I - El engaño
y la estafa electoral
Macri en septiembre de 2015:
"Vamos a terminar con la pobreza, la inseguridad y la exclusión".
En la Argentina
de nuestros días, la sociedad está sufriendo en carne propia la reinstauración
del modelo neoliberal, consecuencia del engaño y LA ESTAFA ELECTORAL MAS
FORMIDABLE DE LA QUE SE TENGA MEMORIA.
La democracia
representativa exige que quienes asumen cargos o bancas al haber sido electos
por el voto popular, deben cumplir con los programas y las propuestas que
realizaron durante la campaña electoral. Cuando el Pueblo vota no da cheques en
blanco; elige entre personas que encarnan ideas, formulan programas y
propuestas de gobierno.
Si quien resulta
electo para representar los intereses de todos y todas hace lo contrario a lo
que prometió o a lo que propuso y programó, no sólo engaña a quienes lo votaron
sino que rompe el contrato electoral entre gobernante y votante, punto de apoyo
de todo el sistema democrático.
II - La ruptura
del Contrato Electoral
La ruptura del
contrato electoral del 2015 está causando grandes dolores al pueblo argentino.
El engaño sólo pudo realizarse con la complicidad de los medios de comunicación
hegemónicos que ocultan y distorsionan la realidad de un Gobierno que
vino a hacer más pobres a los pobres y más ricos a los ricos.
No sólo
engañaron, sino que armaron una puesta en escena para que las promesas de
Cambiemos parecieran auténticas. Los medios concentrados, el partido judicial,
los “especialistas”, “expertos” y “analistas”, y los organismos internacionales
fueron cómplices y partícipes necesarios de un montaje para engañar y perpetrar
la estafa electoral.
La aplicación de
políticas neoliberales que arrasan derechos sociales, quiebran la económía y
fracturan la sociedad, siempre fueron precedidas por promesas incumplidas de
una vida mejor y un futuro promisorio.
III - El
Marketing
“La revolución
de la alegría”, “podemos vivir mejor”, “no vas a perder ningún derecho”, fueron
los slogans publicitarios utilizados por Cambiemos para engañar y obtener el
voto. Sin embargo, cuando asumieron el Gobierno y llegó el turno del feroz
ajuste neoliberal necesitaron renovar el engaño con un nuevo relato.
Supuestamente,
el Gobierno habria tenido que adoptar medidas políticas y económicas
diametralmente opuestas a sus promesas electorales, debido a una “pesada
herencia” que recién fue descubierta cuando accedieron al poder, por aquellos
que se presentaban como "expertos en todo" y conocían mejor que el Gobierno
anterior "todos los números de la economía".
“La fiesta se
tenía que terminar”, “había una crisis asintomática”, “vivíamos en una
fantasía”; son algunas de las frases del márketing para justificar brutales
políticas de ajuste y no hacerse cargo de nada.
En igual
sentido, y ante los dolorosos resultados de sus políticas, empiezan a prometer
un futuro mejor que nunca llega, con nuevas frases: “segundo semestre” primero
y “brotes verdes” después.
Siguen hablando
del pasado en una estrategia de marketing para no hablar y desviar la atención
del presente y de las ya las inocultables y dolorosas consecuencias de sus
políticas.
El problema
no es el pasado que todos y cada uno de los argentinos tenemos, sino que con
las políticas del Gobierno de Cambiemos no hay futuro para nadie. Queremos
volver a tener futuro. Queremos volver a tener un país donde era posible tener
proyectos y un plan de vida.
IV - Una vez
más, la realidad es la única verdad.
Sin embargo, el
marketing y lo virtual no logran ocultar la realidad y mucho menos la verdad.
El ajuste neoliberal no es resultado de lo que "encontraron" cuando
llegaron al Gobierno o de la "pesada herencia". Mucho menos aún, de
lo que faltaba hacer.
Al contrario, se trata de un
programa económico, político y social que pretenden aplicar los grupos de poder
nacionales y extranjeros para su propio beneficio. En menos de un año y
medio se endeudaron por casi USD 100.000 millones, más del doble de la deuda
contraída por la Dictadura Cívico-Militar.
El pueblo
argentino sufre en carne viva las consecuencias de esas políticas neoliberales
que destruyen empleos y salarios, provocan cierres de comercios, pulverizan el
consumo y dañan gravemente a nuestra industria nacional.
El desamparo no
se puede tolerar más. Tampoco la exclusión, ni la injusticia, ni la pobreza en
aumento. Demasiado sufrimiento. El Gobierno para los ricos es una triste
realidad para los argentinos.
Las grandes
conquistas sociales que beneficiaban a los trabajadores, a los pequeños y
medianos empresarios, a los jubilados, a los más humildes y vulnerables, y al
pueblo argentino, se encuentran bajo ataque y no pueden permanecer en pie.
V -
Persecución política: Estado y medios.
Como nunca se
había visto desde el advenimiento de la Democracia en 1983, se ha instalado en
nuestro país la persecución política a través del Estado en articulación con
los medios de comunicación. Sin embargo en esta etapa histórica, a diferencia
de lo ocurrido en las Dictaduras, aparecen nuevos actores para cubrir la tarea
que desempeñaron - en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional - las
Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El Gobierno
neoliberal articulado con los medios de comunicación concentrados y el Poder
Judicial, persigue a dirigentes y políticos que se oponen a su plan de entrega
y escarnio popular. La disputa desatada entre sectores del propio gobierno por
el manejo del Poder Judicial ya es inocultable. Se ventila en diarios, radios y
por televisión, desenmascarando, por un lado, el falso discurso “republicano”
de respeto a la división de poderes utilizado en la campaña y pone en
descubierto, por el otro, cual es el
rol que este gobierno quiere para jueces y fiscales: sicarios para eliminar
opositores.
