domingo, 29 de septiembre de 2013

Las formulaciones simplistas nos alejan más de las soluciones que elproblema de la seguridad reclama


Osvaldo Riganti-
El populismo penal consiste en una tendencia caracterizada por la proposición de hipotéticas soluciones sencillas en materia de inseguridad.
Las formulaciones baratas del populismo penal no constituyen más que una estrategia para atender el clamor popular contra la impunidad mediante el aumento de las penas, el endurecimiento de castigos, la disminución de la imputabilidad penal juvenil.

El estado criminal que encarnó la dictadura dio paso a prácticas propiciadas por los crímenes    económicos. La captura del Estado por grupos económicos dio lugar a una gama de facilidades para banqueros lavadores de dinero, que definieron durante los ´90 la forma de hacer política.
Las propuestas facilistas estimulan las mafias policiales y el asesinato a mansalva a gusto y paladar del "medio pelo" que para sus reclamos de "justicia" encuentra "plafón" en las metodologías aberrantes propugnadas por Radio 10 y Canal 9. La cadena nacional del establishment incentiva un cuadro permanente de inseguridad. Las calles de la "gran ciudad" son transitadas por vecinos que diferencian a los muertos y sólo salen a la calle cuando matan a un chico de "buena familia", pero giran bruscamente sus pescuezos en otra dirección cuando masacran a un adolescente en los suburbios. Enfocan el problema desde la perspectiva de la inmediatez, pero esto es sencillo y va para muy largo.

El auto ubicado en la cima de prioridades en la materia supera a cualquier ideal. Su indemnidad se prioriza sobre planteos de seguridad que atienden las garantías para el hombre común.

Como mínimo hay dos grandes tipos de criminalidad. El crimen organizado, que irrumpió en América Latina a través de las bandas de narcotráfico, secuestro, trata de mujeres y niños, el juego clandestino, debe ser enfrentado con todo el peso de la ley. Pero la "mano dura" mete en la misma bolsa al crimen organizado y la delincuencia  juvenil.

El fundamentalismo neoconservador de mercado empuja el argumento del endurecimiento de la legislación penal. Pero es una estrategia ineficaz que retroalimenta el gatillo fácil. Estudiosos en criminalística opinan que un aumento de las penas predisponen al delincuente a matar o morir. La manipulación aviesa de los índices del delito sólo puede arrojar como resultado una avanzada xenófoba como la impulsada por Miguel Cané a través de la Ley de Residencia, deportando inmigrantes complicados.

Ignacio Bacht describió en su libro "La Seguridad en el Buenos Aires Criollo " (1820/1840) que por aquella época también hubo asaltos y asesinatos que tuvieron en jaque a Buenos Aires. Así las cosas en 1820 la Junta de Representantes creó la Alcaldía del crimen. El Alcalde de Policía focalizaba su accionar en los caminos conducentes a "la corrupción de las costumbres". Manuel de Sarratea implantó la "severidad " pedida por los vecinos y le dejaba las "manos libres" al Alcalde de Policía. El gobernador firmó un bando que establecía que quién fuere sorprendido robando sería "fusilado en el instante y colgado". No alcanzó. Surgió entonces el reclamo de una policía más poderosa, a cuyos efectos el nuevo gobernador, Martín Rodríguez, creó las "comisarías" y designó a un Jefe de Policía que se las traía, Joaquín de  Achaval, que actuó con la reclamada "mano dura”. Pero el problema de inseguridad no se solucionó y la corrupción policial pasó a ser un nuevo flagelo. La  policía vendía en provecho propio los bienes confiscados a los ladrones, lo que obligó a Rodríguez a involucrarse y estar encima de este tipo de procedimientos.

A todo esto cuando un asesino caía en manos de la policía se lo ejecutaba fusilándolo en Retiro o Plaza de Mayo. Luego el cadáver se colgaba durante un día de un farol, cosa que no disuadía a los criminales que eran cada vez más audaces, entre otros motivos porque eran más jóvenes.

En 1853 al organizarse la Nación, los constituyentes abolieron tormentos y azotes, aseguraron los derechos de los procesados. El Código Penal estableció penas equilibradas, pero no débiles.

Sarratea y Martín Rodríguez aprendieron que las causas del delito no se borran ordenando "fusilar en la hora" y luego ahorcar a los cadáveres. Sin embargo, la pacatería de nuestros días no está al tanto de eso.

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