¿Seguir con el voto calificado?

Mauricio Epsztejn—

El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional la ley sancionada por amplia mayoría del Parlamento para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, puso en escena a todos los actores y dejó en claro los intereses que defienden. Así resultó una prueba adicional que avaló la necesidad de democratizar la justicia que, como primer paso debe someterse al mandato de la fuente originaria de poder en una república: el pueblo. El Poder Judicial es el único que aún se resiste a aceptar que todos los órganos de poder político —en este caso el susodicho Consejo —, deben tener su mandato originado en la soberanía popular, que en un sistema representativo como el nuestro se da a través del voto ciudadano.

Porque no otra cosa que una institución política es el Consejo de la Magistratura, ya que no es técnico, pues no juzga, no dicta sentencias, no interpreta leyes. Fue pensado como el instrumento de gobierno del Poder Judicial para seleccionar los jueces, proponer ternas de candidatos que cubran los puestos vacantes, administrar y ejecutar el presupuesto, ejercer funciones disciplinarias y, si hiciera falta, iniciar el proceso de acusación por el que se remueven los magistrados (ver artículo 114 de la Constitución Nacional).

En la actualidad, si hay algo manifiestamente inconstitucional, es el manejo del presupuesto por parte de la Corte, retenido y defendido por ella, que sí viola de modo flagrante lo establecido en el mismo artículo.

De República y republicanos – Democracia y corporaciones

El fallo del que se habla, firmado por la mayoría de los cortesanos, llenó de euforia al conjunto del arco opositor y no fueron pocos que lo visualizaron como una réplica de lo sucedido en 2008 con el voto “no positivo” de Cobos, durante el debate de la famosa resolución 125. Incluso están los que vaticinan una derrota electoral del kirchnerismo, como la de 2009.

Por el lado del oficialismo, pareció asimilar el golpe, aceptó el fallo y lo incorporó como otra evidencia para avalar la necesidad de democratizar el Poder Judicial. A su vez, no sólo puso en ridículo las afirmaciones sobre su supuesto autoritarismo, sino que colocó bajo la luz pública un tema como el de los jueces, su organización, sus intereses corporativos, sus privilegios respecto al resto de los funcionarios públicos, como el de no mostrar sus patrimonios, sus relaciones de intereses y otros temas similares. Es decir que, si bien acató el fallo, no renunció a plantear abiertamente su desacuerdo y dar públicamente las razones.

Se puede decir que en este tema, como ya sucedió con otros, aunque la iniciativa de cuestionar a la estructura del Poder Judicial como arcaico y plagado de intereses corporativos no nació del Poder Ejecutivo sino que se dio antes con el movimiento Justicia Legítima, donde un sector interno de esa misma justicia se plantea ser parte del proceso transformador que vive Argentina y Latinoamérica, el oficialismo supo tomar algunos aspectos sustanciales y los transformó en ley, con el debate sobre la democratización se colocó en un escalón superior.

De allí que, si algún mérito tuvo la resolución de la Corte con su declaración de inconstitucionalidad, fue el de confirmar, a su pesar, lo que amplios sectores de la sociedad perciben: que los encargados de administrar justicia actúan como una corporación que se considera con derecho a un voto calificado, a mirarse como acreedores de derechos superiores al del resto de los ciudadanos y no como los servidores de la sociedad.

El debate está lejos de haberse clausurado. Paradójicamente, las trabas a la vigencia plena de la Ley de medios, trabas que cuentan con la tolerancia de la Corte después de más de tres años de sancionada por el Parlamento, puso blanco sobre negro que en este país todavía hay hijos y entenados cuando de administrar justicia se trata y vuelve a poner en discusión quién y para quién se ejerce el poder en este país, un país que desde 1853 proclamó darse la forma de gobierno representativa, republicana y federal, es decir un sistema político donde el pueblo es el soberano y a través del voto democrático, en el que todos valen lo mismo, decide en quienes delegar la responsabilidad de gobernar. Aquello que se escribió hace más de un siglo y medio y a fuerza de luchas y sacrificios se fue logrando para otros poderes del Estado, la Corte lo niega para el Judicial.

