Mauricio Epsztejn—
En Libertador General San Martín-Jujuy |
El reciente 3 de junio, la Plaza del Congreso en Buenos
Aires y unas 80 más de otras tantas ciudades y pueblos a lo largo y ancho del
país se transformaron en caja de resonancia de un clamor que lo atravesó y se
replicó por el mundo con reclamos similares, junto a los propios de cada nación,
cuyo contenido universal resume la consigna convocante.
El “Ni una menos”
significa un nunca más una mujer
asesinada, torturada, vejada, humillada, en el seno de una sociedad universal
que aún porta la cultura machista como estigma, al margen de los regímenes políticos
o económicos imperantes en sus respectivos territorios.
El reclamo de “Ni una
menos” exterioriza el nivel de conciencia alcanzado por nuestra sociedad,
particularmente por las propias mujeres, que empiezan a decir basta, hasta aquí
llegamos, a una invisibilizada historia de asesinatos, vejámenes y sometimientos.
A partir de esa fecha, la fuerza de quienes libran la pelea por igualar a
hombres y mujeres en todos los campos y sentidos parece haber dado un fenomenal
salto de calidad hacia adelante ante la consideración pública y privada, en
lugar seguir tratando a unos como privilegiados protagonistas mientras las
otras son relegadas al rol de herramientas descartables, sujetas al humor
cambiante de su dueño,. Y si ese reclamo y esa conciencia fue capaz de convocar
una manifestación transversal de tamaña magnitud, que reunió bajo la misma
consigna a decenas de miles de personas por encima de edades, condición social,
banderías partidarias o contingencias electorales, incluso más allá a nuestras
fronteras, habla muy bien de nosotros, de los argentinos, particularmente de
las mujeres.En Buenos Aires- Frente al Congreso de la Nación |
También es necesario destacar que si la iniciativa impulsada
inicialmente por un grupo de periodistas y artistas alcanzó tal envergadura se
debió a que la convocatoria representó el elemento aglutinante y motorizador que
faltaba para visibilizar la magnitud del problema y la necesidad de que la
sociedad en su conjunto, con sus instituciones estatales al frente, se haga
cargo de terminar con ese flagelo.
La envergadura de las movilizaciones profundizó la erosión
de los argumentos que justifican la violencia machista como respuesta a supuestas
provocaciones o agresiones femeninas. Empezó el derrumbe del “ella tiene la
culpa porque no me hace caso”, “usa ropa provocativa”, “mirá como se pinta”,
“si parece una puta”; y hay más, al estilo “este trabajo es (o no es) para
hombres”, referido a oficios, profesiones y funciones o tareas domésticas. El
machismo, una de cuyas manifestaciones extremas es la violencia física,
incluido el asesinato de mujeres, tiene raíces profundas que hasta son
naturalizadas por amplios sectores femeninos y atraviesa todas las clases y
grupos sociales. Hay múltiples razones que permiten explicar el arraigo y la
persistencia de tales conductas e ideas, pero abordarlas en profundidad escapa
a las posibilidades de esta nota y a la capacidad de quien la escribe. Sólo
cabe señalar que, entre otros, incluye motivos económicos, influencias
religiosas, tradiciones y desarrollos culturales. Sin embargo, en nuestro país,
en el marco general de la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos, no
es casual que esta cuestión empiece a ocupar un lugar trascendente en la agenda
pública y que el enérgico reclamo de soluciones sobre cuestiones que no admiten
dilación y pueden evitar en lo inmediato la reiteración de los dramas conocidos,
requiera una atención inmediata. Sin embargo, sería un error circunscribirlo a
un tema de seguridad, policial —aunque este sea insoslayable y urgente —,
porque lo policial no agota ni resuelve una cuestión que tiene raíces
culturales, sociales y económicas más profundas.
