Barajar y dar de nuevo

Mauricio Epsztejn—

En menos de un mes y medio hubo tres multitudinarias movilizaciones populares que inutilizaron las mesas de arena sobre las que venía diseñando sus estrategias el conjunto de asesores oficialista. Supusieron que los éxitos obtenidos en su atropellada inicial sobre derechos adquiridos sería perdurable ante una dirigencia opositora dispersa, confundida, extorsionada, cooptada por diversos medios o simplemente comprada.

Sin embargo, las respuestas asamblearias que al principio sólo convocó en varias plazas a los sectores afines al kirchnerismo no encuadrados en sus estructuras más cerradas, personas que necesitaban reconocerse entre si y darse aliento viendo que no eran pocos, se hizo conocido en las redes sociales como los de “Resistir con aguante” a cuyo llamado empezó a concurrir cada vez más gente alejada de la militancia, pero con ganas de participar, de “hacer algo” ante los crecientes atropellos del poder contra los derechos ciudadanos y las instituciones, actos que fueron sistemáticamente ignorados por el apagón informativo y el blindaje mediático. Duró lo que la mayoría de la población suele permitirle como período de gracia a los gobiernos que son de un signo distinto al anterior. Fue menos que lo habitual porque el gobierno avanzó brutalmente, con ciego revanchismo gorila sobre los derechos adquiridos y las condiciones de vida de la gente, mostrando su verdadera imagen y objetivos.

El sonsonete de la “dura herencia”, que al principio funcionó, se empezó a desgastar rápido y la primera ocasión en que se expresó masivamente el creciente fastidio social fue el 24 de marzo, durante la concentración convocada por los organismos de Derechos Humanos conmemorativa del 40º aniversario del golpe cívico-militar, la mayor, más unitaria y más diversa en el reclamo por los derechos avasallado por el gobierno macrista, que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y en otras, a lo largo y ancho del país.

El segundo hecho trascendente se dio cuando el juez Claudio Bonadío citó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el 13 de abril pasado a una declaración indagatoria, imputándola como miembro de una asociación ilícita por la venta de dólares a futuro del Banco Central, una acusación disparatada por donde se la mire, según opinan los principales juristas nacionales. Como había anticipado, CFK se presentó a declarar y como a la salida la esperaban decenas de miles de personas que se habían congregado para respaldarla. Le habló a la multitud que en silencio prestaba atención a sus palabras esa mañana de un día laborable y bajo un aguacero persistente, sin que nadie abandonara la calle. Allí la ex presidenta les habló y planteó la necesidad de conformar un Frente Ciudadano para defender cada una de las conquistas y derechos adquiridos.

Fue un mensaje que sus seguidores esperaban escuchar directo de  su boca y así lo hizo, no a través de algunas notas en facebook. En posteriores reuniones con distintos sectores de la actividad política, social, cultural y hasta eclesiástica, explicó las razones de su anterior silencio y del regreso a la tribuna. Pero la ocasión se la debe al involuntario papel que jugó Claudio Bonadío, uno de los famosos “jueces de la servilleta”, casi a la medida para que los más fervientes seguidores de Cristina estuvieran tentados de exclamar “¡Gracias Bonadío!”.

Y otra vez ocupó el centro de la escena, porque su aparición pública sacudió todo el tablero político, incluido el Frente para la Victoria y el P.J.

El palacio y la calle

Según diversos analistas, si bien en el discurso ante la multitud refirmó las principales líneas directrices de la política impulsada desde 2003, al mensaje no le faltaron matices autocríticos respecto a la política que condujo al FpV a la derrota en las pasadas elecciones. Llamó a los partidarios a dialogar, a no enojarse ni enrostrarle su proceder a quienes en aquella oportunidad habían votado distinto. La convocatoria a conformar el Frente Ciudadano en cada lugar donde la gente sienta que se le haya vulnerado, conculcado o amenazado un derecho, sin que eso implique un compromiso electoral, ni asuma una estructura definida, apunta en tal dirección.

Esa actitud también se reflejó, según manifestaron los participantes de las reuniones que mantuvo durante su permanencia en la ciudad, en que ella escuchó, preguntó y tomó notas, más de lo que le habló a los presentes. Sería muy saludable que tal actitud la recoja su militancia y la aplique creativamente en los ámbitos de su actuación.

Claro que eso implica muchas veces esforzarse por ampliar la participación, la democracia y la tolerancia en el debate y la toma de decisiones, limitando el verticalismo no sólo hacia afuera, sino también hacia el interior de la propia fuerza, un camino recomendable que evita errores o ayuda a corregirlos más rápido y con el menor costo.

El tercer acontecimiento fue la marcha y concentración convocada por todo el espectro del sindicalismo organizado, realizada el reciente 29 de abril, donde los principales reclamos fueron el de parar los despidos y recuperar lo que los trabajadores perdieron desde que Macri asumió la presidencia.

La envergadura que alcanzó fue imposible de ignorar por el gobierno y el ninguneo con que los principales medios que le son afines la trataron, no hace más que resaltar el impacto real que recibieron bajo la línea de flotación.

Es imposible desconocer el significado que tiene esta conjunción de dirigencias con trayectorias y conductas tan dispares para acordar un pliego de reclamos común. Y si esta situación se alcanzó, el mérito principal se debe más que a la dirigencia, a los frecuentadores del palacio, al conjunto de los trabajadores, a su nivel de conciencia y disposición a enfrentar la política antipopular del gobierno, que puso entre la espada y la pared a varias conducciones sindicales, que hasta hace muy poco compartían agasajos con los responsables de las políticas que la concentración y sus consecuencias cuestionan, es decir, a quienes conviven con la calle y siente su pulso.

De esto se trata la política reflejada por estos tres acontecimientos que parecerían desconectados pero que no lo son y que por eso deberían ir buscando los caminos y mecanismos de la articulación entre los actores sociales que los componen para ir construyendo una real alternativa de poder que encabece un bloque popular para impulsar un programa de liberación al servicio de las mayorías.

Los organismos de Derechos Humanos han ido incorporando, junto a su reclamo histórico de memoria, verdad y justicia, el de garantizar el ejercicio de los nuevos derechos formalmente reconocidos. El movimiento sindical, independientemente de su circunstancial dirigencia, exige participar en las decisiones del Estado, por ser los trabajadores los principales constructores de la Nación. A su vez, desde el movimiento nacional y popular deberán ir surgiendo los liderazgos naturales y las formas de organización que garanticen ese proceso porque esos no se inventan ni fabrican, sino que surgen y se construyen.