Ropa saturada de esclavitud y muerte

Mauricio Epsztejn—

Como ya es conocido, el 27 de abril pasado se produjo un incendio en Paez 2796 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde murieron calcinadas dos criaturas de 7 y 10 años y sufrieron quemaduras o principios de asfixia sus padres y un policía. Allí funcionaba uno de los tantos talleres clandestinos que en la CABA confeccionan ropa para distintas firmas —incluidas marcas de primer nivel como la encabezada por Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad y candidato a presidente —en condiciones de vida no sólo indignas para los trabajadores y sus familias que los, sino ilegales, lindantes con la servidumbre y el trabajo esclavo. Por eso la frase del título no es retórica.

Como esa situación es conocida por las autoridades y cuenta con complicidades, particularmente en el gobierno de la Ciudad, el incendio y sus víctimas sólo agregan un eslabón a la ya extensa cadena. En esas cuevas se produce gran parte de la ropa comercializada y consumida no sólo en el área metropolitana sino en el resto del país. Basta recorrer durante la semana la Avenida Avellaneda y sus calles aledañas de la CABA, en Flores y Floresta y la Feria de La Salada, en el Gran Buenos Aires, para ver la cantidad de ómnibus y utilitarios provenientes de distintos puntos del país, para formarse una idea de la envergadura del negocio y de los miles y miles de trabajadores involucrados, buena parte migrantes de países vecinos.

Tragedias como las de la calle Paez replican otras en el mismo barrio, incluso con más muertos, como la del 2006 en un edificio de Luis Viale 1269, cuya causa judicial corre peligro de cerrar sin condenas debido a la inocultable decidia judicial.

Un padre que reclama justicia

Pero como el tema excede la impunidad que gozan algunos empresarios, si la situación no se revierte es posible que los muertos y demás víctimas aumenten. Evitar que suceda es responsabilidad indelegable del Estado en general y de funcionario con nombre y apellido en particular.

Como desgraciadamente las organizaciones sindicales más grandes no tienen entre sus prioridades la lucha contra el trabajo no registrado, el llamado “en negro”, porque privilegian la defensa de los de mayores sueldos, la organización de aquel sector para defenderse es más dificultosa y se reduce a la ayuda solidaria de vecinos y demás organizaciones sociales, una de cuyas acciones fue la marcha del reciente 14 de mayo entre los dos edificios incendiados.

Por otro lado, la exitencia de una gran masa de trabajadores no registrados le permite a muchos empresarios chantajear y tirar abajo el resto de los salarios y sueldos, aunque eso conspire contra el bienestar general, ya que si los trabajadores no tienen dinero, no hay consumo y la economía se estanca.

Convocatoria a la marcha

Entonces, el camino no pasa por hacer la vista gorda, como la del gobierno macrista, ni clausurar indiscriminadamente los talleres ilegales, sino a hacer solidariamente responsables del cumplimiento legal a las firmas que legitiman la injusticia con su uso y recurren a ese camino para bajar costos. También el Estado tiene una responsabilidad porque debe proporcionar las herramientas para que los establecimientos que funcionan en condiciones precarias regularicen su situación o se organicen de algún modo económicamente sustentable que les permita salir de las sombras. El camino empieza por hacer cumplir la ley a los grandes, único medio para que el resto se discipline. Y eso no se resuelve con clausuras, siempre vulnerables, sino con políticas activas de inclusión.