En este sentido,
las increíbles y amenazantes expresiones públicas de Macri - “buscaremos otros
jueces para que nos representen” -,
confirman que cuando el Presidente no piensa lo que dice, dice lo que piensa:
pretende un Poder Judicial subordinado al Poder Ejecutivo y al servicio del
grupo de poder que hoy ejerce la primera magistratura.
Como si ello no
bastara, se le suma el armado de un sistema ilegal de espionaje político e
inteligencia interna propio de gobiernos dictatoriales. La difusión de
conversaciones privadas en medios públicos, seguimientos personales y
vigilancia de domicilios -entre otras prácticas-, no sólo son denunciadas por
opositores, sino también por dirigentes oficialistas que -paradójicamente-
guardaron y guardan riguroso silencio cuando los espiados son otros.
Otra vez, la
violencia de la exclusión social corre en paralelo a la violencia
político-institucional. Es que la experiencia histórica y la comprensión
política enseñan que siempre, en toda época y lugar, el ajuste neoliberal viene
necesariamente acompañado de la represión y la persecución: hay que acallar a
los opositores, ya sea con estímulos o con amenazas, con el palo o con la
zanahoria.
En este sentido,
el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del "2 x 1", en
beneficio de genocidas y represores, marca un tiempo de regresión en materia de
DD.HH. El Gobierno arma así una nueva "mayoría automática" en el más
alto Tribunal que expresa la intervención del Poder Ejecutivo en los fallos
judiciales.
De esa manera se
prepara el terreno institucional para la convalidación judicial de las medidas
económicas y sociales que serán impuestas después de las elecciones de octubre
para consumar la segunda fase del plan de ajuste: ir a fondo con reformas
estructurales, que profundicen en forma perdurable la debilidad de los
trabajadores y su salario en relación a los ricos y su capital.
VI.- La
segunda fase del ajuste
Profundización
de la flexibilización laboral. Reforma del sistema jubilatorio y del PAMI.
Apertura total e indiscriminada de la economía. Mayor desregulación del sistema
financiero. Desmantelamiento y desinversión en las empresas públicas. Reforma
tributaria regresiva. Avance sobre las autonomías provinciales. Eliminación de
todo fomento a las economías regionales. Desfinanciamiento y desmantelamiento
de la industria cultural. Retiro del Estado y administración “vaucher” en
políticas públicas. Apropiación privada y extranjerización de los recursos
naturales. Desintegración regional y Desmalvinización. Y como no podía ser de
otra manera otra vez el FMI.
VII.- Los
límites. Acción y construcción.
Instituciones
y Organizaciones. El rol del Parlamento.
La furia y la
ambición sin límites de una minoría, tiende a demoler los cimientos construidos
y ha provocado un gran dolor y fractura social. No hay trabajo, los precios
están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables y cierran
comercios e industrias. Asi no se puede vivir más. Asi no se puede seguir. Asi
no hay futuro.
El Gobierno de
Cambiemos no tiene límites.
Por eso, el
límite lo tenemos que poner entre todos y todas en las próximas elecciones.
Por eso la
emergencia. Por eso la urgencia.
Por eso,
también, la responsabilidad histórica.
Para ello
resulta imprescindible:
Construir una
nueva relación de fuerzas políticas y sociales que exprese la UNIDAD CIUDADANA
para frenar el ajuste permanente, la desindustrialización endémica, el
endeudamiento serial y la especulación financiera que la Alianza Cambiemos
tiene como únicas metas de gobierno.
El Parlamento
tiene que ser uno de los límites para el ajuste neoliberal, pero no el único.
Las instituciones y organizaciones sindicales y sociales, en ejercicio de sus
propias representaciones, tienen también una responsabilidad histórica frente a
este nuevo calvario de los argentinos y no pueden ser ajenas a la convocatoria
ciudadana.
Parlamento,
Instituciones y Organizaciones necesitan de hombres y mujeres con convicciones,
conocimiento, responsabilidad y coraje histórico para ejercer la representación
popular e institucional de la ciudadanía y construir las líneas de defensa de
los diversos y distintos sectores dañados por la política económica del
gobierno. UNIDAD CIUDADANA para generar propuestas que pongan un límite a tanto
dolor y fractura económica y social.
Propuestas que,
retomando los lineamientos de los gobiernos nacionales, populares y democráticos, incorporen los
nuevos desafíos del
momento histórico actual, caracterizado por el retorno continental del
neoliberalismo.
Estas son las
propuestas que están abiertas al debate y al aporte, y quienes las firmamos nos
comprometemos a llevarlas adelante para frenar el ajuste y construir más y
mejor democracia.
1. Recuperar lo perdido: empleo, salario y condiciones de trabajo.
Macri en septiembre 2015: “Voy a
generar más de dos millones de puestos de trabajo”.
En apenas un año
y medio más de medio millón de personas han perdido su trabajo en nuestro país,
ya sea registrado o informal. Todas las familias argentinas tienen hoy un
amigo, vecino, pariente o conocido que tiene problemas de trabajo.
Desde que
Mauricio Macri está en el gobierno, el Estado ha renunciado a su obligación
constitucional de defender el empleo y el salario justo. Se han multiplicado
exponencialmente los despidos. La pérdida del empleo y las suspensiones se
dieron, mayormente, en los sectores vinculados a la industria manufacturera,
-reflejando el carácter desindustrializador del actual modelo económico-, pero
también fueron afectados comercios y servicios, e inclusive, actividades
beneficiadas con importantes transferencias de ingresos como la minería. En el
trabajo informal la caída se multiplica por tres. La desoladora
expresión “ya no hay ni changas” recorre los cordones que rodean los grandes
centros urbanos de la Argentina.
A los que
conservaron su empleo tampoco les fue bien: se ha desplomado el poder
adquisitivo del salario y el Gobierno de Cambiemos avanza en un creciente
proceso de flexibilización laboral.