En Ushuaia-Tierra del Fuego |
Las movilizaciones del 3 de junio fueron un acontecimiento
que pueden marcar un punto de inflexión en todos esos aspectos. Decimos que
pueden, porque el asesinato de la adolecente de 14 años que fue la gota que
rebalsó el vaso y motivó la convocatoria a esta marcha, no fue el único ni el
más truculento de tales episodios. Lo precedieron muchos otros que la sociedad
venía sufriendo casi como una fatalidad natural a la que era necesario
acostumbrarse y aceptar porque no se le podría poner freno. De allí que el
desafío que afrontamos como comunidad, en especial las mujeres y sus
organizaciones, es que movilizaciones como la del 3 de junio y el reclamo de “Ni una menos”, no deben agotarse en si
mismas o aplastadas por el papeleo burocrático, sino seguir extendiéndose y
actuando, aunque no siempre sea en la plaza pública, para lograr que el reclamo
se transforme en políticas estatales y culturales permanentes y sostenidas. No
hay mejor garantía para que el “Ni una
menos” se pueda convertir en Ni una más.
Documento leído frente al congreso durante la marcha “Ni una menos” el 3 de junio de 2015
I
En 2008 mataron una mujer cada 40 horas; en 2014, cada 30.
En esos 7 años, los medios
publicaron noticias sobre 1.808 femicidios. ¿Cuántas mujeres
murieron asesinadas
sólo por ser mujeres en 2015? No lo sabemos. Pero sí sabemos
que tenemos que
decir basta. En estos años, los femicidios dejaron cerca de
1500 niñas y niños huérfanos
y algunos de ellos están obligados a convivir con los
asesinos. El problema es
de todos y de todas. La solución hay que construirla en
conjunto. Necesitamos sumar
compromisos para cambiar una cultura que tiende a pensar a
la mujer como objeto de
consumo y descarte y no como una persona autónoma.
El femicidio es la forma más extrema de esa violencia y
atraviesa todas las clases sociales,
credos e ideologías: Pero la palabra “femicidio” es, además,
una categoría política,
es la palabra que denuncia el modo en que la sociedad vuelve
natural algo que no lo es:
la violencia machista. Y la violencia machista es un tema de
Derechos Humanos.
Hablamos entonces de una cultura de la violencia contra las
mujeres. Hablamos de
hombres que piensan que una mujer es suya y que tienen
derecho sobre ella, que pueden
hacer lo que quieran, y que cuando esa mujer dice NO, la
amenazan, le pegan, la
matan para impedir que diga NO.
El femicidio es eso: marcar los cuerpos de las mujeres
violentamente, y como amenaza
para otras: para que las mujeres no puedan decir que no,
para que renuncien a su independencia.
Aunque la gran mayoría de las mujeres que recordamos aquí
fueron asesinadas por
hombres de su círculo íntimo, el femicidio no es un asunto
privado, es producto de una
violencia social y cultural que los discursos públicos y de
los medios vuelven legítima,
cada vez que alguien le dice puta a una mujer porque ejerce
su sexualidad libremente,
cada vez que alguien la juzga por las medidas de su cuerpo,
cada vez que alguien la
mira con sospecha porque no quiere tener hijos, cada vez que
alguien pretende reducirla
simplemente al lugar de la buena esposa o la buena madre,
destinada a un varón.
El femicidio es un tipo de violencia particular: no es un
tema íntimo o doméstico o sólo
de las mujeres. En muchos femicidios también fueron
asesinados los hijos como parte
del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de
dar vida.
Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir
basta, que quiere dejar de ser
víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la
estructura de la violencia
machista. Pero ese es su momento más vulnerable, ahí es
cuando con saña se pretende
ajusticiarla y es entonces cuando más necesita de otros y de
otras que ayuden a sostener
su decisión: redes de afecto, sociales, asistencia del
Estado y un activismo político
fuerte que insista en decirle que no está sola y que no es
su culpa. Para que ese BASTA,
que por fin pudo enunciar, se sostenga en el tiempo. Eso es,
también, lo que estamos
haciendo hoy, acá, en esta plaza pública.
