El Poder judicial busca oculista para jueces tuertos

Mauricio Epsztejn--

Un tema que tiene historia-José Hernández no era kirchnerista-¿¡Democratizar qué!?-Los de guante blancos y los sin guantes-Cuando el día a día no es poesía

Ver: Fragmentos de “La vuelta de Martín Fierro” y "Los consejos del Viejo Vizcacha"  (José Hernández-10/11/1834 - 21/10/1886)

El Moreno
…

y le contesto a mi modo:

la ley se hace para todos,

mas sólo al pobre le rige.

La ley es tela de araña

en mi inorancia lo esplico:

no la tema el hombre rico;

nunca la tema el que mande;

pues la ruempe el bicho grande

y sólo enrieda a los chicos.

Es la ley como la lluvia:

nunca puede ser pareja;

el que la aguanta se queja,

pero el asunto es sencillo:

la ley es como el cuchillo,

no ofende a quien lo maneja.

Le suelen llamar espada

y el nombre le viene bien;

los que la gobiernan ven

a dónde han de dar el tajo:

le cai al que se halla abajo

y corta sin ver a quién.

Hay muchos que son dotores,

y de su cencia no dudo;

mas yo soy un negro rudo

y aunque de esto poco entiendo,

estoy diariamente viendo

que aplican la del embudo.

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 De “Consejos del Viejo Vizcacha”

Hacete amigo del Juez.

No le des de qué quejarse;

y cuando quiera enojarse,

vos te debés encojer,

pues siempre es güeno tener

palenque ande ir a rascarse.

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Un tema que se las trae

Después de leer los fragmentos que se transcriben más arriba, el lector se habrá percatado que el título de la nota no se refiere a la búsqueda de un especialista capaz de corregir un defecto ocular del Poder Judicial. Al contrario, probablemente en ese poder abunden quienes gozan de agudeza visual para encontrar los caminos y medios que les permitan favorecer a los que el Moreno señala en el poema.

José Hernández escribió “La vuelta de Martín Fierro” en 1879, cuando la no-justicia ya gozaba de larga historia por estas tierras, al apellido Kirchner le faltaba casi un siglo y cuarto para tener notoriedad pública y al diario La Nación le faltaban pocos meses para cumplir una década de vida de, tal como lo sigue haciendo hasta ahora, defender consecuentemente los intereses de los “bichos grandes”.

Sin pretender para nuestro país la exclusividad planetaria sobre este mal, los versos conservan vigencia porque aún persisten demasiados de esos motivos. En consecuencia sería bueno que el pueblos argentino acepte el desafío —como lo ha hecho con otras cuestiones de la vida nacional en que mayoritariamente abandonó la resignación del “siempre fue así”, que hace agachar la cabeza —y encare el debate sobre el rol que le cabe a la justicia en este momento, para ponerla a tono con el nivel alcanzado por la sociedad democrática que en ella ha delegado uno de los poderes del Estado ante el cual, por lo menos en los papeles, todos deberíamos ser iguales ante la ley.

Hasta ahora la realidad desmiente en gran medida ese supuesto ya que es bastante común ver a jueces y justicia inclinar sus fallos siempre a favor del más adinerado.

Por suerte, la fuerza del movimiento social que va oxigenando, democratizando, los ámbitos del Estado, empezó a horadar a uno de los poderes que los sectores populares identifican como un bloque homogéneo de actuación corporativa y el 11 de diciembre pasado se hizo público un documento rubricado por centenares de firmas de jueces, fiscales, defensores públicos, funcionarios judiciales y juristas, que salió públicamente a diferenciarse y a reclamar “Una justicia legítima”.

Es un movimiento que crece con la fuerza de lo espontáneo y se plantea “…reconciliar al Sistema de Administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”; y continúa “…sostenemos que la independencia del Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado. Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces de las instancias superiores e —incluso— deben ser independientes de las organizaciones que los representan”.

Son afirmaciones fuertes, que abren un debate sobre el papel del Poder Judicial y del tipo de justicia que necesita un régimen democrático: ni ciega, ni tuerta a favor de los poderes fácticos, sobre todo los económicos y mediáticos. Para empezar a debatir esos temas de cara a la sociedad, han convocado para fines de febrero a varias jornadas en el recinto de la Biblioteca Nacional.

Algo saludable está sucediendo en ese ámbito tan oculto para la gente común, algo cuya importancia excede a sus integrantes, ya que le incumbe a todos los argentinos.

El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado

Hay manipuladores de la opinión pública que tratan de presentar al Poder Judicial como al margen de la política. Así intentan revestirlo de un aura santa, casi como producto de una creación divina, por encima de la sociedad, y no el resultado de una negociación política y un acuerdo partidario de quienes redactaron la Constitución Nacional, documento político por excelencia, que establece las reglas básicas de convivencia de los habitantes en una sociedad determinada.

