Sintonía fina, precios, apagones y otras yerbas

Por Mauricio Epsztejn—

Sintonía fina

Ni místico ni ingenuo, el autor de esta nota es además escéptico en cuanto a la amigable relación entre las buenas intenciones que cualquier gobierno puede tener y la realidad política que le permite concretarlas. No es necesario obtener un Nobel en política para saber que existe una categoría llamada “relaciones de fuerzas”, una construcción humana y cambiante, que condiciona la concreción de los programas de gobierno. En esa relación no sólo juegan propios y adversarios o enemigos, sino que entre los considerados propios es necesario ver quienes realmente lo son en cada momento, sea por intereses, por capacidades o porque han sido buenos para una etapa y dejan de serlo en otra.

Para no divagar, vamos a abordar ciertos temas de la vida cotidiana, los estados de ánimo colectivos y la incidencia que pueden tener en las elecciones de 2015, para los que faltan menos de dos años, pero cuyo resultado se construye en el día a día de un debate político y cultural y los ciudadanos deciden respecto a un gobierno o proyecto político que ya tiene a todas las fuerzas políticas en la mira.

Desde esta columna, por ahora sólo se van a plantear inquietudes sobre tres temas —precios acordados, crisis del sistema eléctrico y transporte. Sería deseable que en algún escalón del Estado se estén analizando las causas de los cuales estos son sólo un emergente y se participe de ello al público en un lenguaje accesible, cosa que los ciudadanos de a pie también podamos opinar

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Precios acordados:

Sobre esto, con independencia de las actas y compromisos firmados recientemente, el proceder que tendrán los principales actores privados lo dejó claro el señor Alfredo Coto, líder de la cadena que lleva su nombre y presidente de la asociación de los principales supermercadistas nacionales y extranjeros. Cuando todavía no se había secado la tinta con su firma, puso en duda la posibilidad de cumplirlo. Ante eso, uno se pregunta:

¿Qué credibilidad merece el nuevo acuerdo?

¿Cuántas veces estos mismos actores se comprometieron con Guillermo Moreno o el que fuera, de palabra o por escrito y no cumplieron?

¿Qué consecuencias tuvieron los anteriores incumplimientos y qué se hizo ante las campañas de los principales medios opositores contra quienes salieron a controlar, como hizo La Cámpora y otros sectores políticos o sociales y las asociaciones de consumidores, a los que acusaron de juventudes hitlerianas, chavistas, castristas, populistas o algún otro integrante de la galería de fantasmas con que asustan a los incautos?

Además, ¿qué precios tenían los mismos productos unos meses atrás y por qué se fueron para arriba?

La experiencia de este cronista como consumidor, lo hace descreer de la sinceridad de esos firmantes y va a confiar recién cuando conozca las herramientas económicas que tiene el Estado para regular los precios, así como las medidas que tome ante el menor amague de trampa respecto a lo firmado. En esta oportunidad vio algo alentador: ante el desafío público de Coto, la inmediata respuesta del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y la intervención de los productores de tomate que desnudó la mentira, sirvieron para desinflar la amenaza y encarrilar las cosas. De todos modos, como el futuro es una incógnita, la experiencia indica la necesidad de estar atentos y no dejarse sorprender.

Este es un tema picante que debería priorizarse en el campo de la sintonía fina.

Crisis del sistema eléctrico:

La actual estructura política estatal tiene una serie de ministerios a cargo de las distintas áreas de gestión. Para esta nota sólo nos interesa la forma de relacionarse entre tres: el de Industria, que controla y mide la producción de electrodomésticos; el de Economía, que conoce e informa la marcha del PBI; y el de Planificación Federal, el que, entre otras cosas, es el encargado de seguir al sector que genera y distribuye la electricidad. A la vista de los resultados, en el actual esquema algo no funciona.

Si el Ministerio de Industria anuncia el incremento constante en la producción de electrodomésticos, datos que avalan las Cámaras empresarias, se cae de maduro que eso repercutirá en el consumo minorista de electricidad. Si el Ministerio de Economía informa el crecimiento del PBI, principalmente sostenido por el mercado interno, la conclusión es idéntica a la de su par de Industria. Si el Ministerio de Planificación dice que la generación eléctrica es suficiente para cubrir ese crecimiento y la capacidad de distribución y transporte mayorista está en sintonía, ¿qué se hizo para que distribuidoras minoristas, como EDENOR, EDESUR y otras, hicieran lo que debían hacer o, en su defecto, se las pusieran en vereda y les hicieran cumplir los contratos? Ningún funcionario puede alegar sorpresa, ni echarle la culpa de los cortes a las altas temperaturas recientes, porque son hechos recurrentes, que se repiten porque aquellas retacean las inversiones.

