Acerca de la libertad de expresión

Mauricio Epsztejn--

Hace unos días el grupo Clarín presentó ante los tribunales una denuncia penal “por incitación a la violencia colectiva” contra seis periodistas de diferentes medios, varios funcionarios nacionales, un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, un diputado nacional y un conjunto de movimientos políticos a quienes acusa de “ideólogos de la maniobra…y propaladores de los mensajes”, tendientes a organizar poco menos que el linchamiento de la empresa y de sus directivos.

En respaldo de tal acusación, sus abogados presentaron ante el juez federal Luis Rodríguez un escrito de treinta y seis páginas, tan flojo de argumentos y pruebas que nadie, absolutamente nadie, ni sus más firmes aliados o amanuenses, los pudieron respaldar. La acusación es tan floja y pobre que, según ironizaron distintos medios, ni siquiera hubiera servido como monografía a un alumno recién ingresado a la carrera de derecho.
El despropósito del grupo Clarín es tan burdo y sus objetivos intimidatorios tan evidentes, que ante el aislamiento, los principales voceros de la empresa debieron salir a tratar de rectificarse con argumentos que sólo lograron confirmar el original objetivo persecutorio contra las voces que no se les someten. A esta altura, lo que les resulta, como reza el dicho popular, “más difícil que recular en chancletas”.

Sin embargo, a pesar de lo grotesco, el tema es suficientemente grave como para desestimarlo y aceptar la explicación de que fue un simple error de los abogados al redactar el escrito.

Lo que el grupo Clarín intenta es criminalizar el derecho de opinión no sólo de los periodistas, a quienes las leyes expresamente protegen en su tarea, sino de otra indefinida multitud de ciudadanos, algunos en funciones públicas, pero el resto sólo por ser militantes políticos cuyas ideas no le gustan al multimedios y lo más grave, dejar sentado un precedente que afecte la libertad de expresión.

Lo que Clarín busca es intimidar, acallar a las voces que cuestionan su accionar, en un momento en el que la creciente participación de la gente en la vida política deja cada vez menos lugar para eufemismos tales como invocar la libertad de prensa u opinión, para ocultar lo que en realidad es la defensa de una empresa monopólica que desinforma a los argentinos y se niega a cumplir con la ley de la democracia, porque añora la de la dictadura con la que fue tan benevolente y beneficiada.

A pocos días del 7 de diciembre, fecha en que debe empezar a regir plenamente la ley de medios, acelerando el derrumbe del poder cuasi mafioso que durante años logró condicionar a la soberanía del voto, se desespera hasta el extremo de cometer tamañas torpezas que subestiman lo ya consolidado en la conciencia de las mayorías populares. Acostumbrados a manejarse con impunidad frente a gobiernos manipulables, parecieran haber hecho suya esa cínica máxima de Yabrán acerca de que “tener poder es tener impunidad” y se creyeron su propio relato sin registrar que el momento de la Argentina y Sudamérica dejó de serles propicio.

En estas circunstancias, la oposición política mostró tal confusión durante la reciente sesión especial en que la Cámara de Diputados repudió por amplia mayoría el ataque del grupo Clarín a la libertad de expresión, que posiblemente y de una vez por todas les sería útil reflexionar, en beneficio de ellos y de la democracia en su conjunto, sobre lo insalubre que resulta, ciudadanamente hablando, seguir atados al libreto elaborado por el multimedio que los arrastra en su caída, en lugar de elaborar propuestas propias, que aún en disidencia con el oficialismo no los deje atados a la falda del monopolio.