Esta es una de
las obsesiones de Macri: bajar el “costo” laboral. Para ello, en la segunda
fase del ajuste, se preparan nuevas leyes que hagan más difícil aumentar los sueldos
y más fácil despedir trabajadores y bajar las indemnizaciones, imponiendo la
precarización laboral a través de nuevas modalidades de contratación, como los
“contratos basura” que ya existieron en los 90'.
En definitiva, que las empresas
tengan más poder y los trabajadores menos derechos.
Es necesario
declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año e impulsar un
aumento de emergencia del salario mínimo vital y móvil. No debe votarse ningún
intento de flexibilización laboral y/o de violación de los convenios colectivos
de trabajo, reafirmando el derecho a paritarias libres. El efecto inmediato
del mejoramiento de los salarios es el fortalecimiento de la demanda y el
mercado interno, la reactivación de la economía y la mejora en las cuentas
públicas.
2.
Frenar el aumento descontrolado en los precios de los consumos populares.
Macri en febrero 2015: “La
inflación es la demostración de la incapacidad para gobernar, en mi presidencia
la inflación no va a ser un tema […] Eliminar la inflación será la cosa más
simple que tenga que hacer si soy presidente".
A poco de
asumir, el Gobierno de Cambiemos ordenó una devaluación del 60% mientras
sostenía que no iba a afectar los precios. Ocurrió todo lo contario: se disparó la
inflación más importante de los últimos 25 años. Donde más se
sintieron los aumentos fue en alimentos, medicamentos y los otros consumos
populares. Lo que hace un año y medio comprabas por 100 pesos, hoy necesitas
300 pesos o más. Así se pulverizó el poder de compra del salario, de las
jubilaciones, de los ingresos de los profesionales y de las clases medias.
Es necesario
declarar la emergencia alimentaria y farmacológica. Volver a aplicar
seriamente programas como Precios Cuidados, Ahora 12 y profundizar la intervención del
Estado a través de acciones y legislación que regulen la formación de precios
en las cadenas de valor, en particular para bienes esenciales, insumos
básicos y medicamentos. No puede permitirse que los precios sean altos para el
consumidor y las retribuciones ínfimas para los pequeños productores. Ante la
inacción del Gobierno de Cambiemos deben crearse órganos específicos en la
órbita del Poder Legislativo.
3.
Proteger la industria nacional.
Macri en diciembre de 2015: “Se
necesita un desarrollo industrial inteligente y sustentable".
La industria
argentina registró caídas por 15 meses consecutivos. El programa neoliberal
implementado por el Gobierno de Cambiemos puso en marcha, nuevamente, la
desindustrialización del país. La
pérdida en el poder adquisitivo derrumbó las ventas en sectores del comercio y
la industria dependientes del mercado interno. El Gobierno de
Cambiemos hizo un aumento irracional de las tarifas y subió la tasa de interés
para el financiamiento. Como si fuera poco, también abrió las importaciones. Por primera vez
desde 1975 cae el Producto Bruto Interno y aumentan las importaciones de bienes
de consumo, autentica inconsistencia macro-económica que revela la falta de
sustentabilidad de la política económica del Gobierno de Cambiemos. De esta
forma, se entrega el ya reducido mercado interno a las empresas extranjeras.
El plan de
apertura total e indiscriminada de la economía está en marcha. El pasado 17 de
marzo, el Gobierno
de Cambiemos entregó a la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) un “Plan de
Acción” por
el cual el Organismo Multilateral diseñará las políticas públicas de nuestro
país, como antes hacia el FMI. Obviamente, lo hará a favor de las grandes
corporaciones privadas multinacionales y en contra de nuestras Pymes y empresas
nacionales, porque además de comprometerse a que ingresen las importaciones,
fija un mecanismo de “solución de controversias” con instancias por fuera de la
legislación y los tribunales argentinos.
En el caso del acuerdo Unión
Europea-Mercosur la
situación no es mejor. Buscan que sea una plataforma para un acuerdo de libre
comercio con la Unión Europea, la que seguirá
protegiendo sus productos agropecuarios y nos obligará a abrir la importación
de productos industriales. Antes,
el Mercosur era un instrumento para la integración productiva de la región.
Ahora lo quieren convertir en una herramienta de desindustrialización
y reprimarización. El
Congreso de la Nación en virtud de facultades constitucionales propias (Art.75
inc.22) debe tomar urgente conocimiento e intervención de las tratativas,
protocolos, capítulos y toda documentación vinculada a la firma de estos
acuerdos y planes.
Es necesario que
el estímulo de la demanda se dirija a la producción local, a través de legislación para
una administración efectiva del comercio exterior. Se debe impulsar la
creación de nuevos instrumentos de crédito para el capital de trabajo del
sector productivo y comercial. Además, una nueva ley de compre nacional que
conceda, en la práctica, preferencias a nuestra industria para asegurar que la
demanda del Estado sea palanca del desarrollo económico.
4.
Poner fin al saqueo tarifario y defender a las empresas públicas nacionales.
Macri en julio de 2015: “YPF y
Aerolíneas seguirán en manos del Estado”.
Con este
Gobierno, YPF tuvo el primer resultado negativo en 20 años y se anunciaron más
de 2.000 despidos. Aerolíneas
Argentinas debe competir con compañías sin aviones, asociadas al Presidente y a
otros funcionarios del gobierno. Las empresas públicas están, como en los 90',
camino al vaciamiento. ARSAT no es una excepción: mientras el Gobierno
interrumpió la fabricación del tercer satélite que estaba ya encaminada,
intenta favorecer a empresas vinculadas a sus dirigentes. A su vez, las tarifas de los
servicios públicos tuvieron aumentos descomunales e innecesarios que no se
volcaron a la inversión para mejorar la calidad del servicio.
