Legitimidad y legalidad democrática

Mauricio Epsztejn—

Habiendo transcurrido ya más de un 30% del mandato del presidente Macri y de acuerdo a cómo viene ejerciendo su gobierno, vale la pena preguntarse cómo debe ser considerado desde el punto de vista de la legitimidad y de la legalidad democrática y si para ello alcanza con haber sido elegido de acuerdo a la ley y en comicios inobjetables o algunos de sus actos permiten abrir el interrogante sobre el peligro de que intente avanzar hacia un gobierno autoritario.

Si bien la legitimidad de un gobierno es un tema sujeto a interpretaciones, su legalidad está expresamente reglada por la Constitución y las leyes y su apego a las mismas, por lo que su violación se juzga en los tribunales.

En ese sentido, nadie discute que el de Macri surgió como un gobierno legal, pero ¿lo sigue siendo cuando el presidente intenta reiteradamente gobernar por decreto, por encima del Congreso, violando la letra y el espíritu de la Constitución, así como tratados internacionales que tienen rango constitucional y fueron firmados y ratificados por nuestro país o desarrolla actividades incompatibles con la función pública para beneficiarse y/o beneficiar a sus familiares y amigos? Apenas asumió produjo el primer atropello al intentar colar en la Corte Suprema, dos jueces adictos. La seguidilla siguió cuando prácticamente derogó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la llamada Ley de medios, sancionada por amplia mayoría del Congreso; modificó por DNU la Ley de blanqueo de capitales para beneficiar al padre; se niega a cumplir con la Ley Nacional que creó la Paritaria Nacional Docente; participa directamente en los negocios de sus empresas, como sucede en el caso del Correo que litiga contra el Estado, interviene a favor de sus empresas de aviación en contra de la estatal Aerolíneas Argentinas ocultando su directo interés patrimonial en el perjuicio que le ocasiona al país, es accionista de empresas que explotan autopistas beneficiarias de los aumentos en el precio de los peajes que su mismo gobierno autoriza, tiene el gabinete plagado de funcionarios con conflictos de intereses con el Estado… y con cada día que pasa día salen otros manejos turbios suyos, de su grupo familiar y de amigos.

En cuanto a la legitimidad, uno se pregunta: ¿es legítimo un gobierno que, siguiendo los consejos de su asesor de campaña cuyos honorarios no está claro quién paga, antes de las elecciones le mintió conscientemente al electorado sobre sus planes y luego hizo lo contrario a sus promesas? Ese aspecto no se dirime en los tribunales sino en los comicios, cuando el ciudadano vota.

Es una gran diferencia con la actividad privada donde cualquier empresario es pasible de sanciones hasta penales si impulsa campañas comerciales con publicidad engañosa.

En este sentido, pareciera existir una doble vara al servicio de buena parte de los jueces que se desempeñan en Comodoro Py, que algún día habrá que unificar.