Qué diciembre mis amigos…

Mauricio Epsztejn

…qué diciembre y no tiene que ver sólo ni principalmente con el clima

Pizza y pistola

Mientras gran parte de las empresas terminaban de organizar las vacaciones tanto para su personal como para sus dueños y ejecutivos, estalló desde las sombras el sedicioso conflicto policial, con saqueos “espontáneos” que  ejecutaron bandas previamente alertadas de que se liberarían territorios y en los cuales incluso participaron efectivos retirados y en actividad, cuyas huellas son claramente identificadas.
Además, diciembre lleva ya medio mes de temperaturas batiendo records históricos y en alza, un fenómeno que desnudó falencias y realidades contradictorias nacidas a partir del crecimiento del poder adquisitivo de la población. Tanto el gobierno como las empresas distribuidoras coinciden en que esa sería la causa directa de los cortes en el suministro eléctrico, aunque difieren en las razones de fondo: las autoridades hablan de incumplimiento contractual, mientras del otro lado exigen mayores tarifas.

El 10 de diciembre también hubo cambios en la composición del Congreso Nacional y en las legislaturas provinciales, creando un nuevo esquema en la relación de fuerzas políticas.

A su vez el Senado aprobó los ascensos en las Fuerzas Armadas, lo que implicó pases a retiro y nuevos mandos.

El ámbito judicial no podía estar ausente con su propio cierre a toda orquesta. Esta vez le tocó el turno al Tribunal Oral Federal Nº 3 (TOF3) que después de trece años en que el expediente por la coimas en el Senado recorrió y durmió en distintos despachos, se despertó y absolvió de culpa al cadáver político de Fernando de la Rúa y si cohorte de fantasmas y dictaminó que ni siquiera se pagaron coimas para aprobar la reforma laboral de aquel gobierno, a pesar de la investigación de un juez de primera instancia, respaldada por los fiscales y confirmada por la Cámara superior, durante un proceso por el que pasaron alrededor de trescientos testigos. La frutilla del postre la puso el mismo TOF3 al acusar a toda esa gente por delitos relacionados con el caso.

¿No le parece, amigo lector, que a treinta años del inicio de la recuperación democrática la justicia se merece una profunda reforma?

Por último, escuchamos por boca de la propia Presidenta, sin intermediarios ni interpretadores, la enfática declaración de que en 2015 no será candidata a ningún cargo electivo, con lo que abre en la propia fuerza oficialista un debate que desafía su actual institucionalidad y cuyas implicancias son difíciles de prever. Con ello retoma la vieja formulación que en su momento sintetizara Juan Domingo Perón acerca de que “sólo la organización vence al tiempo”.

Del ámbito internacional sudamericano cabe destacar la cercana paz que cerrará casi cincuenta años de guerra civil en Colombia y el arrasador triunfo de Michel Bachelet en Chile.

Con un diciembre calentito por donde se lo mire, esta escueta e incompleta enumeración excede lo que se puede tratar en este artículo, por lo que, obligados a elegir, optamos por sobrevolar someramente dos temas: el de la seguridad y el del rol del Estado.

En Córdoba dejaron enfriar la pizza

El capítulo cordobés de la sedición policial se inició en setiembre con el escándalo narco policial que involucró a buena parte de su cúpula y salpicó al cordobesismo del gobernador José Manuel de la Sota. Empezó por una investigación del periodista Tomás Méndez, difundida por el Canal 10 de la Universidad Nacional de Córdoba, a consecuencia de la cual ya hay varios jefes presos y procesados por su vinculación con el delito y rodó la cabeza del ministro responsable del área. Sin embargo, el mero recambio de figuras no resolvió nada sino agravó el problema ya que en noviembre empezó a través de las redes sociales una campaña preparatoria de lo que iba a suceder después, para crear el clima propicio al estallido de diciembre, sin que el gobierno provincial tomara ninguna medida y cuando se desbordó sólo atinó a victimizarse y echarle la culpa al gobierno nacional.

A partir del acuartelamiento de una parte de los efectivos quedaron territorios liberados donde en simultáneo aparecieron las bandas de saqueadores. El mensaje fue claro: “esto es lo que podemos hacer si nos dejan seguir con nuestros negocios y no aceptan todas nuestras condiciones”. Y el gobernador de la Sota firmó sin chistar. Después, le volvió a echar la culpa al gobierno nacional.

A partir de la rendición del gobierno cordobés, se produjo el llamado “efecto contagio”.

Cabe la duda si el efecto contagio fue tal o estaba todo coordinado a fin de que el éxito mediterráneo sirviera de aliciente para los complotados en el resto de las provincias. Es algo que deberá investigarse a fondo y sancionar a los responsables.

¿Fue un intento de golpe de Estado? Si lo consideramos bajo el formato tradicional, pareciera que no, pero si escarbamos un poco y nos preguntamos qué se propone cualquier golpe de Estado, lo sucedido se le parece bastante.

Los golpes clásicos, esos de cambiar a un civil por un general, almirante o brigadier, están bastante desprestigiados y no parecen contar con consenso suficiente. Pero como lo que está en juego no es el reemplazo de una figura, sino la toma o subordinación del poder estatal para producir un cambio total de políticas, las derechas más recalcitrantes de América han sabido no atarse a esquemas: así lo lograron en Honduras y Paraguay, así lo intentaron en Ecuador y Bolivia, así lo llevaron a cabo contra Chávez en Venezuela donde fracasaron, así lo intentaron durante 2008 y 2009 en Argentina, que bajo la batuta de la cúpula ruralista y empresaria le marcó la partitura a buena parte del arco político opositor. Para eso Estados Unidos actualizó su doctrina de espionaje y violación de la soberanía de los países, control sobre la opinión pública e injerencia en las policías de este continente, como sucedió con el intento de ingresar ilegalmente a nuestro país armamentos y equipos, descubiertos por nuestro gobierno y detenidos en el aeropuerto, a costa de un conflicto diplomático.