No es una novedad que lo escrito en 1853 avanzó a los tropezones y debió vencer poderosas resistencias. Por ejemplo, la ley electoral de 1857 estableció el voto cantado y masculino para los mayores de 18 años, con todos los riesgos que implicaba para la gente sencilla ejercer ese derecho delante de quienes manejaban el poder y el fraude.

Un ejemplo de cómo procedían, lo trae a colación el historiador Felipe Pigna con una carta que Sarmiento le escribió a su amigo Oro. Refiriéndose a las elecciones de 1857, dice: “Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición”.

Hasta 1912 fue así, año en el que se conquistó el voto universal, secreto y obligatorio. Para alcanzarlo hubo luchas y hasta sublevaciones populares armadas de por medio. Bajo el imperio de esa ley, conocida como Ley Saenz Peña, se efectuaron las primeras elecciones legislativas sin fraude que produjo cambios en el Parlamento y permitió que en 1916 Hipólito Yrigoyen llegara a la presidencia.

Sin embargo, lo de universal sólo valía para los varones mayores de 18 años y nadie más. Aunque desde 1919 hubo proyectos a favor del voto femenino, ese derecho tardó treinta años en concretarse y llegó recién en 1947 bajo el decisivo impulso de Eva Perón, que venció la resistencia de los mismos que siempre se niegan a reconocerle derechos al pueblo.

Después vino el período que va desde 1930 hasta 1983, donde el sistema democrático rigió de a ratos y la violación de la Constitución fue la norma, incluida la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, avalada por la mayoría del estamento judicial y las respectivas Cortes Supremas. Aún subsisten fuertes enclaves que resisten el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, no sólo para los uniformados, sino para todos los responsables del genocidio. Y si recién hace escasos años se pueden juzgar con todas las garantías del debido proceso, se debe a la persistente lucha pacífica de los organismos de derechos humanos y no del estamento judicial y de las asociaciones representativas de los magistrados. Ese empecinamiento en lograr verdad y justicia y la iniciativa de los gobiernos kirchneristas, lograron derogar las leyes de obediencia debida y punto final.

¿Por qué los sectores del privilegio resisten tanto la ampliación de derechos? Sencillamente porque se niegan a resignar privilegios y poder en favor de las mayorías. Por eso defienden el voto calificado, el de las corporaciones, en lugar del voto ciudadano; sostienen que el voto de algunos miles que componen la corporación judicial, vale más que el de veinticinco millones inscriptos en el padrón electoral nacional.

¿Comparte ese criterio la mayoría de la Corte Suprema, de las asociaciones de magistrados y del los abogados más conservadores? El fallo de la Corte dejó nítidamente diferenciados los campos y seguramente, tal como lo impulsa el sector que se encolumna con Justicia Legítima, el debate sobre la necesidad de los cambios democratizadores se va a extender a lo largo y ancho del país.

¿Por qué en esa maniobra se enganchan partidos cuya tradición incluye mucho de nacional, popular y democrático? Probablemente porque han renegado de esa historia y marchan a la cola del libreto dictado por quienes defienden a los privilegiados de siempre.

También tendrán que repensar su discurso quienes se proclaman defensores de la democracia frente los avances del autoritarismo y terminan apoyando el gobierno de las corporaciones, una marca distintiva del Estado corporativo fascista italiano que abolió la república, durante la dictadura de Mussolini y por estos pagos nutrió la ideología de todas las dictaduras.

