Mauricio Epsztejn—
No es viveza criolla sino simple y llana ilegalidad
generalizada la que se ha instalado en los lugares administrados por concesionarios
privados para recargar la tarjeta SUBE y los celulares, ambos servicios
públicos con precios regulados por el Estado. También hay cadenas de
supermercados donde el precio indicado en la góndola difiere en contra suyo del
que le cobran en la caja, sin que el cliente advierta la diferencia.
El tema de la SUBE y los celulares lo conoce todo el mundo y no
pueden alegar lo contrario los funcionarios encargados del control, más aún si
hay de por medio denuncias concretas que consignan lugar, día, hora y número de
comprobante. En la mayoría de los casos el importe cobrado de más directamente
se lo descuentan al usuario de monto que le cargan o del vuelto que le dan.
Para no pecar de ingenuos, ¿a ningún funcionario le llamó la
atención que en determinados puntos las recargas hayan sido de $ 34, $ 29, $
44, $ 59 y cifras semejantes, ninguna terminada en cero o cinco?
No hay que ser
ministro de economía para darse cuenta que allí hay gato encerrado. Hoy día
dicha práctica se ha generalizado y es más, con el pretexto de la “inflación”,
duplicaron el precio del “peaje” –sin dar comprobante– que pasó de uno a dos
pesos ¿Alguien se tomó el trabajo de calcular lo que diariamente y gota a gota
se le birla a la gente en favor de inescrupulosos y que tal práctica no se
puede justificar aunque la lleven a cabo pequeños o medianos comerciantes?
La persona que va a la ventanilla, apurada por alcanzar el colectivo
que se le escapa o preocupada por cumplir con una llamada comprometida, en el
peor de los casos no advierte esta “avivada” y el mejor, considera que es una diferencia
nimia y no reclama ni denuncia. Pero lo disculpable en una persona común no vale
como descargo para los organismos públicos encargados de velar por el bolsillo
de la gente y el cumplimiento de los contratos, la famosa seguridad jurídica con
la que machacan personajes de flaca memoria y bolsillos opulentos o vivillos
usufructuarios que le hacen coro.
En cuanto al tema de los precios engañosos que aparecen como ofertas
en las góndolas de los supermercados, también merecen un párrafo dirigido a los
funcionarios competentes. Un ejemplo lo sufrió quien esto escribe en carne
propia. Resulta que fue a comprar un kilo de cebolla a granel
en la sucursal de
una conocida cadena de supermercados de segunda línea, que vende con su propia
marca la mayoría de los productos. La etiqueta en la góndola, bien visible y dividida
en dos partes, decía en una de ellas $25,50 el kilo y en la otra, como oferta
del día, $ 20,99. Sin embargo, en la caja me cobraron a razón de $ 28,99 el
kilo y a pesar de mis protestas, que llegaron a ser airadas, no me devolvieron
la diferencia ni me aceptaron la devolución de la mercadería a cambio del
dinero. Además, sufrí amenazas del personal de seguridad que intentó ejercer la
violencia para silenciarme. Cuando por ese motivo llamé al servicio de Precios
Cuidados, dependiente de la Nación, me dijeron que esa no era área de su
competencia y debía dirigirme a Defensa del Consumidor, de la CABA. Como allí
el trámite de denuncia es personal y hay que solicitar un turno por teléfono,
presentar una nota, junto a la fotocopia del DNI más la del comprobante de pago
correspondiente, el lector me sabrá disculpar si, a pesar de mis principios, no
destiné el tiempo y los gastos adicionales que implicaba el intento por
recuperar los $ 3,50 birlados y hacer justicia.
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