Es la política
neoliberal: como el capital privado maneja totalmente y sin control los
servicios públicos, las tarifas y precios tienen más en cuenta la rentabilidad
privada que su impacto sobre la vida de las familias y/o el proceso de
industrialización (tarifas muy altas destruyen la competitividad de nuestras
empresas).
Una de las
políticas que genera mayor igualdad, es el acceso a los servicios públicos. Algunos ejemplos:
El caso AYSA: solo
funcionó cuando fue estatizada y el Estado logró, mediante un proceso de
inversión, aumentar el acceso a los servicios de agua y cloaca. En menos de dos
años las inversiones cayeron y las tarifas aumentaron irracionalmente.
El caso Aerolíneas
Argentinas: el
Gobierno de Cambiemos hace que compita en términos desventajosos, ya que está
obligada a cubrir todo el país mientras que las empresas privadas solo eligen
los corredores más rentables. Más grave aún: los argentinos nos hemos enterado
que el Presidente y sus funcionarios estan vinculados con las empresas a las
que se adjudican las rutas aéreas. Todo ello va encaminado a provocar que
nuestra empresa de bandera pierda valor y luego, con el remanido argumento de
“pierde mucha plata”, la quieran privatizar.
El caso YPF: es similar al
anterior. Ha caído la inversión y la producción. El Gobierno de Cambiemos
declama la inversión extranjera en Vaca Muerta pero con pobres resultados.
Sería más coherente seguir fortaleciendo YPF con el petróleo convencional,
dados los precios actuales y su tendencia de mediano plazo.
Se impulsará
una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios
públicos, fijando valores razonables, equitativos y justos para las tarifas,
que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios.
Las empresas
con participación estatal mayoritaria deberán rendir cuenta de sus programas de
inversión y producción ante
el Congreso Nacional. El objetivo de los servicios públicos debe trascender la
mera rentabilidad de corto plazo y contribuir al crecimiento, la inclusión
social, el autoabastecimiento y la conectividad.
5.
Defensa del sistema de seguridad social y devolución de derechos a jubilados y
pensionados.
Macri en noviembre de 2015: “El
82% móvil es un compromiso asumido”.
Al igual que los
salarios, el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones -y de la mínima en
especial- han sufrido un gravísimo deterioro. Sin
embargo, en el caso de los adultos mayores el daño fue aún mayor porque el PAMI
disminuyó al mínimo sus prestaciones. El
Gobierno de Cambiemos empezó a administrar la obra social de los jubilados como
si fuera una empresa privada de medicina prepaga, sumando angustia y
preocupación a las familias argentinas.
No fue lo único.
Por Resolución de la ANSES, el Gobierno de Cambiemos quiso modificar la fórmula
de movilidad jubilatoria para "ahorrarse" 3.000 millones de pesos. La
“reparación histórica” resultó ser otra estafa: el número de beneficiarios
alcanzados no llega a un tercio de lo que se anunció y los montos pagados en la
mayoría de los casos son irrisorios.
El Gobierno de
Cambiemos dio de baja el plan de inclusión jubilatoria y cuando dijeron que
estaban implementando una Pensión Universal para Adultos Mayores, en realidad
estaban creando jubilados de segunda que cobrarán un 20% menos de la mínima.
Mientras tanto,
comenzaron a liquidar la plata de los jubilados que está en el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES vendiendo acciones, prestando a
empresas amigas y pasándole recursos al tesoro.
El Gobierno de
Cambiemos ya consiguió aprobar por ley ("reparación histórica") la
creación de una comisión de reforma del sistema jubilatorio. En la misma,
planean aumentar la edad de jubilación, eliminar la ley de movilidad y
endurecer las condiciones de acceso. Incluso se habla de volver parcialmente a
las AFJP como un sistema complementario.
Quieren reducir
el aporte patronal para que las empresas tengan más rentabilidad, reeditando
una receta aplicada en los años 90' que no generó ningún puesto de trabajo. En
aquella oportunidad esa medida solo sirvió para desfinanciar el sistema de
seguridad social, constituyendo una formidable transferencia de ingresos de los
asalariados al capital. Otra
vez ayudar a las empresas a costa de los trabajadores.
Esta segunda
fase del ajuste en
materia de seguridad social está siendo elaborada con un memorándum junto al
FMI.
En 2003, el
sistema jubilatorio era el 5% del Producto Bruto Interno que ascendía a 138.267
millones de dólares. Con las políticas llevadas adelante por los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner el sistema jubilatorio alcanzo el 10% del Producto
Bruto, que había crecido a 619.991 millones de dólares. El objetivo del actual
gobierno es reducirlo al 6% de un Producto en caída, para pagar la deuda que
ellos mismos contrajeron. En
el último año del Gobierno anterior, la jubilación mínima había alcanzado un
récord absoluto que constituyó un verdadero hito histórico: llegó a representar
el 81% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Es necesario
declarar la emergencia previsional con
aumentos en la jubilación mínima, la Asignación Universal por Hijo y Embarazo,
y recuperar programas de inclusión social como el Plan Progresar. Las
sentencias previsionales deben volver a pagarse sin descuento y se tiene que
restablecer la intangibilidad de los activos del FGS. Una nueva
legislación sobre PAMI que garantice la cobertura de medicamentos y
tratamientos a los jubilados y pensionados, es impostergable para llevar
tranquilidad a los hogares argentinos.
6.
Parar la bola de nieve del endeudamiento externo y la “bicicleta financiera”.
Revisar la deuda contraída.
Macri en diciembre 2015:
"Hay que endeudarse todo lo que podamos porque estamos construyendo a
futuro".
En menos de 2
años los argentinos debemos casi 100 mil millones de dólares más.
El Gobierno
de Cambiemos reanudo un nuevo y desenfrenado ciclo de endeudamiento externo. Los números son
terribles: el Gobierno colocó 97 mil millones de dólares, que significan más
del doble del endeudamiento engendrado por la última dictadura cívico-militar
en sus 7 años.
