La democracia como concepto histórico – El derecho a la información y su relación con otros derechos - Garantías para la libertad de prensa - ¿Existe una prensa independiente?- De Antón Pirulero y cómo se caen máscaras y maquillaje.
Mauricio Epsztejn--
Mafalda y la democracia |
La sola enumeración de los hechos más destacados ocurridos en el país durante 2012 y los titulares que merecieron en los medios, marcaron hitos capaces de trascender a cualquier gobierno. Este es un innegable mérito del actual, que fue capaz de manejar la agenda política en un año duro, difícil, incluso la de sus adversarios. Por eso, con sólo agregar a esos titulares un comentario para ubicarlos en el tiempo y el espacio, cualquier periódico que se precie de masivo podría lanzar una edición especial completa.
Como por ahora unoytres.com.ar no está en condiciones de encarar esa tarea, esta nota sólo va a remarcar algunos puntos comunes entre democracia, información y derechos.
Empecemos hablando de democracia
Como creación social y humana, no podemos referimos a ella sin enmarcarla en lugares y tiempos concretos para que ese concepto cobre sentido. Si bien no es objeto de esta nota indagar en la historia, es imposible soslayar la diferencia entre lo que la democracia significaba para la antigua Grecia y lo que por ella se entiende en la actualidad. Si la democracia ateniense obligaba a todos los ciudadanos a reunirse en el Ágora, durante una jornada completa cada diez días, para legislar sobre los asuntos públicos, tomar decisiones ejecutivas, resolver conflictos (es decir, juzgar en instancia única y sin abogados), la información necesaria para hacerlo, tranquilamente se podía transmitir de boca en boca y así llegar a la asamblea munidos de todos los elementos. Hay que tener en claro que en esa reunión sólo podían participar ciudadanos, es decir ser varones mayores de dieciocho años, a su vez hijos de ciudadanos, y haber completado el entrenamiento militar. Estaban excluidas de tal condición las mujeres, los hombres libres que no fueran hijos de ciudadanos, los extranjeros y los esclavos. En la práctica estaba vedada la posibilidad de gobernar a todos aquellos que, siendo formalmente ciudadanos, no podían abandonar tres veces por mes su trabajo para movilizarse hasta el Ágora, en el centro político de Atenas, para cumplir con su función o aquellos que andaban guerreando o de guarnición en destinos militares alejados, por lo que de a poco el ejercicio del poder real quedó en manos de los más ricos.Desde entonces hasta el presente pasaron más de dos mil quinientos años, en los cuales la ampliación de derechos hacia otros sectores de la sociedad se fue conquistando gracias a la lucha de los oprimidos o postergados que lograron vencer la resistencia de los detentadores del poder real, económico, político, militar y cultural.
Ahora, la información dejó de ser un privilegio reservado a los sectores dominantes o una dadiva que pueden otorgar o negar las empresas de medios, sino que es un atributo de la ciudadanía moderna.
Con la ampliación y reconocimiento de nuevos derechos, en nuestro país se ensanchó la posibilidad de participación popular en los asuntos de interés general a niveles jamás conocidos, tanto en opinar sobre el tipo de institucionalidad, como también en decidir el cómo, cuánto, en qué y entre quienes se debe distribuir el fruto del trabajo social, lo que quiere decir más democracia y con renovado contenido.
En función de efectivizar y consolidar el ejercicio de los derechos adquiridos, cobra especial relevancia poder disponer, por parte de los involucrados, de los medios que les permitan emitir sus opiniones y escuchar otras voces en igualdad de condiciones, sin censura, sin unicato y sin condicionamiento de los poderes fácticos, predominantemente económicos, para que a la hora de optar por gustos, necesidades o inclinaciones políticas, sociales, artísticas o culturales, dispongan de las herramientas para hacerlo con libertad.
En el mundo actual los necesitados de información superan de lejos a los pocos centenares o miles de individuos que en la antigüedad decidían sobre la vida de pueblos enteros; ahora ese lugar lo ocupan millones y millones de ciudadanos para quienes el antiguo sistema del boca a boca quedó relegado al arcón de las antigüedades o al juego del teléfono roto. Incluso los medios gráficos dejaron de satisfacer en plenitud las exigencias de la vida moderna y la irrupción de los audiovisuales como proveedores de información y formación se ha transformado en una herramienta esencial para la ciudadanía cuando evalúa sus decisiones cotidianas.
