Marzo y abril, una historia de elecciones y anulaciones

Osvaldo Riganti--

Prohibido votar contra el caballo del comisario

Nuestro país vivió más de medio siglo XX bajo el imperio de golpes de estado y elecciones amañadas, que derivaron en dictaduras militares o democracias condicionadas.

Dentro de ese contexto, durante marzo y abril se dieron dos resonantes anulaciones electorales, que ocurrieron bajo el imperio de una juridicidad proscriptiva en la provincia de Buenos Aires. Ambas se inscriben en el marco de las luchas libradas por los dos movimientos populares por antonomasia vigentes durante ese período: el yrigoyenismo y el peronismo.

El gobierno de facto de Uriburu convocó a elecciones en 1931 en la provincia de Buenos Aires, en la seguridad que iban a triunfar sus fuerzas adictas. Pero aún con su jefe preso en Martín García y sus militantes encarcelados y
perseguidos, el radicalismo logró imponerse el 5 de abril por 220 mil votos contra 190 mil de los conservadores, con la fórmula Honorio Pueyrredón–Mario Guido —el primero canciller de Yrigoyen y embajador de Alvear en Estados Unidos, entre otros cargos, un hombre que había bregado en los foros internacionales por el principio de no intervención y el segundo, un dirigente antipersonalista.

El inesperado resultado causó desconcierto en las filas del flamante régimen, lo que provocó la renuncia del ministro del Interior, Matías Sánchez Sorondo y, poco después, de todo el gabinete.

Uriburu anuló las elecciones y designó interventor de la provincia a Manuel Alvarado.

El titular del primer gobierno militar del siglo tenía una difusa concepción mussoliniana y pensaba implantar un régimen con similitudes al imperante en Italia. Confiaba en que el arraigo del Partido Conservador en la provincia, unido al descrédito que creía afectaba al yrigoyenismo favorecería sus planes. Pero el triunfo radical y el rechazo que inspiraban sus planes entre muchos de quienes lo acompañaron en el golpe de setiembre de 1930 echaron por tierra sus propósitos.

Como consecuencia de la anulación de los comicios se produjo un levantamiento en Corrientes liderado por el coronel Gregorio Pomar. Fracasado el mismo, Pomar y los suyos —entre quienes se contaba Arturo Jauretche— tomaron el camino del exilio. El gobierno ordenó la detención de los socialistas Nicolás Repetto, Mario Bravo, Enrique Dickman, Américo Ghioldi y Alfredo Palacios, los radicales Marcelo T. de Alvear, Honorio Pueyrredón, Carlos Noel y José Tamborini y del demócrata progresista Lisandro de la Torre. Alvear finalmente fue deportado. "Manos crispadas me alejan", sostenía en el mensaje que emitió al abandonar el país.

El desdichado general no tuvo más remedio que convocar a nuevas elecciones con la Constitución vigente. Allí pasaron a hegemonizar la escena quienes propugnaban mantener la misma en un marco de fraude y proscripciones. El general Agustín Justo se adjudicó el triunfo, sustentado en triquiñuelas y en la proscripción del radicalismo. Así entrábamos de lleno en la "década infame", en los "tiempos de la República", según el doctor Pinedo.

31 años después, el otro movimiento mayoritario bebería la misma medicina. Desde 1958 gobernaba Arturo Frondizi, que había accedido a la presidencia después de un pacto con Perón, cuya fuerza estaba proscripta. En 1962 se elegía gobernador en la provincia de Buenos Aires (meses antes también las hubo en otros distritos), con un oficialismo bastante desinflado. Frondizi sustentaba la estrategia de permitir la participación del peronismo, pero a través de la proliferación de neolemas y con la restricción existente, o sea, con su líder en el exilio español y sin que apareciera como partido nacional, con sus símbolos y nombres tradicionales. Confiaba que la multiplicación de esos engendros —algunos con estímulo oficial — se dispersaría el voto peronista, sobre todo por el cerco de interferencias montado en torno a "las órdenes desde Madrid". Para enfrentar esa maniobra, Perón concibió la fórmula Framini–Perón. Su mera enunciado provocó la histeria del antiperonismo tradicional y del gobierno, que enseguida activó los mecanismos proscriptivos a través del ministro del Interior Vítolo y del juez Insaurralde. Entonces el binomio peronista quedó integrado por Andrés Framini (destacado dirigente gremial, con fuerte participación en las luchas de la Resistencia Peronista) y Marcos Anglada (dirigente del movimiento y abogado platense), que participaron bajo el sello de la "Unión Popular" (que en la década siguiente empleó Francisco Manrique, como trampolín para su candidatura presidencial). En otras provincias el peronismo apeló a otros partidos como el Laborista, Tres Banderas, etc. Así, "Framini, Anglada/Perón en la Rosada" pasó a ser la principal consigna de la entusiasta militancia.

El 18 de marzo de 1962 se celebraron las elecciones, en las que la fórmula Framini–Anglada sacó más de 1 millón de votos. A su vez, en otros distritos en los que se pudo presentar, el peronismo obtuvo más triunfos. Perón se mostró entusiasmado y, desde España, calificó de "aplastante" la victoria.

Ante esos resultados, el gobierno de Frondizi se transformó en un tembladeral. Días antes, el primer mandatario le había confiado a Francisco Manrique —como éste lo revelaría en su periódico "Correo de la Tarde"— que de ganar el peronismo anularía de inmediato la elección y que no les duraría "ni un minuto la sensación de haber triunfado". Llevado por el desasosiego de no haberse concretado un triunfo de su partido, la UCRI, algo que Frondizi creyó muy factible, y bajo la presión de los militares que no querían ni oír hablar sobre cualquier forma de retorno de los seguidores del "tirano", decretó la intervención en la provincia de Buenos Aires, cargo para el que designó al general Guillermo Salas Martínez y lo mismo hizo en otros distritos en que habían vencido los "muchachos de Perón".

Sin embargo, tales concesiones no calmaron a los mandos "gorilas" que miraban con desconfianza al titular del Ejecutivo por el origen de su gobierno y por haber recibido al "Che" Guevara, por lo que a los pocos días lo derrocaron.

Se sucedieron horas de incertidumbre, abortándose la instalación de una Junta Militar, al prestar juramente el titular del Senado doctor José María Guido (habida cuenta que el vicepresidente Alejandro Gómez había renunciado a poco de instalado el gobierno, acusado de participar en una conspiración). De todos modos, el gobierno de Guido transcurrió con una fuerte sujeción a los dictados del poder militar. Clausuró el Congreso y el 24 de abril dictó un decreto anulando definitivamente las elecciones ganadas por el peronismo.

El país seguiría así durante más de una década, en permanentes enfrentamientos, inestabilidad y bajo una creciente violencia, anticipo de las tremendas consecuencias que vendrían, entre las que el golpe del 24 de marzo de 1976 ocupó el máximo lugar.

Marzo y abril resultan así, al evocar aquellos años, meses en los que se asocia con fuerza la vocación de los sectores hegemónicos por imponer sus propósitos mediante la prepotencia y el desconocimiento de la voluntad popular. Son tentaciones autoritarias que aún subsisten en distintos ámbitos. Por eso es menester tener siempre presente hasta dónde nos condujeron los desatinos que suscintamente comentamos.