Emitió deuda en
títulos con jurisdicción extranjera y lo que es peor aún, cambió su
composición: duplicó la deuda externa en dólares con el sector privado,
llevandolá a 120 mil millones de dólares. Macri
batió un vergonzoso récord: con su Gobierno, Argentina fue el país emergente
que más se endeudó en los últimos 20 años.
Además, el
endeudamiento no se empleó para obra pública, inclusión social o expansión de
la capacidad exportadora. Al contrario: el Banco Central mantiene elevadísimas
tasas de interés con las LEBACS. Los dólares entran, se valorizan sin riesgo y
luego se fugan. El Gobierno de Cambiemos puso a rodar nuevamente en Argentina
la bicicleta financiera. Este
es el verdadero freno a la inversión: el
negocio financiero es más rentable que cualquier actividad productiva.
En la segunda fase del
ajuste, el Gobierno de Cambiemos ira por una mayor desregulación del
sistema financiero. De ese modo, los "capitales golondrina" gozaran
de las tasas mas altas del mundo, tendran ganacias enormes en un corto plazo y
podran fugarlas facilmente llevándose el esfuerzo de todos los argentinos.
Desde que
asumió el Gobierno de Cambiemos se han fugado la mitad de las reservas del
BCRA. Se
permitió la remisión de utilidades sin controles. Se liberó la compra de
dólares sin ningún tipo de limitación. Se amplió el plazo para ingresar divisas
de las exportaciones a 10 años. Y ahora mayores reformas aún: modificación de
la ley de mercado financiero a favor del capital.
El Congreso debe
sancionar normas regulatorias que impidan que la Argentina se convierta en el
país donde se realiza la mayor actividad de “carry trade” (bicicleta
financiera) a nivel global, y que permitan retomar
políticas monetarias que alienten la inversión productiva.
Asimismo el Congreso de la
Nación, en ejercicio de facultades constitucionales propias deberá revisar la
deuda contraída por el Gobierno, con el objetivo de verificar si el endeudamiento
fue utilizado para sostener operaciones especulativas y de fuga de capitales.
El Congreso
debe evitar todo intento de ingresar al programa del FMI. Con los niveles
descontrolados de crecimiento de la deuda será cada vez más difícil y más caro
utilizar el acceso a los mercados internacionales de crédito. Al mismo tiempo
el déficit fiscal se tornó insostenible y no se puede revertir con políticas
“pro-mercado” que destruyen la actividad económica interna.
Por lo tanto, la
consecuencia inevitable es que el déficit fiscal aumente también en los
gobiernos provinciales y municipales. Esto se ve agravado por resultados de
crecimiento negativo, persistente inflación y contracción del empleo.
La política
elegida mantiene bajo el tipo de cambio en forma artificial. Aunque el Gobierno
de Cambiemos intente hacer creer que el precio del dólar es “libre”, sólo la
cantidad de dólares especulativos que ingresan a la "bicicleta
financiera" son los que determinan el precio de la divisa estadounidense.
Por esta situación, no sólo no pueden bajar la tasa de interés, sino que además
impiden el crecimiento de la producción y el consumo.
El descalabro
macroeconómico no puede ser resuelto dentro del marco del modelo que propone el
Gobierno de Cambiemos. La
fragilidad nos conduce hacia una situación de falta de financiamiento y
devaluación explosiva.
A partir del
próximo año veremos una mayor injerencia del FMI en el manejo de la economía
del país. El
primer experimento fue la modificación de facto del aumento en jubilaciones.
Con este
panorama, el Gobierno de Cambiemos va a necesitar un crédito del FMI que vendrá
con las recetas y "condicionalidades" de siempre: Megadevaluaciónes,
caída del salario real, ajuste fiscal, privatizaciones, apertura a más
importaciones, reforma a la baja del sistema de jubilaciones pensiones.
Lo más
paradójico de esa etapa: el
Fondo va a “obligar” al gobierno a hacer lo que realmente quiere hacer.
7.
Oxígeno a las economías regionales y a los pequeños y medianos productores
agropecuarios.
Macri en septiembre de 2015:
“Vamos a mejorar las economías regionales”.
El Gobierno de
Cambiemos devaluó un 60% la moneda y quitó las retenciones a la mayoría de los
productos regionales. Sin embargo, casi
todas las provincias están en situación de emergencia productiva: leche, yerba,
vino, madera, cítricos, peras y manzanas, hortalizas, porcinos y aves. El
aumento del costo de insumos, fletes y tarifas, junto con la depresión del
mercado interno y la apertura de importaciones en algunas actividades,
arruinaron la rentabilidad del productor.
Las únicas
beneficiadas fueron las grandes explotaciones de la zona núcleo, los
intermediarios y los exportadores. Esta combinación hizo que ni siquiera se
favorecieran los pequeños productores de granos. Es el modelo neoliberal de
concentración productiva y espacial de las ganancias, aplicado al sector
agropecuario.
Los reclamos
tipo “verdurazo” que vienen sucediendo, reflejan el daño que estan sufriendo no
sólo las provincias y sus economías regionales, sino también la agricultura
familiar y periurbana.
En igual
sentido, lo que está ocurriendo con SanCor es sólo la punta del iceberg. Una
empresa tradicional y emblemática en la mesa de los argentinos está a punto de
desaparecer y el Gobierno de Cambiemos solo atina a decir que la vendan o se
endeuden.
Es necesario aplicar un
subsidio de emergencia dirigido directamente a los pequeños y medianos
productores agropecuarios, para evitar intermediarios y asegurar el arraigo
rural. Debe
facilitarse el acceso al crédito en condiciones ventajosas para los pequeños y
medianos productores de las economías regionales. Es fundamental sancionar marcos
regulatorios que permitan la intervención inteligente del Estado e implementar las
leyes existentes para la agricultura familiar y solidaria, que aseguren el
acceso al uso de las tierras suburbanas.