En consecuencia, es responsabilidad del Estado garantizar que haya iguales condiciones para todos e impedir la formación de monopolios que anulan la libertad y la diversidad.
¿De qué libertad hablamos cuando hablamos de la libertad de prensa?
Esto es lo que plantea la Ley de Medios sancionada hace más de tres años y que el grupo Clarín se niega acatar en complicidad con un sector del poder judicial que desde la oscuridad defiende los privilegios y prebendas de ese monopolio y de otros grupos del poder económico, de los que recibe dádivas, lisonjas y reconocimiento con sentido de pertenencia.
Desaparecido el delito de opinión, derogado el de desacato, impedidos los funcionarios públicos de perseguir a ningún periodista por calumnias e injurias cuando se trate de asuntos de interés público, la plena vigencia de la Ley de Medios será una herramienta formidable para asegurar pluralidad de voces para una democracia cada vez con más derechos.
¿Prensa independiente?
Los enmascarados de siempre |
Por eso, libertad de prensa no es pregonar una supuesta independencia inexistente, sino decir abiertamente desde dónde se para cada uno para emitir su mensaje.
Antón Pirulero, sin maquillaje ni careta
Madres y Susana Trimarco |
Si el estallido de 2001 hizo trizas las estructuras de los partidos políticos responsables de la crisis y alcanzó al parlamento, al ejecutivo, a los sindicatos, a la universidad, al movimiento estudiantil y a otras estructuras que no supieron o pudieron crear una alternativa viable al neoliberalismo, hubo amplios estamentos de la justicia que hasta ahora lograron zafar de la saludable renovación que necesita ese poder del Estado.
Bajo el impulso del kirchnerismo, que ayudó a oxigenar una parte de la justicia, y de las organizaciones de derechos humanos, se aceleraron los juicios por delitos de lesa humanidad. De los que ya finalizaron sólo hubo uno, que cerca de fin de año y por primera vez, condena a cadena perpetua al primer civil, Jaime Smart, ministro de la dictadura y uno de los máximos responsables del genocidio. Este abogado, que hasta último momento fue defendido por organizaciones corporativas de jueces y abogados, tuvo en el diario La Nación un defensor durante diez meses, hasta con editoriales, desde los que amenazó y presionó a favor del genocida y contra el tribunal. Si entendemos que la última dictadura no fue la obra exclusiva de un grupo de militares lunáticos, sino parte de un plan para rediseñar al país a la medida de un puñado de intereses multinacionales, veremos que hasta ahora el accionar de la justicia logró garantizar la impunidad para los capitostes de los grupos económicos involucrados y beneficiados por el genocidio.
Por eso la pelea del grupo Clarín contra la Ley de Medios no tiene nada que ver con la “libertad de prensa”. Sólo trata de conservar los privilegios que consiguió durante la dictadura y que logró mantener doblegando a los gobiernos civiles que continuaron aquella política económica.
Sin embargo, la resistencia de Clarín a cumplir con la Ley logró algo no calculado por quienes se oponen al avance de la democracia: colocó a todos los actores con poder, particularmente a quienes aún revisten en los estrados judiciales, bajo la luz de los reflectores que iluminan el escenario de la vida nacional para que el pueblo conozca sus rostros, sus nombres y apellidos, cómo actúan y qué intereses defienden. El desenlace de los casos de Marita Verón y Jaime Smart completaron el panorama de la justicia que es necesario cambiar.
Es evidente que la democracia argentina se adeuda a si misma un debate sobre el tipo de justicia, de jueces, fiscales y funcionarios que necesita, donde la igualdad ante la ley deje de ser un simple enunciado que eluden quienes tienen dinero y poder. Porque estos últimos saben “…hacerse amigos del juez y no les dan de qué quejarse…”, sino por el contrario, los incorporan a su círculo de relaciones, los lisonjean, les regalan un placard, un viaje a Miami y vaya uno a saber cuántas otras cosas que se sospechan, que muchos saben, pocos denuncian y nadie investiga, que terminan por debilitar al propio sistema.
El dilema que se plantea va más allá de estos casos cuyo dramatismo alarma y es necesario abordarlo para que la justicia no siga tuerta, una deuda aún pendiente que sobre todo afecta a los más débiles y sería saludable que en 2013 también se profundice en esta dirección.
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