Argentina y el Fondo Monetario Internacional

Osvaldo Riganti—

El Fondo Monetario Internacional es una entidad creada en julio de 1944 (apenas un mes después que las tropas aliadas desembarcaran en Normandía), como parte del Tratado de Bretton Woods, para facilitar el comercio internacional, mantener la estabilidad de los tipos de cambio entre las diferentes monedas y suministrar la liquidez necesaria a los países miembros.
El 19 de abril de 1956, el dictador Aramburu firmó el decreto ley 7103, iniciando las gestiones para ingresar al Fondo Monetario Internacional y el 31 de agosto de 1956 firmó el decreto 15970 aprobando el ingreso de la Argentina al mismo.

De 1976 a 1986 (según informe del BCRA) Argentina recibió hipotéticamente 20 mil millones de dólares y giró en concepto de pago 33 mil millones, o sea que se fueron 13 mil millones más de lo que ingresaron. Sin embargo en ese lapso nos endeudamos en 42 mil millones. La acción del FMI no se tradujo en fecundar nuestra economía, más allá de las mendicantes gestiones de economistas liberales durante décadas. No cumplió con su función de dar liquidez a los bancos centrales de los países con dificultades de balance de pagos y obró como agente de privatizaciones y ajuste. Violó sus funciones   originarias, consistentes en promover la cooperación monetaria internacional, facilitar el comercio, fomentar la estabilidad cambiaria, contribuir a establecer un sistema multilateral de pagos, aminorar  el desequilibrio de las balanzas de pagos (art. lo del Convenio Constitutivo).

Como establece la letra del convenio, ninguna atribución originaria autoriza al FMI a intervenir en la política económica interna de los países miembros. Sin embargo hubo presiones desembozadas sobre nuestros gobiernos dóciles a sus dictados.
El libro "La Economía Social según Juan Perón (1947-1974)" consigna declaraciones del líder formuladas en 1974: "Cuando en 1946 me hice cargo del gobierno, la primera visita que recibí fue la del presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a invitarnos a que nos adhiriéramos al mismo. Prudentemente le respondí que necesitaba pensarlo y enseguida destaqué a dos jóvenes técnicos de confianza del equipo del gobierno para investigar a este “monstruo tan peligroso” nacido, según tengo memoria, de los sospechosos acuerdos de Bretton Woods. El resultado del informe fue claro y preciso: en síntesis se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo".
En tiempos de Carlos Menem el Congreso funcionó con celeridad, incluso durante fines de semanas enteros, para ponerse a tono con las imposiciones fondomonetaristas en materia económica y laboral. En ocasión del llamado “blindaje financiero”, que se concretó durante la gestión de De la Rúa, el FMI prestó u$s 14.449 millones, que se destinaron íntegramente a la fuga de capitales de un conjunto de grandes empresas. A medida que el ahogo económico del gobierno de De la Rúa se tornaba irresistible, este organismo retaceó la asistencia requerida, condicionándola estrictamente a que nuestro país arribara al “déficit cero”. Fue la etapa de Domingo Cavallo, último ministro de Economía de ese gobierno (y "vedette" en la misma función del anterior, el de Menem) que se abocó a la instrumentación de esa imposición transitando por un desfiladero que conducía al destino previsible, donde el país voló por los aires junto al gobierno de De la Rúa y al imperio asfixiante del neoliberalismo.
A todo esto, en el mundo se daban procesos como el de Malasia, que rechazó las exigencias del FMI y salió de la crisis por sus propios medios.
John Stiglitz (Premio Nobel de Economía) decía por entonces: "El FMI enfoca los problemas desde la perspectiva y la ideología de la comunidad financiera (...) Las altas tasas financieras que el FMI recomendó en nombre de la estabilización, condujeron a quiebras masivas y destrucción de capital. Antes que  promover economías estables con crecimiento más rápido y tasas de interés más bajas, las prescripciones simplistas del FMI sobre la liberalización de los mercados de capitales y financiero frecuentemente resultaron lo opuesto: sectores financieros colapsados, costos de financiamiento altos, dislocación social extendida y turbulencias políticas (...) El enfoque del FMI sobre el mundo en desarrollo está cortado de la misma tela neoliberal que el Banco Mundial, con poca atención si realmente encajan en la situación de los países que tienen que ayudar".
Entre estallidos sociales frecuentes, el FMI atravesó un proceso traumático, recibiendo cuestionamientos desde disímiles ángulos y situaciones, como le sucedió al asesor del FMI Jorge Baca Campodónico durante febrero de 2003, en que intervino el juez porteño Rodolfo Canícoba Corral a pedido de Interpol debido a una solicitud de extradición formulada por la Justicia peruana, que lo había condenado por "corrupción, asociación ilícita, ocultamiento de pruebas y fraude procesal". No era su primer traspié porque tenía pedido de captura internacional desde 2001 y en mayo de 2002 fue detenido en el aeropuerto de Miami a su llegada desde el Uruguay, aunque en esta oportunidad quedó en libertad. En cambio acá el Fondo le ofreció al detenido asistencia legal, que ante los tribunales argentinos fue representado por el abogado y ex ministro de la dictadura militar Roberto Durrieu. Luego de 48 horas de detención y tras el pago de una fianza fue excarcelado pese a la oposición del fiscal que discrepaba con el criterio de inmunidad diplomática.
El gobierno de Kirchner saldó en 2006 la totalidad de la deuda con el FMI. Más allá de esa importante determinación, la Argentina sigue siendo miembro del mismo, donde insiste sobre la necesidad de que se avoque a la función para la que fue creado en Bretton Woods: evitar crisis financieras y propender al desarrollo y no a ser lobista del capital financiero. Al desendeudarse con el FMI, el gobierno recuperó la potestad de diseñar la política nacional sin los condicionamientos que él imponía.