Osvaldo Riganti—
El 28 de julio se han cumplido 60 años
de las elecciones para una convención reformadora de la Constitución.
La dictadura de Aramburu, mediante un
bando militar en abril de 1956, decretó la vigencia de la Constitución de 1853
con sus posteriores reformas, excluyendo las de 1949. Los juristas liberales
Juan González Calderón, Segundo Linares Quintana, Sebastián Soler y Germán Bidart junto a socialistas como Sánchez
Viamonte dieron sustento jurídico al proceder de la tiranía. El gobierno quería
conocer la relación de fuerzas entre los partidos.
Perón escribía a Cooke: “Con referencia
a las elecciones de constituyentes, nosotros debemos hacer allí un acto más de
resistencia, tratando de que no se realicen o en su defecto haciendo cualquier
cosa para que no sirvan de nada. Hay que decir a la gente que su voto no debe
valer, que no voten o busquen la manera de anularlo escribiendo ‘Asesinos’ o lo
que se les ocurra”.
Cooke previno a Perón que si la gente no
concurría al comicio podía sufrir sanciones y/o persecuciones. Entonces el
líder ofreció desde el exilio una triple alternativa: no votar, votar en blanco
o anular el voto con la palabra “asesinos”.
Desde la revista “Qué” Arturo Jauretche
y Raúl Scalabrini Ortiz (dos intelectuales prestigiosos) llevaban adelante la
posición de no votar en blanco,
entendiendo que ello favorecería el avance de la Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín,
más comprometida esos años con el gobierno “gorila” que la Unión Cívica Radical
Intransigente de Frondizi. El conservador popular Solano Lima (que se acercaba
progresivamente a Perón) adhirió al voto en blanco.
En definitiva el votoblanquismo reunió
la mayor cantidad de votos: 2.115.861 (alrededor del 25%). La UCRP 2.106.524
(poco más del 24%) y la UCRI 1.847.603
(21%).
La UCRI se acercó llamativamente a la
entonces más fortalecida UCRP por sus manifestaciones en pos de la legalización
del peronismo, las críticas a la política económica y social y su propósito de
sabotear la convocatoria por proscriptiva, al impedir la participación del
partido mayoritario.
Pero el electorado más ortodoxamente
peronista se volcó mayoritariamente por votar en blanco.
Llegada la Convención Constituyente
los sabattinistas —sub bloque minoritario dentro de los radicales del
Pueblo— obtuvieron la presidencia de la
Asamblea al ser nombrado Ignacio Palacios Hidalgo (presidente de la UCRP de
Córdoba).
La discusión de los derechos sociales
insumió largas horas, teniendo la misión informativa el socialista Alfredo Palacios
y la comunista Irma Othar.
Oscar Alende (presidente del bloque
radical intransigente) expresó: “No estamos sentados aquí en calidad de
constituyentes sino como simples ciudadanos que niegan validez a esta Convención
Constituyente”
El bloque radical intransigente impugnó la
legitimidad de la reunión y abandonó el recinto, en medio de un áspero cruce de
palabras entre Oscar Alende y Alfredo Palacios.
El cuerpo, que había empezado a sesionar
el 30 de agosto de 1957, se disolvió por falta de quórum el 25 de octubre, justo
cuando se iba a votar un artículo igual al 40 de la de 1949 y oficialmente finalizó
su cometido el 14 de noviembre, declarando nulas las reformas peronistas de
1949. Agregó un artículo sobre derechos sociales, incorporados como 14 bis al
artículo 14 de la Constitución. El 14 bis imponía la protección al trabajo,
seguridad a los gremios y protección a la familia del trabajador.
El cuerpo declaró vigente la
Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898.
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