Mauricio Epsztejn—
“Se puede engañar a
todos poco tiempo,
se puede engañar a
algunos todo el tiempo,
pero no se puede
engañar a todos todo el tiempo”.
Hay quienes atribuyen los dichos del epígrafe a John F.
Kennedy y otros a Abraham Lincoln, aunque muy probablemente ambos sólo hayan
sido divulgadores famosos de una verdad que los precedió, de la que hicieron sensato
uso y nadie reclamó derechos de autor por ser un patrimonio universal. Aplicado
a la actual realidad argentina, a nueve meses de asumido el gobierno de la
Alianza Cambiemos encabezada por el ingeniero Macri, se comprueba que un
creciente sector de la sociedad, incluyendo a buena parte de quienes creyeron en
el mensaje de los globos amarillos y lo votaron, está empezando a transitar la
tercera etapa, la de superar la perplejidad por la derrota o, en el caso
extremo, del desengaño, y empieza a movilizarse y resistir en defensa de sus
derechos, aunque todavía esa movilización no haya logrado parir una fuerza o coalición
consistente, capaz de ponerle freno y revertir el embate neoliberal. Sin
embargo, aunque esa debilidad aún le permite a los grupos de poder concentrado
maniobrar, empiezan a tener dificultades para seguir aplicando impunemente su
política y ya recibió una primera derrota con el freno al tarifazo, un proceso cuyo
desenlace final nadie se atreve a pronosticar.
De todos modos, aunque a algunos les parezca sólo una visión
utópica, lo que ya está sucediendo a lo largo y ancho del país nos muestra que
el pueblo atesora en su seno una memoria y experiencia histórica colectiva, que
no cayó en saco roto, que puede estar transitoriamente desorientada, pero, como
sucedió en anteriores circunstancias, al final reacciona y sin esperar remotas directivas,
se moviliza para desmontar las marketineras promesas electorales que atraparon
a una parte de la población y, en conjunto, mientras las contrasta con la dura
realidad cotidiana, va construyendo novedosas alternativas políticas y de
organización no contempladas por los manuales de las academias.
Una de las características de esta etapa es que el
laboratorio de este proceso se va dando en la calle, en el espacio público, de
modo democrático, a lo largo y ancho del país, durante un tiempo y lugar en el
que se revalidan, caducan o surgen nuevos liderazgos, con independencia de los
pergaminos que previamente puedan haber acumulado.
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| El 7 de agosto, marcha por trabajo y contra el tarifazo |
En el corto tiempo de su gestión, el actual oficialismo ya
consumió aceleradamente buen parte del crédito de expectativa y esperanza que el
electorado, no sólo quienes lo votaron, le otorga a cada nuevo gobierno. Para
comprobarlo basta con sólo echar una rápida mirada sobre las principales protestas
y pronunciamientos conocidas en el agosto que termina y que trascendieron a pesar
del blindaje mediático que protege al macrismo y a sus aliados. La serie se
inició el 4 de agosto con el “ruidazo” nacional contra los tarifazos y que se
cerrará el 2 de setiembre al concluir la Marcha Federal en la tradicional Plaza
de Mayo, la Plaza del Pueblo, en la Ciudad de Buenos Aires, donde confluirán
las columnas que cruzaron el país convocadas por ambas CTA, junto a
organizaciones sociales y políticas, e incluso recogen la adhesión y el apoyo de
numerosos gremios y regionales que revistan orgánicamente en las estructuras cegetistas,
—una marcha que durante su recorrido hará escalas y actos en diversas
localidades, donde — como se prevé al momento de escribir esta nota —recibirá el
acompañamiento de las poblaciones.
En el medio se dio, en somera enunciación, un segundo
“ruidazo”; la marcha por trabajo el día de San Cayetano —con saludo del papa
incluido —; la de los partidos de izquierda y algunos gremios; el frustrado
intento del “partido judicial” por detener a Hebe de Bonafini, defendida por
una multitud que se congregó espontáneamente; el acampe en Plaza de Mayo y huelga
de hambre de los Curas en Opción por los Pobres exigiendo la libertad de
Milagro Sala; la protesta de los productores frutícolas de Río Negro que distribuyeron
gratuitamente fruta en Plaza de Mayo; la Marcha de la Resistencia convocada por
la Asociación Madres de Plaza de Mayo en protesta por la desocupación creciente;
el paro nacional de docentes primarios y secundarios; la masiva protesta en
Rosario exigiendo más seguridad…
Este pantallazo sobre hechos de trascendencia nacional omite,
por imposibles de consignar, la miríada de acciones locales, provinciales,
regionales o sectoriales que la prensa hegemónica ningunea, pero que caben
sumar porque muestran una sociedad atenta, activa y movilizada que está
reaccionando cada vez más enérgicamente a los atropellos y en defensa de sus derechos
y logros, a la que el gobierno de las corporaciones cada día le cuesta más confundir
con el latiguillo de “la pesada herencia” o del “se robaron todo”.