A su vez es
necesaria legislación sobre consumo próximo, no sólo para que actúe como
incentivo a las economías regionales que no encuentran mercados en el exterior
debido a la crisis internacional, sino que además contribuya a un
aprovechamiento racional de nuestros alimentos, mejorando calidad y precio.
8.
Justa y transparente distribución de los recursos a las Provincias, que asegure
federalismo y autonomía.
Macri en octubre de
2015:"Quiero asumir el compromiso de trabajar para una argentina federal,
acabando con la discriminación de años".
Por decreto,
Macri anuló el incremento del 15% en la coparticipación que, siguiendo el fallo
de la Corte Suprema, la Presidenta Cristina Kirchner había restituido a las
Provincias. Luego aumentó arbitrariamente la coparticipación para la Ciudad de
Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, de 1,40% a 3,75%.
La reducción de
los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, la devolución del IVA
a los jubilados y la baja de retenciones se hicieron a expensas de los recursos
de las Provincias. Es por eso que, con
una inflación del 41% la Coparticipación creció en promedio sólo 28%. Mientras tanto, la recesión
deteriora la recaudación de los impuestos locales, la política neoliberal funde
a las provincias y el Gobierno de Cambiemos sólo refuerza las partidas de los
gobernadores aliados, como método electoral y/o extorsivo.
La reforma
tributaria que promueve el Gobierno de Cambiemos ha comenzado con un sentido totalmente
regresivo y apunta a cambios más drásticos aún. Pretenden bajar el IVA cuando,
de acuerdo a la experiencia del 2002, es sabido que esa medida no baja los
precios y solo aumenta las ganancias de las empresas a costa de los
consumidores.
Además, quieren
que las provincias eliminen ingresos brutos para terminar de desfinanciarlas
completamente. En síntesis: La
estrategia es avanzar sobre las autonomías provinciales.
El Gobierno
de Cambiemos pretende actuar como una suerte de FMI para las provincias, imponiendo
condicionalidades para el “auxilio” financiero.
Argentina
necesita un nuevo acuerdo federal para distribuir recursos. Deben restituirse
los recursos sustraídos a las provincias y someter a la decisión del Congreso
Nacional la distribución territorial de los programas nacionales en todas las
áreas.
9.
Algo más que corrupción: ARGENTINA S.A.
Macri en diciembre de 2015:
“Vamos a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de
los ciudadanos y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en
beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier
partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que
señala la ley”.
Desde la
asunción del Gobierno de Cambiemos, pese a la cobertura mediática y judicial,
se han conocido los más escandalosos casos de corrupción que involucran al
Presidente de la Nación, sus funcionarios, parientes y amigos. Muchos de esos
casos tuvieron su origen en investigaciones globales ajenas a sectores o
intereses de actuación local.
Entre los más
resonantes se encuentran:
- Los Panamá
Papers que revelaron la existencia de más de 50 empresas del grupo Macri
ocultas en paraísos fiscales y, que a diferencia de lo ocurrido en nuestro
país, provocaron en el mundo renuncias de Primeros Ministros y Funcionarios de
alto nivel en gobiernos extranjeros.
- Las coimas de
Odebrecht y la conexión con el Lava Jato. Están involucrados Gustavo Arribas,
titular de la AFI, y Angelo Calcaterra, primo del Presidente, propietario de la
empresa IECSA y principal socio argentino de Odebrecht en la mega-obra del
soterramiento del ferrocarril Sarmiento y en los gasoductos de Córdoba.
- Las ganancias
de los funcionarios con la manipulación del dólar futuro.
- La condonación
de la deuda del Correo Argentino para empresas de la familia presidencial.
- El blanqueo de
capitales extendido por decreto a familiares y amigos.
- Las
autorizaciones para operar rutas aéreas a Avianca y Flybondi, pertenecientes a
funcionarios y socios del Presidente.
- Las
licitaciones en el sector energético digitadas por el Ministerio de Energía a
cargo de un ex-CEO y accionista de Shell.
- La designación
en puestos claves del Estado, de integrantes de familias que controlan empresas
comercializadoras de alimentos y medicamentos, rubros del consumo popular en
los que se han registrado los mayores aumentos de precios.
- Los amigos y
socios del Presidente en empresas prestadoras de servicios públicos
beneficiadas por los aumentos irracionales de tarifas.
Estos casos son
mucho más que hechos de corrupción de funcionarios públicos de un Gobierno.
Revelan una matriz de apropiación de los recursos del Estado inédita en la
historia Argentina. Un plan sistemático de un Grupo económico que encaramandose
en el Estado lo utiliza como plataforma local y global de sus negocios:
Argentina S.A. y ellos sus dueños.
Es necesaria una
ley de incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, asi como también
otra que prohíba
ejercer la función pública a todos aquellos que tengan cuentas o empresas en
guaridas fiscales. Debe
incluirse, la creación de una Comisión
Bicameral que tenga el contralor de las incompatibilidades de todos los
funcionarios. Se
revisará el origen de los fondos del blanqueo que no hayan sido
repatriados, como así también la inclusión por afuera de la ley de parientes,
familiares y amigos.
10.
Mujer. Iguales y Vivas.
Macri en abril de 2014: "A
todas las mujeres les gustan los piropos, aunque les digan qué lindo culo
tenés".
Al realizar un
análisis del mercado laboral en términos de género, de acuerdo a datos de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina
muestra una participación de la mujer por debajo del promedio mundial y por debajo de las
regiones más industrializadas, al tiempo que se observa una importante brecha
salarial entre hombres y mujeres que realizan las mismas tareas.
Por
consiguiente, se hace necesario reformar
la legislación laboral, especialmente en igualdad salarial y la extensión de
las licencias parentales, que lleven a una rápida y sostenida reducción de
la brecha en la tasa de participación económica de hombres y mujeres en el
mercado de trabajo y equipare los salarios.
