Osvaldo Riganti--
La Constitución de 1853 no garantizó una participación efectiva.
La lista más votada obtenía todas las bancas prácticamente y la oposición quedaba sin representación política. Ejercían formas de presión, desembozadas y encubiertas, para la formulación del voto. Compra de votos, falsificación de padrones, libretas de muertos, formaban parte de las triquiñuelas que empleaban los sectores dominantes.
El proyecto hegemónico era lograr la unidad nacional por "las buenas o por las malas”, reservando para Buenos Aires el papel de rectora por encima de las demás provincias. El argumento era que las provincias estaban habitadas por ignorantes.
Domingo Faustino Sarmiento consideraba pueblo a "los notables, activos, inteligentes". Explicaba a su amigo Domingo de Oro cómo llevó a buen puerto sus objetivos en las elecciones de 1857: "Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror, que empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Los gauchos que se resistieron a votar fueron encarcelados, puestos en el cepo, enviados al ejército para que sirvieran en la frontera de los indios y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes y hasta su mujer".
En 1880 con la llegada de Roca creció la exclusión de las mayorías.
Hubo arduas luchas por el voto secreto.
El movimiento revolucionario de 1890, impulsado por una coalición política de vasto alcance encabezada por Leandro N. Alem y con jóvenes participantes como Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear y Lisandro de la Torre, expresaba a una vasta coalición que reclamaba honradez administrativa y sufragio libre.
Aunque el movimiento fracasó, cayó el presidente y dejó una huella. A partir de 1900 hubo división en los sectores dominantes, entre el círculo áulico del presidente Julio Roca y quienes objetaban su sistema de elecciones fraudulentas. El ministro Joaquín V. González propuso el voto secreto, pero el senador Carlos Pellegrini no era partidario del mismo. Él y su séquito lo concebían únicamente para los hombres conscientes, no para las masas que, según ellos, votaban en función de simpatías, no de ideas.
Hipólito Yrigoyen se puso al frente de luchas populares, sin excluir la acción armada. Invocaba la defensa de lo que llamaba “la Causa” contra “el Régimen” conservador, sustentado en la marginación social y política.
La llegada a la presidencia de Roque Sáenz Peña significó un avance. Aunque de extracción conservadora, aportó nuevas concepciones. En una decisiva entrevista con Yrigoyen le ofreció sancionar una nueva ley electoral si abandonaba la vía revolucionaria para tomar el poder. Yrigoyen se mostró predispuesto, pero a su vez le pidió que interviniera todas las provincias para evitar manipulaciones. Sáenz Peña se negó y le ofreció a cambio que él y el radicalismo participaran de su gestión. La réplica del líder fue que "apartara de su pensamiento esta suposición", porque el punto de convergencia al que podían arribar era exclusivamente el de la realización de comicios garantizados por la reforma electoral. La entrevista terminó siendo exitosa, con el compromiso de Sáenz Peña de que la ley electoral iba a garantizar la limpieza y libertad de sufragio.
El 12 de febrero de 1912 se estableció el voto secreto y obligatorio. "Sepa el pueblo votar" fue la consigna del presidente. Muerto Sáenz Peña, su sucesor constitucional, Victorino de la Plaza mantuvo el camino trazado por su antecesor y encaminó al país hacia el fin del fraude. El acceso de don Hipólito Yrigoyen a la primera magistratura en 1916 implicó la coronación de tantas luchas para implantar el voto libre y obligatorio. Una imponente multitud saludó la llegada de uno de los principales líderes populares a la presidencia. "El corralón gritaba Yrigoyen" evocó Borges con los años.
A lo largo de la historia el sistema encontró resistencias que expresaban la vocación de sectores por neutralizarlo como canal de genuina participación. El "radicalismo de los galeritas", organizado contra el liderazgo del "Peludo", en alianza con el conservadorismo y el socialismo independiente de Antonio Di Tomaso y Federico Pinedo chocó con la consolidación de la fuerza yrigoyenista. Desconcertados, radicales antipersonalistas como el doctor Melo, se volvieron cada vez más descreídos del sistema, llegando a descalificar lo que consideraban "la encrucijada aleve y traidora del cuarto oscuro". Prepotencia, golpes de estados, anulación de elecciones, jalonaron distintas etapas de la pugna contra la expresión legítima de las mayorías. Desde la despectiva referencia al "aluvión zoológico" del radical Sanmartino cuando se produjo la irrupción del peronismo, pasando por la posición de los banqueros de ADEBA que propiciaron el voto calificado cuando en el país imperaba el manejo de la economía por los dedos ágiles de Martínez de Hoz, hasta las sorpresivas y recientes manifestaciones de "Pino" Solanas que calificó el voto de los sectores populares como de "baja calidad cultural", enmarcan una pulseada que acicatean las corporaciones en su afán de imponer su voluntad avasallante, limitando los alcances del voto secreto y obligatorio como herramienta idónea para canalizar la opinión de los ciudadanos.
Pese al avance que implicó esa ley, la misma mantuvo el condicionamientos relacionado con el sexo, el lugar de nacimiento y la edad.
Aunque el voto popular tuvo un carácter integrador subyacente, la mitad de los argentinos siguió sin poder ejercer en plenitud sus derechos.
Fue la acción inclaudicable de Evita la que en la primera década peronista permitió sancionar la ley del voto femenino, por la que habína batallado destacadas militantes femeninas durante la primera mitad del siglo.
Todavía tuvieron que pasar varias décadas hasta que recién en nuestros días se habilitó ese derecho para a un segmento ciudadano considerable, el de los jóvenes de 16 a 18 años. Constituye un hecho llamativo la presión de sectores recalcitrantes de nuestra sociedad, que quieren bajar la edad de imputabilidad para meterlos presos, pero intentan negarles la posibilidad de ejercer sin cortapisas su visión acerca de quiénes deben ser los que manejen la cosa pública.
La conquista del voto secreto y obligatorio, así como la ampliación de otros derechos, siempre implicó un avance de los sectores populares, venciendo las resistencias de los conservadores.
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