La violencia ejercida en el ámbito doméstico se vincula con
cuestiones sociales que deben
ser discutidas en la esfera de la política. A diferencia de
otros crímenes, el femicidio
se puede leer en una cadena: encontramos crímenes casi
calcados por todo el país.
Por eso, afirmamos el derecho a decir NO frente a aquello
que no se desea: una pareja,
un embarazo, un acto sexual, un modo de vida preestablecido.
Afirmamos el derecho a
decir NO a los mandatos sociales de sumisión y obediencia. Y
porque decimos NO, podemos
decir sí a nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos,
nuestras vidas afectivas,
nuestra sexualidad, nuestra participación en la sociedad, en
el trabajo, en la política y
en todas partes.
II
Los femicidios no deben tratarse como problemas de
seguridad. Y la lucha contra ellos
exige una respuesta múltiple, de todos los poderes del
Estado y todas sus instancias
-nacional, provincial, municipal- pero también precisa una
respuesta de toda la sociedad
civil. Y en especial una respuesta por parte de los y las
periodistas, comunicadores
y comunicadoras, que son quienes construyen interpelaciones
públicas.
En 2009 y por amplia mayoría (con 174 votos afirmativos y 3
abstenciones), el Congreso
nacional aprobó la Ley de Protección Integral de las
Mujeres, Ley Nº 26.485, un
paso importante en la lucha contra la violencia machista.
Sin embargo, todavía está
pendiente la reglamentación de algunos artículos, incluido
el Plan Nacional de Acción
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres.
Sin la reglamentación completa de la Ley, el diseño de
políticas integrales y la asignación
del presupuesto necesario para su instrumentación, esta
herramienta lograda en
2009 resulta insuficiente para revertir el aumento de la
violencia.
En el país existen líneas telefónicas y oficinas
especializadas para orientar y asistir a las
víctimas que sufren violencia machista. No alcanzan si no
son acompañadas de políticas
integrales.
No existe en la Argentina un registro oficial de femicidios.
Los datos que mencionamos
aquí son los que releva año tras año la Organización No
Gubernamental Casa del encuentro.
Es fundamental contar con estadísticas oficiales.
El Poder Judicial desempeña un papel en general ineficiente
a la hora de dar respuesta
a las víctimas. En muchas jurisdicciones, son ellas las que
tienen que denunciar y luego
ratificar la denuncia que hicieron en comisarías. Este
sistema de doble denuncia está
apoyado en la falta de confianza de la Justicia hacia las
mujeres y contribuye a la impunidad
del agresor. El aporte de pruebas y testigos depende
enteramente de las víctimas
y, si no lo hacen, las causas quedan paralizadas y luego se
archivan. Se trata de un
modelo de gestión judicial de la violencia contra las
mujeres que suma desprotección y
que no garantiza medidas efectivas. Con la impunidad para el
agresor, el Poder Judicial
agrega otro tipo de violencia para la denunciante: la
violencia institucional. Muchas de
las víctimas de femicidios habían denunciado antes y en
reiteradas ocasiones al asesino.
A tantas otras mujeres no quisieron tomarles las denuncias.
Esta inercia no puede
continuar.
Hay mujeres golpeadas y asesinadas por afirmar sus propias
decisiones. Otras están
desaparecidas, víctimas del delito de trata con fines de
explotación sexual o laboral, y
sus destinos siguen sin conocerse. En torno a algunas de
esas mujeres desaparecidas
se sospechan tramas mafiosas que incluyen la participación
de la justicia y de las fuerzas
de seguridad. Por ellas también pedimos justicia.
El modo en que los medios, mayoritariamente, tratan el
problema, debe transformarse
por completo: en muchos casos culpabilizan a las víctimas de
su destino: hablan de
su vestimenta, sus amistades, sus modos de divertirse. En el
fondo, agitan allí el “algo
habrán hecho”. Necesitamos medios comprometidos en la
elaboración de protocolos,
además del imprescindible cumplimiento de los protocolos
existentes y de los códigos
de ética para las coberturas periodísticas de estos casos.
