Osvaldo Riganti--
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| La Rural |
Su primer presidente fue José Martínez de Hoz.
Hernández Arregui llamó a esta clase “estéril e infecunda”. Los comerciantes de Azul decían a raíz de los procedimientos de la Campaña del Desierto: “Nos creemos autorizados para decir que los indios pampas serían, a la fecha en que escribimos, relativamente honrados, laboriosos y
morales, si nosotros, los hombres de la civilización no hubiésemos sido tan malvados y corrompidos”. Proponían que los campos fueran repartidos en propiedad “a los indios, medidos, escriturados y amojonados, establecer entre ellos un sistema de orden que ellos mismos anhelan, porque muchos hay que han aprendido a conservar lo que adquieren y saben valorar lo que importa a la propiedad”. Sugerían que se les brindaran “pequeños recursos para que se dediquen a la labranza que son capaces”.
Después de Caseros, la tan criticada política de Rosas de entregar tierras públicas a sus partidarios fue ampliamente superada. Abundante información sobre el tema da cuenta que entre 1876 y 1898 fueron repartidas gratuitamente enormes extensiones a familias de abolengo favorecidas por el Régimen, donde cuatro mil dueños disponen casi la mitad de la superficie destinada a la producción agropecuaria en la Argentina.
Diría Estanislao Zeballos: que “algunos feroces alzamientos de los indios fueron la justa represalia de grandes felonías de los cristianos, que los trataban como a bestias y les robaban como si fueran idiotas”. Sarmiento denunciaba que “nosotros, que no tenemos una vaca, contribuimos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra, a los Luros, a los Duggans, a los Cano y los Leloir y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren sus vacas”.
Con Avellaneda se inicia la política de repartija de tierras entre los grupos dominantes. A la Sociedad Rural le entrega dos millones y medio de hectáreas. Mientras habla de “economizar sobre la sangre y la sed de millones de argentinos”, consolida el latifundio.
Entre no pocos procedimientos que favorecieron a la Sociedad Rural, tenemos la larga historia del parque 3 de Febrero, creado con propiedades de Rosas, a partir de la aprobación de la Ley Nº 658 dictada el 25 de junio de 1874. A esas tierras confiscadas, se las consideró de dominio público y el 4 de noviembre de 1875 una parte le fue entregada de manera “temporaria”, por 20 años, a la Sociedad Rural Argentina, algo que se fue renovando periódicamente durante más de un siglo.
El 9 de noviembre de 1990 el Ministerio de Economía de la Nación tasó el predio en 943 millones de dólares, que Menem le vendió a la Sociedad Rural por decreto en 30 millones de dólares, pese a ser tierras públicas y sin tener en cuenta la valuación fijada por la ley.
En 1992 la Sociedad Rural pagó 10 millones de dólares y se comprometió a cubrir el resto en diez cuotas anual de dos millones cada una, pero no cumplió. Dejó de pagar en 2001, cuando debía u$s 6.300.000.
En junio de 2001 varios diputados de la Ciudad presentaron un nuevo proyecto de desarrollo comercial del predio tendiente a la instalación de 11 cines y locales de bailes. Fue retirado y archivado debido a la acción de entidades vecinales y la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 33, interviniente en la causa. Sin embargo, en julio de 2004 el Gobierno de la Ciudad autorizó la obra a través de la Dirección General de Planeamiento, violando lo dispuesto por el Código de Planeamiento Urbano. El 21 de junio de 2004 Aníbal Ibarra firmó un convenio con Ogden Rural SA (propiedad del diputado De Narváez) autorizando las mismas obras que fueron desechadas por las denuncias vecinales. Ocho diputados recurrieron a la justicia y el fallo impidió la ejecución de las obras. El 18 de agosto de 2004 el juez Ricardo Farías, a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 10, llamó a declaración indagatoria al Banco de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos al presidente del directorio Carlos Sánchez y funcionarios de la Sociedad Rural Argentina entre los cuales estaban Horacio Forster y Enrique Crotto.
En octubre de 2004 los diputados de la Ciudad, Rubén Devoto, Tomás Devoto, Beatriz Baltroc, Mónica Bianchi, Héctor Bidonde, Daniel Betti, Sergio Molina y Vilma Ripoll, solicitaron ante la justicia la nulidad de la Disposición Nº 176 firmada por el Director General de Planeamiento Interpretativo, Arquitecto Lopatín, que autorizaba usos en el predio ferial de Palermo que violaban el Código de Planeamiento Urbano. La jueza Elena Liberatori resolvió que se hiciera lugar a la medida cautelar solicitada, disponiendo la nulidad absoluta e insanable de la disposición Nº 17 DGPINT O4 y del apartado a) de la cláusula Tercera del Anexo 8 y II del Convenio Nº 19/4 del 21 de julio de 2004.
En enero de 2006 se descubre una maniobra de falsificación de firmas de los diputados citados, por la que se pergeñaba un falso acuerdo en beneficio de la empresa Ogden Rural S.A. y la Sociedad Rural Argentina, lo que dio lugar a una causa penal por falsificación de documento público.
El gobierno de Macri presentó ante la Legislatura en agosto de 2007 un proyecto para construir un estadio para doce mil personas y autirizar usos comerciales en colisión con prescripciones sobre pabellones definidos como Monumento Histórico Nacional. Los vecinos pidieron la nulidad de esos proyectos y señalaron el incumplimiento de lo prescripto por el art.61 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la obligatoriedad de llamar a Audiencia Pública.
La construcción de un shopping de tres pisos, con dieciocho cines, bares y restaurantes, jugueterías, librerías, negocios de música, teatro para dos mil personas , centros de entrenamiento y deporte, salón de baile, museo, un parque de diversiones cubierto, juegos láser, mecánicos y simuladores, un estadio deportivo con capacidad para siete mil espectadores, que pretendían erigir en el predio rural los dirigentes de esta corporación luego de conseguir la venta de doce hectáreas a 30 millones de dólares en largas cuotas, marchaba hacia la creación de una sociedad comercial.
“El Adán de Buenos Aires” señala: “La confusión entre el interés social y el privado es completa”. Define la compra como "fraudulenta" y ajena a los fines estatutarios. El periódico Ayre se refiere al tema y agrega: “Aún así, Biolcati insiste en exponer un discurso moralista, ético”.
En noviembre de 2007 la Justicia dictaminó investigar la gestión de Tellerman, el predecesor de Macri, y de sus funcionarios.
La decisión de anular la cesión del predio de 12 hectáreas en Palermo, concretada en 1991 a favor de la Rural, tomó en cuenta las irregularidades detectadas por la investigación penal del juez Sergio Torres como así también la desnaturalización del uso inicial del predio como resultado de las sub-adquisiciones y explotaciones posteriores. El ministro Alak manifestó que las adquisiciones posteriores fueron una suerte de “festival de venta”, en lo que entiende configura la “desnaturalización del uso civil del predio”.
En uno de los actos de la Exposición Rural, su entonces titular Hugo Biolcati, con el apoyo del arco opositor fustigo el “deterioro de las instituciones”, la caída “en desuso” de la Constitución, aparte de otras consideraciones de índole moral. La posición de Biolcati motivó la extrañeza del periódico “Ayre”, que fustigó “una increíble historia de favoritismo político e impunidad” en favor de la Rural.
El predio Ferial de Palermo, más conocido como La Rural, tiene una extensión de doce hectáreas. La denuncia de un negociado está radicada en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Sergio Torres, con siete imputados y varios procesados, entre los que se cuenta el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
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