Nuestra Constitución estableció que la Argentina es una República, es decir, un régimen donde el pueblo es el soberano y el poder estatal se divide en tres ramas: ejecutivo (gobierna), legislativo (legisla) y judicial, que dirime los conflictos propios de cada sociedad de acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes. Son tres poderes que se complementan y, a través de los mecanismos que la propia Constitución creó, se controlan entre si.

Es decir: el pueblo soberano es la máxima autoridad, que a través de sus representantes sancionó la Constitución de la cual se derivan las instituciones, leyes, decretos y demás disposiciones que rigen la vida cotidiana en este país, a las cuales los jueces recurren e interpretan para resolver los conflictos que plantea la dinámica vida social.

En consecuencia, todo está regido por la política.

Sin embargo, al interpretar los textos legales y resolver sobre los huecos producidos en la legislación por las innovaciones no previstas en la cambiante realidad, que casi siempre se adelantan al trabajo de los legisladores, entran a tallar los jueces de las distintas instancias. Es en este espacio donde se suelen entrelazar jueces con poderes fácticos —de esos que actúan en la oscuridad y nunca se someten al escrutinio público, como los propietarios y directivos de los principales conglomerados económicos y mediáticos —, que a través del dinero, favores, prebendas o halagos, según la importancia del asunto, descorren la venda de la justicia e inclinan la balanza para el lado del mejor postor.

Por si el lector necesita elementos para orientarse, le tiraremos algunas preguntas. Confiamos en su buen saber y entender para encontrar las respuestas.

¿Con guante blancos o sin guantes?

¿Quiénes pueblan mayoritariamente las cárceles: los ladrones de gallinas o los de guantes blancos que arrasaron al país?

¿Qué pasó con el juicio que el Estado le hizo al grupo Macri por contrabando agravado de 1.936 autos, donde José Luis Machinea (Ministro de Economía de Fernando de la Rúa) le ordenó a la Aduana levantar la acusación?

¿Por qué el diario La Nación hace diez años que no paga varios impuestos y la causa del Estado contra ese medio hace tres años y medio duerme en la Corte Suprema?

¿Por qué la apropiación durante la dictadura de Papel Prensa por parte de Clarín, La Nación y La Razón sigue trabada en los tribunales?

¿Por qué el juicio contra Martínez de Hoz, Ministro de economía de la dictadura, por el robo que entonces le hizo a la familia Gutheim, se estira sin condena por tiempos vaticanos y sigue arrestado en su departamento del edificio Kavanagh, no en una cárcel común como cualquier otro delincuente?

¿Por qué los condenados que tienen más de 70 años, si son ricos, cumplen las condenas en su domicilio o en el country, pero si son pobres se pudren en la cárcel?

¿Por qué recién en diciembre de 2012, después de 29 años de gobiernos democráticos, fue condenado el primer, y hasta ahora único, ministro civil de la última dictadura, Jaime Smart, por delitos de lesa humanidad?

¿Por qué procesados por robos al erario público y enriquecimiento personal como Cavallo y sus socios pueden entrar y salir del país como Pancho por su casa y miles de procesados por delitos mucho menores, esperan su juicio en la cárcel y sin condena?

¿Por qué al que no paga la cuota de la heladera se le embarga el sueldo o se la sacan y a la Sociedad Rural y a los responsables de la estafa contra el Estado, que no pagó el predio de Palermo adquirido a “precio vil”, los protege una Cámara del Poder Judicial con el respaldo mayoritario de la Corte Suprema?

¿Cuántos jueces, que en su momento juraron fidelidad a las dictaduras de turno, todavía permanecen en sus puestos y las organizaciones de magistrados no dicen ni mu o los apañan?

¿Por qué los jueces no pagan impuestos que sí le caben a cualquier hijo de vecino?

¿Será necesario mantener la estabilidad vitalicia de jueces en todos los estamentos mientras gocen de una “buena conducta” muy difícil de cuestionar?

Las cosas que no son poesía

Forman legión los casos de delincuentes con apellidos patricios que defraudaron a la sociedad y/o asesinaron a miles de argentinos cuyo juzgamiento se dilata con chicanas de abogados, aceptadas por jueces complacientes.

Entonces no es extraño que los ciudadanos de a pie descrean de la justicia ya que hasta ahora la necesaria depuración de ese poder tuvo por impulsores la presión de la opinión pública en los casos más groseros y resonantes de corrupción, a los primeros pasos del gobierno de Raúl Alfonsín y al decidido impulso de los gobiernos kirchneristas y organismos de derechos humanos, que se verifican particularmente en el fuero penal federal, cuya muestra paradigmática es el avance en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, ninguno de estos pasos tuvo como protagonista a las asociaciones corporativas que hoy reclaman independencia para la justicia. Al contrario, siguen cobijando en su seno a los responsables del desprestigio de ese poder del Estado.

Por eso es bueno lo que se está dando en la Argentina y las caretas que se van cayendo. A su vez es deseable que el debate se salde pronto para que de una vez por todas lo justo y la justicia coincidan y los argentinos podamos celebrar sin culpa un próximo aniversario del “Martín Fierro”.