Reflexiones sobre las marchas del 10 de mayo contra el 2x1de una Corte que avergüenza

Mauricio Epsztejn—

Las 500.000 personas que el reciente 10 de mayo tapizaron de modo compacto y multicolor las calles y avenidas del centro de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, con multitud de grupos desparramados por lugares cercanos que seguían convergiendo sobre la Plaza, incluso hasta cuando había concluido el acto, para expresar su contundente repudio al fallo de la Corte Suprema en favor de los genocidas de la última dictadura, una marcha y un acto que se replicó en las principales ciudades del país donde participaron otras decenas de miles, a los que se sumaron los llevados a cabo en numerosas ciudades del extranjero, representaron una rápida y formidable respuesta popular y ciudadana a la provocación de la cúpula del Poder Judicial y mostraron el nivel de conciencia que alcanzó la sociedad argentina en defensa de los Derechos Humanos, de la democracia, por Memoria, Verdad y Justicia, contra el silencio y el olvido que impulsa el gobierno de Macri, junto a la jerarquía de la Iglesia católica y los promotores y beneficiarios civiles de la dictadura, varios de los cuales integran el actual gobierno.

Lo novedosos de las manifestaciones del 10 de mayo es que no tuvieran tiempo para ser programados, anunciados y publicitados, como los que responden a otro tipo de reclamos o a fechas emblemáticas como los 24 de marzo, sino que fue la reacción, en gran parte espontánea, de una mayoría dispuesta a resistir e impedir el avance contra los derechos humanos, como pretende el PRO con sus socios y cómplices de Cambiemos. Entre el 3 de mayo —día en que se conoció la sentencia—, y el 10 del mismo mes, transcurrió apenas una semana durante la cual la sociedad rápidamente se repuso y reaccionó de su inicial estupor, terminó de descubrir el verdadero rostro del verdadero poder y dejó al descubierto lo que el macrismo y sus adjuntos consideran “justicia independiente”, una fantochada que descendió hasta el peldaño más abyecto desde aquella Corte Suprema que en 1930 convalidó el golpe de estado del 6 de setiembre de 1930, a la que siguieron otras con igual proceder frente a las sucesivas chirinadas, fraudes y proscripciones, incluida la de la última dictadura terrorista.

Con este fallo, la Corte del 2 x 1, individual y colectivamente, ha perdido toda legitimidad porque desde un principio mostró que vino a subordinar el Estado de Derecho a los intereses del gran capital financiero. Quien hoy ejerce el rol principal en su seno, Carlos Rosenkrantz (que como abogado del grupo Clarín litigó contra el Estado Nacional) y su coequiper Horacio Rosatti, primero aceptaron el inconstitucional intento de Macri por introducirlos a la Corte por decreto y sólo después del revuelo y rechazo que eso causó, sin sonrojarse aceptaron ser nominados ante el Senado por el mismo Macri de la ilegalidad. Allí les votaron en contra sólo 10 senadores que respetaron el mandato de sus votantes, mientras otros 60 respaldaron convalidaron a ese dúo cuyo vicio de origen era por si mismo causal para inhabilitarlos para siempre, algo obviado por quienes terminaron legitimando con su voto esa segunda intentona. Entre esa indigna cohorte no sólo estuvieron los votos lógicos de Cambiemos, sino que también se alineó un variado abanico peronista comandado por Miguel Ángel Pichetto, sin cuyo apoyo ese asalto no hubiera podido prosperar.

De todos modos, este no es el primer caso en que los estrenados supremos votan en contra de los Derechos Humanos, las garantías constitucionales y los tratados internacionales que forman parte de nuestra Constitución. También lo hicieron juntos, con diferencias menores en sus fundamentos, acompañados por Highton de Nolasco —reciente favorecida macrista— y Lorenzeti, cuando dictaminaron que los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución pueden no ser cumplidos si así lo creen conveniente los mandamases de turno (Ver la sentencia de la Corte argentina en el caso Fontevechia contra el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Por si hiciera falta abundar, esta última sentencia pro dictadura desnuda la profunda crisis de uno de los poderes del Estado, cuyas características casi monárquicas abundan en privilegios y no están sujetas al periódico escrutinio ciudadano, como se le exige a los miembros del Ejecutivo y Legislativo, un tema que debería ser parte ineludible de una necesaria reforma constitucional que, sumado a otras cuestiones pendientes, amplíe la democracia económica, social e institucional en nuestro país. En lo básico, para el Poder Judicial se mantiene lo establecido en la Constitución de 1853, inspirada por la de Estados Unidos de 1787, donde ese sector del Estado está concebido como contrapoder respecto a la democracia plebeya, para garantizarle privilegios a las minorías poderosas, a pesar de la ampliación de derechos que las mayorías lograron en otros campos.

Otra cuestión a destacar en relación a esa jornada es la amplitud de las organizaciones que convocaron a la concentración y la coincidencia para hacerla en la Plaza de Mayo, lugar emblemático donde las organizaciones populares festejan los avances sociales o le reclaman a quienes ejercen el poder de turno, a los ocasionales inquilinos de la Casa Rosada.

En cuanto al destinatario de la repulsa, en este caso nadie tuvo dudas: si bien el mascarón de proa fue la Corte Suprema, todo el mundo tuvo claro que el impulsor real fue y sigue siendo, el gobierno macrista, que a pesar de la dura condena popular y la derrota política sufrida, sigue dando claras muestras de que no renuncia a su política. El propio presidente Macri demoró una semana en pronunciarse sobre el caso, pero sin repudiarlo expresamente, sino buscando cargarle el fardo al gobierno anterior, sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner, mientras sus funcionarios siguen recibiendo a los defensores de los genocidas, insisten sobre el negacionismo en el tema de los desaparecidos, hablan de una “guerra sucia” y no del terrorismo de estado e incluso algunos personajes vinculados a esa etapa continúan formando parte de su fuerza política y equipos de gobierno.

Por todo lo anterior y, seguramente cualquier lector puede agregar sus propias razones, esta reacción popular, ciudadana, democrática, plural, tuvo características fundantes y fue un potente grito, aun relativamente invertebrado, BASTA MACRI, ESTE LIMITE NO SE CRUZA, un planteo que no sólo mira hacia el pasado, cuyas heridas todavía están lejos de haber cicatrizado, sino que interpelan al presente y al futuro, porque la dictadura cívico-militar-eclesiástica no fue un acto demencial de un grupo mesiánico, sino la condición necesaria para aplicar una política económica y social antipopular y antinacional, que no podía avanzar sin producir un genocidio y lo que el macrismo impulsa es esencialmente el mismo plan económico de Martínez de Hoz, del Fondo Monetario Internacional y de las multinacionales del capital financiero, que no cierra sin represión y sin conculcar la democracia. Por eso busca liberar a los genocidas, como forma de garantizarle impunidad a los futuros represores que, si logra consolidar su política, va a necesitar, algunas de cuyas primeras muestras ya está ejercitando.