La violencia
contra la mujer ha crecido exponencialmente. Los femicidios se han multiplicado
dolorosamente. La violencia física siempre es precedida por violencia simbólica
y verbal. El Gobierno de Cambiemos ha desmantelado y/o desfinanciado todas las
áreas vinculadas a las políticas de género. Resulta imprescindible no solo
creación de organismos públicos no gubernamentales sino también legislación
urgente en materia de violencia simbólica y verbal sobre la mujer, que sea
complementaria a la Ley de Protección Integral de las Mujeres sancionada en el
año 2009.
Creación de
una Comisión Bicameral de seguimiento y adecuación del sistema judicial y de
seguridad argentino que hagan institucionalmente efectivas las políticas de
igualdad de género, incorporando las estadísticas como elemento de diagnostico
y eficacia.
11.
Derechos Humanos. Argentina sin presos políticos y sin genocidas libres.
Macri en diciembre de 2014:
"Conmigo se acaban los curros en derechos humanos."
A partir del
año 2003 Argentina se convirtió en un ejemplo universal de la política de
Memoria, Verdad y Justicia que
desde la segunda guerra mundial fue uno de los ejes de ciudadanía universal.
Por su parte las organizaciones argentinas de Derechos Humanos, pilares de esa
lucha, se constituyeron en un modelo de participación ciudadana del Estado de
Derecho.
Sin embargo, en
esta materia el Gobierno de Cambiemos se ha caracterizado por el negacionismo
planificado, permanente y sistemático:
- Las
manifestaciones del Presidente de la Nación o las del Ministro de Cultura
porteño (hoy agregado cultural en la Embajada argentina en Alemania) - "no
hubo 30 mil desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada"-
resultan aún más patéticas frente al reconocimiento realizado por la Canciller
de Alemania en su visita a la Argentina durante este año.
- El
desmantelamiento de distintas áreas de Derechos Humanos del Estado
- Falta de
seguimiento de las causas de Derechos Humanos
- Reuniones de
Ministros con con personajes emblemáticos del negacionismo del Terrorismo de
Estado
- Y el más
grave: el fallo del "2X1" impulsado por el Gobierno de Cambiemos y
firmado por los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
Macri intentó designar por decreto en el más alto tribunal del país
Son sólo algunos
de los hechos que revelan el negacionismo del Gobierno de Cambiemos
En este
marco, la liberación de Milagro Sala, sus compañeras y compañeros,
significa restaurar en la Argentina la vigencia irrestricta de las garantías
constitucionales y los tratados en materia de Derechos Humanos incorporados en
1994 a nuestra Carta Magna.
Se deben
sancionar herramientas legislativas que
tomen como punto de partida las acciones, resoluciones e iniciativas adoptadas
por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de Naciones Unidas
en sus visitas al país, con motivo de la privación ilegal de la libertad de la
dirigente social jujeña, sus compañeras y compañeros.
Es necesario
crear por ley una comisión bicameral de seguimiento de los juicios de lesa
humanidad, con el objetivo de no retroceder en el juzgamiento y
cumplimiento de las condenas en causas por dichos crímenes y avanzar en todas
aquellas que aún están en proceso.
A su vez,
debe sancionarse el digesto único en materia de Derechos Humanos para dar
coherencia y consolidar la legislación en la materia.
12.
Seguridad ciudadana, inclusión social y organización institucional.
Macri en noviembre de 2015:
"Voy a declarar la emergencia nacional en materia de seguridad. Ni un sólo
barrio sin la presencia permanente del Estado."
La
inseguridad ha crecido de manera exponencial y han reaparecido modalidades,
como las de las bandas de secuestradores, que habían sido eficazmente
erradicadas en la década pasada.
Robos,
secuestros express, arrebatos, entraderas, son solo algunos de los delitos que
hoy no están en los medios de comunicación, pero que están convirtiendo la vida
cotidiana de la ciudadanía en una verdadera odisea.
El
agravamiento de la situación económica y social que se traduce, entre
otras cosas, en desocupación -especialmente entre los jóvenes- y en familias
enteras en situación de calle, esta vinculado directamente a este intenso
recrudecimiento de la violencia urbana.
La situación
institucional e interna de las fuerzas de seguridad, especialmente las
policiales, constituye un elemento más que agrava el cuadro de inseguridad. La elaboración de
una nueva “Ley Orgánica de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad del
Estado Nacional”, resulta imprescindible para actualizar el marco normativo
del Sistema de Seguridad Pública. Además, se deberá elaborar una ley-convenio de
coordinación de las Fuerzas de Seguridad Federales con las Provinciales,
articulación imprescindible e impostergable para un efectivo combate contra el
delito.
La sanción de
una Ley de seguridad democrática, como complementaria o modificatoria de la
ley de Seguridad Interior (24.059), se hace necesaria para profundizar y
ampliar las disposiciones legales sobre seguridad pública y democracia de
nuestro sistema normativo, garantizando la gobernabilidad política de la
seguridad y su fortalecimiento institucional.
13.
El Estado para equilibrar la balanza entre sociedad y mercado.
Macri en abril de 2017:
"Tenemos que dejar de lado la intervención nociva que ha tenido la
política, de transformar el Estado en un aguantadero”.
Uno de los
caballitos de batalla del Gobierno de Cambiemos es la transformación de un Estado
supuestamente elefanteásico, pesado, burocrático e ineficiente, en un
"Estado moderno, eficiente, cercano y federal". Sin embargo, por
detrás de estas palabras no hay otra cosa más que aquella triste frase:
"achicar el Estado es agrandar la nación".
Desde ese punto
de vista, el Estado sólo tiene que limitarse a proporcionar a la ciudadanía
determinados servicios básicos como seguridad y justicia, y retirarse
paulatinamente del resto de sus obligaciones para dejarlas en manos del sector
privado.