En la renovada doctrina golpista, la atención sobre las policías adquirió renovada importancia.

A esta altura del partido, el debate sobre la democratización de las fuerzas de seguridad, sobre todo de las policías provinciales que más que duplican en número a las federales, es un debate se deben todas las fuerzas políticas democráticas y que se traduzca en medidas, porque en ello va no la suerte de tal o cual partido, sino la de la misma democracia tan duramente recuperada hace apenas treinta años.

Por eso, hablar si es necesario o no un sindicato policial o si la solución pasa por crear policías municipales, suena como divertimento ocioso y perjudicial si antes no se acuerda de qué tipo de seguridad democrática estamos hablando, si se trata de “controlar” a esas fuerzas o si la cuestión es de subordinarlas al poder político y a la soberanía popular. Sin resolver primero este tema, cualquier otro esquema que se invente, aún con las mejores intenciones, no se va resolver lo de fondo, es decir la doctrina bajo la cual se crean y actúan las fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional.

Mientras tanto y al mismo tiempo, la política debe asegurar que las diversas policías tengan sueldos, condiciones laborales y equipamiento acordes con la función que deben cumplir. Además, a quien le guste la pizza, que la pague.

El Estado, la inflación y la economía

Acero, transporte, energía

A su vez, el Estado y la economía son estudiadas por las ciencias sociales donde cada individuo o grupo al que pertenece mide su eficacia en relación a sus propias aspiraciones, intereses, expectativas de vida y de sus más íntimos. Esas aspiraciones e intereses son frecuentemente contradictorios entre diferentes sectores, lo que impulsa la puja por cómo se distribuye el producto social en cada comunidad o estamento, la tan vilipendiada lucha de clases, concepto que espanta a algunos, que otros agitan cual fantasma para asustar a incautos y que los consultores del establishment deforman para no confesar que cada mejora en el nivel de vida de asalariados y postergados, les trata de ser arrebatados a través del alza de precios.

Este escriba espera que el lector lo sepa disculpar por simplificar el tema, pero también a él le pone límites la extensión de esta nota.

A veces a uno el alma se le subleva de escuchar los consejos para superar las dificultades, que dan los artífices de la destrucción que se empezó a revertir recién a partir de 2003. En su periplo por los medios dominantes, a esos personajes no se les nota ni un asomo de rubor o vergüenza por lo que hicieron y pretenden repetir.

De todos modos cuesta entender la demora en corregir los errores que cometió el propio kirchnerismo durante los diez años de gestión, algunos graves como el sostenimiento de Ricardo Jaime y su política en el transporte o la laxitud de controles y exigencias a los concesionarios de la distribución eléctrica que ahora nos pone los pelos de punta. Seguramente por estas culpas pagó en las urnas el oneroso costo político de una cuenta posiblemente aún no saldada.

Por eso esta nota quiere volver sobre una idea ya esbozada en anteriores sobre el rol del Estado y de la llamada burguesía nacional.

Después de haber recuperado para el patrimonio público y estatal un conjunto de empresas y servicios tales como el Correo Argentino, Aysa, el sistema previsional, Aerolíneas Argentinas, la mayoría accionaria de YPF, la confección de documentos, el espacio radioeléctrico y otras, quedó demostrada la falacia en que incurren quienes sostienen que los monopolios privados funcionan mejor.

Particularmente en la Argentina no se discute si la propiedad y gestión privadas son intrínsecamente perversas, porque está claro que responden a lógicas distintas a las del Estado. Si el objetivo de las empresas y servicios privados es, por su naturaleza, obtener el máximo lucro con la menor inversión y en el menor tiempo posible, esa lógica no puede seguirla el Estado que debe propender al bien común y a su persistencia en el tiempo, preservando el medio ambiente y el desarrollo sustentable de los habitantes, como el bien más preciado.

Por supuesto que eso no significa que las empresas y servicios estatales deban quedar sólo al arbitrio de una burocracia sin control, sin que en el gobierno de las mismas participen de las instituciones representativas del Estado y de la sociedad civil. Y esto no sólo para impedir que se corrompan, sino sobre todo para garantizar que estén al servicio de los intereses mayoritarios de la nación.

¿Qué no es cosa sencilla? Vaya descubrimiento, pero una larga marcha empieza por el primer paso y algunos ya se dieron como para mostrase exitosos, por lo que habrá que replicarlos donde corresponda.

Es posible que esto sea catalogado de populismo, socialismo, chavismo y otras malas palabras que irritan a oídos y bolsillos demasiado sensibles.

—¡Atenta contra el capitalismo y la iniciativa privada! —gritarán quienes están acostumbrados a tener al país sometido a sus mezquindades.

¿Dónde será necesario poner el ojo para asegurar que el desarrollo económico se acompañe de una mayor justicia distributiva? Algo que en estos diez años de kirchnerismo quedó evidente es que no se puede confiar en que los puntos claves de la estructura económica queden fuera del dominio mayoritario y control públicos, sea en la industria, la banca, la propiedad de la tierra, los recursos naturales o el comercio exterior. Asegurados para el dominio público esos resorte básicos de la economía, con los consumidores en el otro extremo de la cadena, no hay por qué temerle al crecimiento del capitalismo y la libre iniciativa privada en el medio.

Con esto temas esbozados a los brochazos, llegamos casi al momento de descorchar las botellas y dar comienzo a los brindis. Aunque sea de modo virtual, levantamos la copa y nos unimos a los augurios de felicidad para todos. SALUD!!! Y esperamos volvernos a encontrar en 2014.