Pero el poder de las corporaciones no siempre se presenta de manera burda. Al contrario, tienen voceros que se inflaman haciendo profesión de fe democrática para hacer todo lo contrario. La gran prensa es una de ellas, que se irrita y conspira cuando los gobiernos elegidos por el voto no se ajustan a la agenda que le señalan. La historia argentina abunda en ejemplos de gobiernos elegidos por el voto popular que terminaban copados por las corporaciones y grupos de poder. Era un lugar común considerar que el Ministerio de Economía le pertenecía a los empresarios y banqueros; el de asuntos agrarios, a los ruralistas; el de justicia, a la corporación respectiva; el de trabajo, al bendecido por alguna central sindical y patronal; el de defensa, el aprobado por las respectivas jerarquías y así con el resto. El resultado era que los ciudadanos elegían a dirigentes políticos, pero el poder real se ejercía desde otros lados y cuando los gobiernos no se les sometían, los derrocaban.

Esos grupos, que tienen mucho poder, no quieren entender que en la democracia, cada ciudadano tiene un voto y ninguno vale más que otro. A la democracia le queda por delante ganar la pelea política también en este terreno, con razones y con votos.

El voto choripán y tetrabrik más el delito de ser mayoría

Para la actual oposición, pareciera que ser independiente es oponerse a todas las propuestas del kirchnerismo. Así actuaron frente a la Asignación universal por hijo, la ley de Identidad de género, la del Matrimonio igualitario, la del Derecho al voto para los jóvenes de 16 años, la del Derecho a la información, la de Comunicación audiovisual, la de Recuperación del sistema previsional, la nacionalización de YPF, la recuperación de Aerolíneas, la negativa a pagarle a los fondos buitres, la defensa de la Fragata Libertad y la lista continúa.

Esa postura incluye lo referido a la democratización de la justicia, sobre todo porque la mayor democratización romperá el poder aristocrático que allí todavía prima y lo abrirá a prestar atención a los intereses de las mayorías, un tema que trasciende el debate abstracto que puede darse alrededor de una mesa de café, para meterse en la distribución más justa de los bienes materiales, sociales, políticos y culturales, que vendrían a integrar el combo identificado por los grupos del privilegio como los que dependen del choripán y tetrabrik, tan denigrados por quienes sólo aprecian a la “gente como uno”, que come y bebe en hoteles de cinco estrellas.

Varias de estas cuestiones también estarán en juego en las próximas elecciones de octubre. Hasta ahora, uno de los objetivos unificadores de la oposición política al kirchnerismo es tratar de derrotarlo de cualquier modo y alcanzar la mayoría en todos los órganos electivos, como sucedió en el 2009, en que ganaron, pero las peleas por el reparto del botín paralizaron al Parlamento por dos años.

Si el lector cree que lo dicho es falso, se equivoca: lo afirmaron varios de sus líderes. Algunos hasta le pusieron fecha de vencimiento a las alianzas tejidas para las elecciones de octubre. Fueron expresiones de gente “seria”, que se candidatea a puestos de poder. Al lado de tales confesiones, la ironía de Borges cargada de despecho, sobre que “la democracia es un lamentable abuso de las estadísticas”, suena a ingenuidad infantil.

Otro argumento opositor es que el oficialismo quiere tener la mayoría en todos los órganos electivos. ¿Es delito querer ganar? Lo dice gente “seria”, que se candidatea para representar a la ciudadanía. Cabría preguntarles si es antidemocrático, si presentarse a elecciones y querer ganarlas, lo es ¿por qué se presentan? ¿Se darán cuenta de la contradicción que encierra tal discurso, que incluso les juega en contra ya que tácitamente admiten que deben recurrir al atajo y la alianza con la corporación judicial porque se sienten incapaces de triunfar en las urnas?

Por eso, las próximas elecciones no son una elección de medio término más. En buena medida, lo que en octubre se dirime es mucho más que una renovación legislativa. Son dos proyectos de país los que están en pugna: uno por la vuelta a modelos fracasados; el otro es el que se enmarca en el genéricamente llamado movimiento nacional y popular. Gracias a que la democracia se va consolidando, hoy la disputa se da en las urnas y no mediante chirinadas como sueñan ciertos voceros que arrean a la oposición. Sin embargo, como nadie tiene la vaca atada antes de abrir las urnas y contar los votos, lo primordial es la participación popular como  garantía de que el debate se continúe dando en el terreno de la democracia.