A 40 años del último golpe de Estado

Mauricio Epsztejn—

El próximo 24 de marzo se espera una gran movilización popular hacia las principales plazas del país porque se cumplirán 40 años desde la instauración de la dictadura más terrorista de la historia nacional, que sembró la patria con decenas de miles de asesinados, desaparecidos, encarcelados, torturados, exiliados y niños apropiados, un régimen a través del cual los sectores económicos dominantes ejecutaron e impusieron un rediseño al servicio de sus mezquinos intereses. Los sobrevivientes de aquella tragedia y los contemporáneos que no la pasaron tan dura, pero que también sufrieron sus consecuencias, muchas de las cuales aún perduran, tenemos la obligación histórica de no olvidar, de seguir bregando para que se vaya a fondo en el esclarecimiento de las causas que permitieron aquella tragedia, junto a que se juzgue y castigue hasta el último responsable, no sólo a los ejecutores directos del genocidio, sino a los civiles, a los empresarios, jueces y curas, instigadores, ideólogos, organizadores y usufructuarios del terrorismo de Estado, gestado y operado ya antes del 24 de marzo de 1976 y que no terminó el 10 de diciembre de 1983, porque los principales capitostes y grupos económicos involucrados aún no han sido juzgados, siguen impunes y haciendo negocios con lo rapiñado durante aquellos años al amparo de un sector del Poder Judicial cómplice y con fuerte respaldo económico y mediático, que aún le permite a algunos circular como Pancho por su casa por los pasillos y salones del poder político. Un ejemplo elocuente es el tiempo transcurrido a través de los vericuetos tribunalicios por las causas contra Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma o contra los directivos de Ford y Mercedes Benz y lo mismo ocurre en el caso de Clarín y La Nación… y la lista sigue.

Por eso es preocupante el reciente desmantelamiento llevado a cabo por el gobierno de Macri de los equipos que desde la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central investigaban los ilícitos económicos ocurridos durante la dictadura, cuyo trabajo permitió revelar el involucramiento directo de funcionarios de esas dependencias que actuaron junto a los torturadores, para desapoderar de sus propiedades a numerosos empresarios. El caso más conocido, sin ser de lejos el único, es el de Papel Prensa, propiedad de la familia Graiver, a través de los cuales Clarín y La Nación obtuvieron el monopolio en la producción del papel para diarios, un modus operandi que se repitió con alrededor de 600 más.

La misma cantinela

Lo llamativo es que 40 años después se vuelven a escuchar desde un gobierno, esta vez elegido por el voto ciudadano, conceptos y hasta palabras similares a los que en aquella época usaban Martínez de Hoz y sus secuaces: “contra el intervencionismo estatal agobiante, para liberar las fuerzas productivas” ó “achicar el Estado para agrandar la Nación”.

Sin embargo, desde 1983, con avances y retrocesos parciales, la democracia argentina ha dado pasos gigantescos y ese es un mérito atribuible sobre todo a los organismos de derechos humanos que con perseverancia y tesón ayudaron a avanzar la conciencia social sobre lo imprescindible que es defender y ampliar los derechos humanos y la democracia y al gobierno de los Kirchner que le prestaron oídos e imprescindible apoyo. Es una tarea que no sólo nos compete a todos, sino que es el único camino seguro, menos doloroso, más eficaz y económico para impulsar el progreso del pueblo.

Por eso es saludable la reacción indignada de diversos sectores ante las palabras de un funcionario macrista, el sushi Lo Pérfido o la resucitada Fernández Meijide, una veterana peregrina al santuario de Davos, que redujeron el drama de los desaparecidos a un mezquino tema estadístico.

Hace 40 años, el rediseño dictatorial del país sólo fue posible con ríos de sangre, una etapa que añoran los nostálgicos de “La Nación” que piden la libertad de “los pobres ancianos” que purgan en la cárcel las penas por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

Hoy, la madurez de gran parte de la sociedad hace difícil que los grupos económicamente dominantes puedan repetir en Argentina exactamente aquella experiencia macabra y sólo lograrán aplicar los planes de reimplantar el dominio absoluto del capital financiero si desarticulan o, en última instancia, aplastan cualquier conato de resistencia. Por ahora pudieron pegar algunos zarpazos gracias al blindaje mediático y financiero y la complicidad o ceguera de cierta dirigencia política y sindical. Por ahora pudieron. Pero, por si ese mecanismo no les alcanza para frenar la protesta callejera, la ministra Bullrich ya presentó su protocolo represivo donde anuncia que tiene en el arcón otro blindaje de reemplazo: el de los palos y balas. Y si el movimiento democrático no los frena, quienes quieren retroceder en el túnel del tiempo podrían apelar a la violencia extrema, cuya brutalidad ya aplicaron recientemente contra obreros y expresiones de la cultura popular como a la murga infantil del Bajo Flores o aplicando la cárcel, que ya sufren Milagro Sala y otros dirigentes sociales. Es decir, palos, balas y cárcel.

No es casualidad que sea la ministra Patricia Bullrich la encargada de aplicar esa política y comandar la violencia contra las previsibles protestas. Es la misma que siendo ministra de trabajo de la Alianza —“la piba”, según la bautizó Hugo Moyano, hoy aliado de Macri—, le bajó un 13% del sueldo a los estatales y jubilados.

Ampliar la democracia

De todos modos, en este continente todavía la democracia no está totalmente consolidada. La acecha una alianza restauradora de enemigos externos e internos, capitaneada por un comando unificado de trasnacionales y capital financiero internacional. El único medio de enfrentar a esa coalición es oponerle la guardia alerta del pueblo organizado y ampliar la democracia participativa en todos los ámbitos del Estado, como hasta ahora nunca se hizo, tanto en la gestación de las iniciativas que la realidad imponga, como en la gestión y control sobre la ejecución de las ya existentes. Para eso hace falta poner en acto, instrumentar, instituciones que la Constitución Nacional vigente ya prevé y hasta que ahora sólo existen de modo declarativo, como horizonte de buenas intenciones para tranquilizar cándidas conciencias generosas. Impulsarla es una obligación del campo nacional y popular, esté en el gobierno o sea oposición.

Por eso, este 24 de marzo el mandato histórico de memoria, verdad y justicia, sigue más vigente que nunca y cobra una relevancia especial en función de obturar los intentos de retorno a un pasado ya sufrido. En ese marco, el debate público sobre la ampliación de la democracia es algo que el campo nacional, popular y democrático aún se debe y lo tiene que incorporar a su agenda porque, en opinión de este columnista, eso explica buena parte de las recientes derrotas electorales.