Justicia para el asesinado obispo católico Enrique Angelelli(17/07/1923 – 4/8/1976)

Mauricio Epsztejn—

Homenaje a Monseñor Angelelli

Por fin, después de casi 38 años del asesinato del Monseñor Angelelli se lo empieza a llamar oficialmente a lo sucedido como tal y que la justicia les llegue a los homicidas, derrumbando definitivamente la mentira del supuesto accidente de tránsito. Por el hecho fueron condenados a prisión perpetua el ex general Luciano Benjamín Menéndez y el ex comodoro Luis Fernando Estrella. Otros tres imputados (Videla, Harguindeguy y el ex policía Romero), murieron antes del juicio.

Sin embargo, estas condenas no cierran el caso, porque la resolución del tribunal permite abrir una segunda instancia para investigar el entorno de complicidades civiles, militares, policiales y eclesiásticas que confluyeron en el crimen.

Pocos antes del 4 de agosto de 1976, día en que mataron al obispo, fueron martirizados y ejecutados dos sacerdotes jóvenes de su diócesis, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, que desarrollaban su misión pastoral en El Chamical: los secuestraron, los alojaron y torturaron en la base aérea local y luego los acribillaron y abandonaron sus cadáveres a la vera de la ruta nacional 38, donde fueron encontrados por obreros ferroviarios que transitaban por allí, lo que implicaba un mensaje para el resto de los pobladores de la zona.

En 1951, terminados sus estudios en el Vaticano, Angelelli regresó a Córdoba y empezó su tarea eclesiástica en la Parroquia San José, de Alto Alberdi y en el Hospital de Clínicas de la ciudad. Compenetrado de las necesidades de los más humildes, recorrió las villas miserias, asesoró a la Juventud Obrera Católica que tenía como sede la capilla Cristo Obrero y se involucró en conflictos gremiales de varias fábricas cordobesas y otros establecimientos.

Los aires renovadores que por esa época sacudían a la Iglesia católica, lo llevaron a participar de las sesiones del Concilio Vaticano II en 1962, 1964 y 1965 y apoyar públicamente las posturas renovadoras, algo incómodo para los sectores conservadores, que maniobraron y lograron desplazarlo hacia La Rioja, un territorio que consideraban secundario.

Sin embargo, en el nuevo destino profundizó el compromiso que traía. Colaboró en la formación de sindicatos de obreros rurales, mineros y empleadas domésticas; ayudó a organizar cooperativas de trabajo de tejedores, panaderos y pequeños productores rurales que solicitaran a las autoridades la expropiación de un latifundio crecido en base a la usura impuesta a propietarios de pequeñas parcelas. Esto le granjeó el odio de grandes comerciantes y latifundistas que empezaron una operación de hostigamiento y calumnias contra él, con el objetivo de que fuera desplazado de la región. El motor de esa maniobra fue el grupo integrista “Cruzados de la Fe”, entre cuyos líderes se contaban varios miembros de la familia Menem, acompañados por el diario “El Sol” y el jefe militar de la zona. El pico de esa campaña se dio el 13 de junio de 1973 cuando el obispo llegó a Anillaco para presidir las fiestas patronales de la ciudad y mientras se desarrollaba la ceremonia religiosa, la iglesia fue invadida por una patota de los Cruzados de la Fe que obligó a suspender la celebración y terminaron apedreando al obispo que se retiraba.

Episodios como el señalado se repitieron e incrementaron contra los laicos y religiosos que acompañaban la tare del obispo, hasta que el golpe del 24 de marzo instaló la dictadura y sistematizó los crímenes.

Este capítulo del drama nacional es el que se empezó a cerrar, después de casi cuatro décadas, el 4 de julio de 2014. Con todas las garantías del debido proceso y apoyado en pruebas categóricas e irrefutables, fueron condenados dos de los principales criminales. Un documento enviado desde el Vaticano por el cardenal Jorge Bergoglio, actual papa Francisco, que llegó poco antes de finalizar el proceso, no sólo aportó una prueba contundente que derrumbó la supuesta ignorancia de las más altas jerarquías locales y vaticanas sobre lo que sucedía en el país, sino que confirmó todo lo que por fuera de la iglesia institucional se afirmaba.

Hasta ahora, la mayoría de los juzgados pertenecen a las fuerzas armadas y de seguridad. Sin embrago, como la dictadura no fue la resultante del accionar demencial de militares y policías, sino la consecuencia lógica, planificada y consciente para imponer una política, necesitó asesinar a decenas de miles para lograr lo que terminó estallando en 2001. Y como eso no lo logra un grupo mesiánico sino un poder transnacional con fuerte implante local, es necesario remover de raíz las causas que lo engendraron, para que la memoria, verdad y justicia evite que se repita.

Eso nos convoca a mantener viva la memoria, profundizar la búsqueda de verdad y continuar reclamando justicia, pues son y seguirán siendo tareas patrióticas irrenunciables.