instalaciones de Ford para secuestrar, torturar e interrogar. Esos civiles, casi en su totalidad, como Blaquier y Massot, continúan impunes.

No sólo nos daña el silencio, sino también la mentira. Por eso, volvemos a decir que la única guerra que hubo entre 1976 y 1983 fue la de Malvinas, en la que perdieron la vida cientos de personas en nombre de una batalla desigual. A los crímenes de la guerra se le sumaron los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos jefes sobre los combatientes, delitos que deben ser juzgados y condenados como parte del accionar criminal del estado terrorista. Esa es una de las deudas de esta democracia, como también lo es la identificación de los 123 cuerpos de quienes perdieron la vida en el conflicto bélico. Seguimos exigiendo el reconocimiento de la soberanía sobre las Islas. ¡Las Malvinas son argentinas! ¡Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía!

Los genocidas mantienen los pactos de silencio. Eso se tiene que terminar. Necesitamos saber la verdad, toda la verdad: ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están los jóvenes apropiados? Ellos lo saben porque fueron partícipes. En todos estos años, pudimos encontrar a algunos de los nietos y nietas, quienes ya pudieron abrazarse con sus familias. Pero faltan muchos más: por eso, porque cientos de jóvenes todavía no conocen su identidad, los seguimos buscando. Tal vez alguno o alguna esté en esta Plaza o alguien que está acá los conoce. Puede pasar, porque están entre nosotros, están en alguna parte. Nosotros los buscamos siempre, cada día. Necesitamos que se acerquen, que venzan el miedo, que asuman la duda y que vengan: si nosotros los buscamos y ustedes se acercan, todos nos encontramos.

Recientemente, el Presidente de Estados Unidos anunció que, 40 años después, serán desclasificados archivos de la dictadura. Es obligación de todos los Estados y gobiernos aportar a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por eso, esperamos que se cumpla el anuncio y que finalmente podamos acceder a toda la información que tiene ese país, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en las dictaduras de la región con el Plan Cóndor. Necesitamos que desclasifiquen toda la información, que extraditen al genocida Roberto Bravo, uno de los asesinos de la Masacre de Trelew, y que ayuden de manera urgente a la búsqueda de los nietos apropiados que podrían vivir en ese país. Además, sostenemos categóricamente que Estados Unidos debe dejar de violar los derechos humanos tanto en su territorio como en otros, como en la cárcel de Guantánamo.

Esta democracia de más de 32 años tuvo que ser defendida muchas veces. Nadie olvida los levantamientos de los carapintadas, ni la masacre de diciembre del 2001 contra la rebelión popular, cuando el pueblo volvió a ser víctima de políticas de exclusión y represión, con más de 30 asesinados en todo el país y las Madres nuevamente reprimidas en Plaza de Mayo. Nadie olvida. En septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López y seguimos exigiendo saber qué pasó con él y que haya Juicio y Castigo a los culpables. Tampoco olvidamos la desaparición forzada de Miguel Brú, ni lo que hicieron con Luciano Arruga y Andrea Viera, ni los asesinatos de Fuentealba, Cabezas, Kosteki, Santillán y Mariano Ferreyra. A 40 años del golpe genocida, nos sentimos nuevamente convocados y convocadas a defender la democracia, porque el cambio de gobierno está significando a diario la vulneración de derechos: miles de personas despedidas en el Estado y el sector privado, la criminalización de la protesta, la profundización de prácticas de violencia institucional, la persecución ideológica, con el extremo de que hoy tengamos una presa política, por eso decimos: ¡Libertad ya a Milagro Sala!

Vemos también con profunda preocupación cómo en este país cambiado se profundiza la violencia institucional, práctica represiva que nació alimentada de los indultos, la obediencia debida y el punto final, y que sigue siendo una de las mayores urgencias de la democracia. Mientras haya un Poder Judicial que, como lo hizo recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autorice el uso de las neopicanas Taser, lejos estaremos de lograr la erradicación de esa violencia, como también lo estaremos mientras sigan funcionando cárceles y comisarías como lugares de criminalización de la pobreza, de aplicación de tormentos y torturas. Por eso, repudiamos enérgicamente, la violencia institucional cometida recientemente por la Policía de Miramar contra un joven militante estudiantil y de la diversidad sexual.

Pero con un Poder Judicial que habilita a la Policía a pedir el documento sin justificación, y con funcionarios que, con la excusa de combatir al narcotráfico, pretenden dejar la seguridad en los barrios en manos de las Fuerzas Armadas, el camino en la lucha para erradicar la violencia institucional se hace cada vez más difícil.

También se hace difícil terminar con las violencias hacia las mujeres cuando hay un Estado que cierra áreas de atención y protección, o con un Poder Judicial patriarcal, que criminaliza a las víctimas, o con un Presidente de la Nación misógino que premia con cargos públicos a quienes denigran a las mujeres y él mismo sostiene que, en definitiva, a las mujeres les gusta que las traten mal. Hay mujeres que a diario pierden la vida por los femicidios. Sin un Estado comprometido, no hay salida posible y a los funcionarios no les queda otro lugar más que el de la complicidad. Lo mismo podemos decir sobre la trata de personas: mientras sectores del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y otros funcionarios, por acción u omisión, sean parte del delito, lejos estaremos de terminar con ese crimen que se roba a diario miles de vidas de mujeres, hombres, niños y niñas para la explotación sexual y/o laboral. ¡Basta de femicidios! ¡Basta de trata de personas!

Hoy, nuestra Patria Grande está siendo atacada, porque las corporaciones no quieren perder su poder. En esta Plaza, repudiamos enérgicamente los intentos destituyentes a las democracias latinoamericanas y abrazamos al pueblo de Brasil en su defensa de la soberanía popular. Las corporaciones van por Maduro en Venezuela, por Evo en Bolivia, por Dilma y Lula en Brasil, demostrando que la corporación judicial y económica no tiene fronteras. Van por nuestra libertad, nuestros derechos. Por eso, porque tenemos memoria también en los pies, no olvidamos el camino recorrido y sabemos que un pueblo organizado es imposible de vencer. Porque los que desaparecieron a los 30.000 y pretendieron matar para siempre a todas las luchas, son los mismos que hoy persiguen a los militantes. Son los mismos que empobrecieron al país con la deuda externa de sus empresas y dañaron con sus crímenes los que hoy vuelven a la Casa Rosada: los Macri, la Nueva Provincia y la Sociedad Rural Argentina. Son los mismos y persiguen el mismo objetivo: atacar al pueblo organizado.

También nos preocupa que se venda la soberanía de nuestro país con la megaminería, la extranjerización de nuestros recursos naturales y con un pago irresponsable a los fondos buitres. No podemos volver a aceptar que nos impongan deudas injustas. Recordamos el daño y el hambre que nos provocó durante décadas la deuda externa de la dictadura. No queremos volver a eso. Defendemos a nuestro país, defendemos nuestro futuro.

A 40 años del golpe genocida, sentimos orgullo de las luchas de los 30.000 detenidos‑desaparecidos. Los miramos en las fotos y los recordamos con amor, y podemos reivindicar sus luchas. Podemos nombrarlos acá, en la Plaza del pueblo, y saber que son parte de esta memoria colectiva que los abraza. Lucharon por una Patria Grande, justa, libre, solidaria e inclusiva. Y a pesar de las pérdidas, y a pesar del dolor, y a pesar de hoy estar viviendo un retroceso en materia de derechos en el país, nunca perdimos ni perderemos las esperanzas: sabemos que son posibles los imposibles. A 40 años del golpe genocida, a 40 años de lucha, memoria y militancia, sin derechos no hay democracia.
30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.