Un párrafo especial merece la resolución de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), frenando el aumento del gas domiciliario.
Acerca de servicios públicos, derechos humanos y derechos ciudadanos
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| La Corte que anuló el tarifazo del gas |
La visión sobre el tema de los servicios públicos es otro de
los terrenos donde claramente colisionan a nivel local y mundial dos
concepciones en disputa porque involucran la consideración sobre el ser humano,
la sociedad, el país, la política, la democracia y sus instituciones,
cuestiones bastante bien sintetizadas por el dilema “democracia o
corporaciones”, que en lo social divide dos campos y dos bloques de intereses: el
de los trabajadores, la masa de las clases medias, los pequeños y medianos
empresarios de la ciudad y del campo, e incluso un sector de los grandes cuyos
intereses principales están vinculados al mercado interno; del otro lado quedan
los dueños y representantes del gran capital financiero más concentrado y
transnacional, que bajo el gobierno macrista sus Ceos están al mando de los
instrumentos más importantes en la dirección del Estado, es decir, son los muy ricos
gobernando para los más ricos, por lo que el conflicto entre ambos campos es
inevitable y en Argentina tenemos una dolorosa experiencia sobre las nefastas consecuencias
que conlleva si ese modelo se consolida. Incluso hay altos funcionarios
macristas que durante sus intervenciones hasta plagian no sólo los conceptos
sino hasta las palabras de Martínez de Hoz, de Cavallo y sus secuaces para
justificar las políticas que propugnan y ejecutan.
Por supuesto que si unos consideran los servicios públicos
un derecho y otros una mercancía, el abordaje de ambos al momento de abordar el
tema del precio a pagar por las tarifas será diametralmente opuesto. Así, lo
que para unos son derechos establecidos en la Constitución que el Estado tiene
la obligación de garantizarle a todos los habitantes, según sus necesidades y a
un precio razonable, es decir que es un deber del Estado y no una simple
expresión de deseos, los otros, los que conciben a los servicios públicos y la
economía en general con el criterio de rentabilidad empresaria, propugnan
marginar de ese derecho a quienes no puedan pagar el precio de mercado, que
además es un mercado monopólico, como propugnó sin tapujos el ex Ceo de Shell y
actual Ministro de Energía, Aranguren, cuando les dijo a los argentinos que quien
no los pueda pagar, no los consuma.
En consecuencia, el abordaje excede la cuestión económica e
involucra al conjunto de los derechos humanos, incluidos los de la vida,
libertad y democracia, temas también en disputa con la ideología de este
gobierno, ya que no son casuales las expresiones de Macri y otros funcionarios
referidos a la dictadura genocida como “guerra sucia”, banalizando la cuestión
de los desaparecidos, intentando reintroducir la teoría de los dos demonios,
recibiendo oficialmente a los defensores políticos de los asesinos. Lo que
decimos tiene sentido porque el genocidio de la última dictadura cívico-militar,
no fue el modo de hacer catarsis de un grupo de lunáticos, sino un plan
sistemático de exterminio contra quienes luchaban por alcanzar una sociedad más
justa e igualitaria. Sólo hace falta recordar el programa económico explicitado
por Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976, para verificar la promiscuidad
ideológica y de objetivos económicos que conlleva el actual discurso dominante.
Por eso no es casual el intento macrista de revestir con razones humanitarias
la amnistía encubierta que propugna para “esos pobres viejitos”, ejecutores
directos de los crímenes y el freno que impulsan a la prosecución de los
juicios e investigaciones aún pendientes contra los instigadores, responsables
civiles, colaboradores directos y beneficiarios del terrorismo de Estado.
En cuanto al freno impuesto por la Corte al tarifazo del gas
obligando al gobierno a cumplir con la Constitución, corresponde señalar que
fue la primera gran derrota del oficialismo apenas a ocho meses de haber
asumido el gobierno y que se debió sobre todo a la movilización de los
perjudicados que pusieron en acción las inmensas reservas democráticas que anidan
en el pueblo, por encima de la oposición amigable, las vacilaciones de otros, la
dispersión, oportunismo o lisa complicidad en que se debate una parte no menor
de la tradicional dirigencia política y sindical. Vale la pena subrayar lo
anterior porque eso explica en buena medida las medidas positivas que el fallo
de la Corte le obliga a cumplir al gobierno y las limitaciones del mismo en
cuanto a su alcance. Seguramente esa ambivalencia no excluye un lógico cálculo
que preserve su propio futuro como poder del Estado.
Eso también vale para el movimiento popular pues señala el
límite al que se llega sólo con la espontaneidad
si la misma no logra sintetizar la protesta y el descontento en una conducción organizada
y plural que lo represente y encauce hacia una salida política.
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