La televisión repite imágenes y palabras que ubican a las
mujeres en situaciones de
desigualdad, dominación y discriminación. Repite
estereotipos. El tratamiento noticioso
de los casos de niñas y mujeres asesinadas o desaparecidas,
con la invasión de la
intimidad de las víctimas y la insistencia en revelar el
modus operandi del asesino, contribuyen
a que el femicidio se naturalice o se lo convierta en insumo
para que el show
continúe. Y esto ayuda a su reproducción.
Decimos Ni una menos, con el dolor de la suma de víctimas
que crece y crece.
Esta convocatoria masiva, esta enorme y comprometida
participación social, son un
grito unánime.
Es la manera que encontramos, en todas las plazas del país,
con la movilización, con el
dolor común, con la preocupación y la necesidad urgente, de
poner en marcha acciones
coordinadas que ataquen el problema; desde el origen -la
cultura machista-, y hasta el
fin de la cadena: la mujer golpeada, la mujer asesinada.
El Estado y los poderes reales, junto con la ciudadanía,
debemos comprometernos a
perfeccionar los instrumentos para combatir la violencia
contra las mujeres, nuevos
esfuerzos deben sumarse, codo a codo con el esfuerzo
realizado por las organizaciones
de mujeres, feministas, ONGs y personas comprometidas que
trabajan en esto desde
hace tiempo.
Es que los derechos de unas son los derechos de todos. La
preservación de la vida y las
decisiones de las mujeres son ampliación de libertad para
todos y para todas. Forjemos
nuevos modos de convivencia, estrategias para hilar cada vez
mejor la trama de la vida
en común. No queremos más lágrimas de duelo y sí más avances
que festejar.
No queremos más mujeres muertas por femicidio. Nos queremos
vivas. A todas.
#NiUnaMenos.
Pedimos, entonces, una serie de puntos ineludibles para
recorrer el camino hacia
Ni una menos:
1. Instrumentación en su totalidad y con la asignación de
presupuesto acorde de la LEY
N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”.
Puesta en marcha del Plan Nacional que allí se establece.
2. Recopilación y publicación de estadísticas oficiales
sobre violencia hacia las mujeres
incluyendo los índices de femicidios.
3. Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia
Doméstica de la Corte
Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto
de agilizar las medidas cautelares
de protección. Federalización de la línea 137.
4. Garantías para la protección de las víctimas de violencia.
Implementación del monitoreo
electrónico de los victimarios para asegurar que no violen
las restricciones de
acercamiento que impone la Justicia.
5. Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia.
Atención de personal capacitado
para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada
comisaría. Vinculación de las
causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico
gratuito para las víctimas durante
todo el proceso judicial.
6. Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez
con un patrocinio jurídico
especializado y capacitado en la temática.
7. Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares
de Día para víctimas,
y subsidio habitacional, con una asistencia
interdisciplinaria desde una perspectiva de
género.
8. Incorporación y profundización en todas las currículas
educativas de los diferentes
niveles de la educación sexual integral con perspectiva de
género, la temática de la violencia
machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos
violentos.
9. Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia
machista al personal del Estado,
a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales,
así como a profesionales
que trabajan con la temática de violencia en diferentes
dependencias oficiales de todo
el país.
Todas las medidas requieren creación de instancias de
monitoreo y seguimiento para su
puesta en práctica y funcionamiento efectivo.
Erradicar la violencia contra las mujeres puede ser difícil
pero no es imposible.
Ni una menos es un grito colectivo, es meterse donde antes
se miraba para otro lado, es
revisar las propias prácticas, es empezar a mirarnos de otro
modo unos a otras, es un
compromiso social para construir un nuevo nunca más.
Repetimos.
No queremos más mujeres muertas por femicidio. Queremos a
cada una de las mujeres
vivas. A todas. #NiUnaMenos.
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