Aquí también es necesario hablar de la sintonía fina anunciada en 2011.

Si son necesarias inversiones para poner la red en condiciones de enfrentar el aumento del consumo y hasta ahora las empresas no lo hicieron, incluso en contra de la elemental lógica capitalista donde el empresario primero invierte, si pretende obtener rentabilidad. Acá las cosas se dieron al revés: piden que el Estado le garantice tarifas altas y luego verán si les conviene invertir, siempre con lo mínimo posible.

Además, durante demasiados años las tarifas estuvieron subsidiadas para todos por igual, para quienes lo necesitaban por el nivel de sus ingresos y para quienes no; para particulares con altos consumos y para los que tienen dos foquitos de 25 wats. Hace un tiempo hubo un primer avance sobre unas pocas zonas de altos consumos y se paró. ¿Por qué el Estado debe seguir subsidiando altos consumos, si ese dinero se puede destinar a resolver necesidades más acuciantes?

Ante el incumplimiento de los privados y hasta su desidia en emplear los fondos fiduciarios acumulados para las obras, el Estado debió hacerse cargo de administrarlos, ejecutar lo que aquellos no hicieron y conseguir los préstamos del Banco Nación para completar el resto. ¿Quién va a pagar ese préstamo si las concesionarias lo único que saben es reclamar aumento de tarifas? ¿No será hora de revisar cómo aquí también se retoma el suspendido camino de la sintonía fina?

Además, si el Estado pone la plata y debe controlar en qué y cómo se emplea; si para eso debe asignar personal; si es el constitucionalmente responsable de garantizar que tal derecho ciudadano se cumpla y recibe las justificadas bofetadas si no lo hace, ¿para qué se necesita a los privados? ¿Por qué no se procede igual que con AYSA, el Correo, Aerolíneas Argentinas, YPF, el sistema previsional y otros casos similares?

Entonces, ¿no habrá llegado el momento de aplicar aquí el mismo criterio de sintonía fina?

A esta altura no alcanza amenazar con la rescisión de los contratos o aplicar multas, porque el daño evitable ya está hecho y el costo político lo pagará en un 100% el gobierno nacional. Alguien debería responder por eso y compartir la culpa en un ministerio que ya reporta los casos de Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que estuvieron a cargo de la Secretaría de transporte y fueron removidos y procesados, uno por corrupción y el otro, considerando su actuación de modo benevolente, por negligencia en el control y estupidez, cuando le echó la culpa de la tragedia de Once que costó 51 muertos, unos 700 heridos y cuantiosos daños materiales, a las víctimas, a los pasajeros del tren.

Y por los reiterados incumplimientos en el servicio eléctrico ¿se escuchó alguna autocrítica y algún funcionario responsable fue eyectado de su cargo?

Autos, camiones y tren:

La destrucción del sistema ferroviario comenzó a fines de la década del ´50 del siglo pasado, bajo el gobierno de Arturo Frondizi y su ministro Álvaro Alsogaray, en aplicación del Plan Larkin, diseñado por ese general norteamericano e impuesto aquí por el Fondo Monetario Internacional.

Tal destrozo lo completó durante los años ´90 el gobierno de Carlos Saúl Menem.

Un país con la extensión de Argentina, sin aviones ni ferrocarril, está condenado a depender del automotor. El tema de los aviones se empezó a resolver a partir de la exitosa recuperación de Aerolíneas Argentinas para el patrimonio público nacional. Sin embargo, el del ferrocarril recién se empezó a abordar con fuerza después del accidente en la estación Flores, con muertos, heridos y daños y la ya señalada de Once.

Si gran parte de la salida de divisas se destina a importar combustibles para sostener el funcionamiento del parque automotor, a esta altura en que parecen superadas las urgencias de la primera etapa kirchnerista, uno se pregunta si no habrá llegado la hora de considerar una prioridad para la soberanía económica resolver la relación equilibrada entre los distintos tipos de transporte.

¿La producción de autos va a seguir teniendo un peso tan grande en el crecimiento industrial o habrá que poner el acento, en cuanto al transporte de pasajeros y carga, en diseñar una integradora red ferroviaria y una industria que la abastezca, como alguna vez tuvimos y destruyeron?

Por lo que el ciudadano común alcanza a ver, esta cuestión recién se empezó a plantear a partir de que el tema del transporte abandonara la órbita ministerial donde estaba alojada y pasara al ámbito que ahora ocupa.

Entonces, ¿no será que este también es un ítem que se debería incluir de manera permanente y no espasmódica, en la sintonía fina?