Eso es lo que el
Gobierno de Cambiemos ha venido haciendo en las áreas de educación, cultura,
salud, ciencia y tecnología. El
techo a las paritarias de docentes y médicos, el ajuste del presupuesto en
ciencia y tecnología y los cambios en el INCAA, que provocan la caída de una
industria de alto valor agregado como la cultural, son solo algunas de las más
simbólicas expresiones de esta política de retiro paulatino del Estado.
Sin embargo, y
pese al discurso de reducción del gasto del Estado, crecieron un 25% los empleos
jerárquicos de funcionarios del Gobierno de Cambiemos, como así también sus
salarios. A su vez pretenden aplicar un sistema de “administración privada de
instituciones públicas” para escuelas, cárceles y hospitales. Es una de las
formas más perversas de cambiar el rol de estado, porque los recursos siguen
siendo públicos pero se asignan sin criterios de equidad.
Muy lejos de
esto, lo que en realidad se necesita es tener un Estado inteligente
y presente con instrumentos normativos que garanticen a la sociedad el acceso a
derechos humanos, tales como la educación, la cultura, la salud y la ciencia.Para
ello es necesario retomar una política de mejoras salariales paulatinas y de
mejora presupuestaria en salud y educación pública, resguardando los intereses
de los más necesitados.
En materia de
ciencia y tecnología, más allá de retomar el sendero de mejora en la
participación de las actividades científicas, tecnológicas y de educación
superior en el presupuesto nacional, el
Estado debe necesariamente cumplir un rol indelegable como promotor de grandes
proyectos de desarrollo tecnológico a partir de sus definiciones estratégicas y
su poder de compra, tales como el desarrollo satelital, la radarización, el
desarrollo de la energía nuclear, la exploración y explotación de combustibles
fósiles y la mejora de los servicios públicos en general y de los transportes
en particular (transporte aéreo, ferrocarriles).
Además, sostener
la actividad cultural no solo es una cuestión económica, por los puestos de
trabajo calificado que genera, sino que además tributa a la construcción de
soberanía de un país. Hollywood podría servirles de ejemplo a los que tanto
miran al norte sólo para imitar estilos de vida.
14.
Protección de los recursos naturales.
Macri en abril de 2017:
"Por eso resolvimos el tema del mercado de cambios para que aquellos que
vengan a invertir a nuestro país, sepan que se pueden llevar el dinero cuando
lo decidan".
Las
"inversiones" extranjeras o nacionales que el Gobierno de Cambiemos
dice esperar, abarcan aquellas que implican la entrega y apropiación privada de
nuestros recursos naturales estratégicos.
El caso Lewis en
el Lago Escondido de nuestra Patagonia es un ejemplo claro y concreto. Vaca
muerta también es un ejemplo en este sentido.
Eso quiere decir
que las eventuales inversiones que vengan, no sólo no generaran empleo nuevo,
sino que además provocaran grandes salidas de divisas por remisión de
utilidades de empresas extranjeras.
Resulta
indispensable una ley-convenio de orden público entre Nación y Provincias en
materia de preservación de patrimonio de recursos naturales.
15.
Integración regional productiva para defender la soberanía
Macri en diciembre de 2015: “…y
si nos proponemos avanzar juntos, podremos llevar al Mercosur al siglo XXI.”
Apenas asumió,
el Gobierno de Cambiemos comenzó a proponer, en las distintas instancias del
Mercosur, la necesidad de "flexibilizar" el acuerdo para celebrar
tratados de libre comercio con potencias industriales mundiales como EE.UU. (en
el marco del Acuerdo Transpacífico), la Unión Europea, Japón y Canadá, entre
otros.
Al mismo tiempo,
en la arena diplomática, comenzó a lanzar un furibundo ataque hacia el resto de
los gobiernos populares de la región, no condeno el golpe judicial en Brasil a
Dilma Rousseff y reconoció inmediatamente el Gobierno corrupto y golpista de
Temer.
Sin embargo,
no podemos dejar de reconocer que unos de los déficit más importantes de los gobiernos
nacionales, populares y democráticos de la región, fue no lograr una
integración económica de magnitud similar a la que se alcanzó en el campo de la
política.
Un capítulo
especial merece la Cuestión
Malvinas. El Gobierno de Cambiemos está llevando a una desmalvinización a
través de su política exterior que implica cada vez mayores niveles de entrega
de soberanía, en el discurso y en los hechos.
En ese sentido
va el reconocimiento de la explotación de recursos naturales en nuestras islas
por parte del Reino Unido, la menor intensidad en los reclamos y la poca
atención a la pérdida de cohesión no sólo de los paises latinoamericanos que
históricamente nos han acompañado, sino también de los anglo y francoparlantes
del Caribe que se sumaron al apoyo de la Causa Malvinas, durante le última
década.
Es estratégico
entonces, avanzar en un verdadero proyecto de integración a escala regional.
Fortalecer los acuerdos con nuestros países vecinos y principales socios
económicos es lo que se necesita en este momento, en el que los países
desarrollados cierran sus mercados y vuelcan sus excedentes de producción al
mundo a precios de regalo.
El Mercosur
debe generar un amplio consenso a favor de un modelo productivo basado en la
industrialización y la mejora de los salarios en todos los países de la región.
Sin estas
coincidencias programáticas básicas, será imposible avanzar en un Mercosur que
profundice una integración donde priorice
"lo productivo" por sobre "lo comercial". Para ello, se debe dejar de
lado el "regionalismo abierto" y transformar al Mercosur en un único
mercado con comercio administrado que asegure el mercado interno ampliado a los
productores locales, para avanzar en la industrialización, la generación de
empleo y la mejora de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
El
fortalecimiento de la región es, además, presupuesto básico en la defensa de
nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas.
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