martes, 16 de octubre de 2012

Los estudiantes y el Gobierno Mauricio Macri frente a la secundariapública de la Ciudad de Buenos Aires

 Mauricio Epsztejn--

Secundarios inundan la Diagonal Norte porteña
Es públicamente conocido el conflicto que enfrenta a buena parte del estudiantado secundario de la Ciudad de Buenos Aires y quienes los apoyan, como los gremios docentes y los padres de los alumnos, con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) respecto a los cambios curriculares que éste pensaba introducir a partir de 2013.

El reclamo para que el Ministro Esteban Bullrich los escuchara, fue escalando hasta llegar a la toma de varias decenas de establecimientos por parte de los estudiantes, a las que el Gobierno de la Ciudad, en lugar de abrir una instancia de diálogo, contestó con negativas, silencio ante las críticas, amenazas, listas negras, sanciones y la policía.
Extraño proceder, si se lo puede llamar así, por parte de un Ministro cuyo Jefe usa de modo permanente la palabra “diálogo” como latiguillo de campaña dirigido a los demás.

Los estudiantes sostienen que llegaron a las tomas como último recurso para que los oyeran, tal como sucedió en 2008 y en 2010 frente a la supresión de becas y el abandono edilicio de las escuelas. La jueza Liberatori intervino por pedido de varios legisladores y del principal gremio docente y logró destrabar la situación al abrir en su juzgado una instancia de diálogo, pero les exigió a las partes que presentaran propuestas concretas para cumplir con la ley, un déficit que debía resolver el Gobierno de la Ciudad y causante del conflicto por su mora en implementar la Resolución 84/2009 del Consejo Federal de Educación (CFE).  Ante el vencimiento de los plazos trató de introducir los cambios curriculares de modo inconsulto y, según los estudiantes, perjudicial para los contenidos de la enseñanza pública y los títulos laborales habilitantes.

El artículo 9º de dicha norma señala textualmente:

“ARTÍCULO 9º.- Redefinir en un plazo máximo de tres años el régimen académico que regula formas, estrategias, criterios y momentos de la evaluación y la acreditación en el nivel, mediante procesos que garanticen la participación de directivos, docentes y alumnos, y posibiliten la asunción de compromisos y responsabilidades compartidas por parte de los distintos actores implicados (el destacado nos pertenece)

Frente al Ministerio de Educación porteño
Como se ve, el Gobierno del Ingeniero Macri tuvo tres años durmiendo su implementación. Es evidente que si no los hizo durante ese tiempo, fue porque no quiso, como se demuestra aún hoy, cuando bajo el mandato judicial maniobra para no cumplir.

Sin embargo, falto de argumentos y jaqueado por la movilización creciente de la comunidad educativa, en la última audiencia ante la jueza, el Ministro Bullrich se comprometió a:

-Suspender el cambio curricular.

-Sumar cuatro horas de clase más dedicadas a Historia, Geografía y Arte en ocho escuelas técnicas sin que eso signifique disminuir las propias de las especialidades.

-Realizar nueve encuentros “con la comunidad educativa” entre el 12 de marzo y el 7 de noviembre de 2013, en tres etapas: 1) informativa; 2) participativa y deliberativa y 3) de “definición institucional”.

Sin embargo, aunque los representantes estudiantiles consideran ese compromiso un triunfo, al cierre de esta nota debatían las distintas posturas de hasta cuándo mantendrían las tomas.

El que se quema con leche ve la vaca y llora

Los estudiantes quieren ver los acuerdos por escrito y firmados por el responsable de su aplicación, para que no se puedan mal interpretar.

A la desconfianza no les faltan razones. Valga un ejemplo:

El Gobierno de Macri manipuló la reglamentación de la Ley 137, para violarla. Es la Ley que autoriza crear Centros de Estudiantes en las escuelas porteñas. Fue sancionada el 14/12/1998 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y promulgada el 15/01/1999 por el Jefe de Gobierno de la CABA (en esa época a cargo del Dr. Aníbal Ibarra). En las partes que vienen al caso dice:

Artículo 2º.- El Centro de Estudiantes surgirá como iniciativa de los alumnos de cada establecimiento y tendrá garantizados su integración y derechos asociativos en el marco de su respectiva unidad escolar, con fidelidad a los principios que emanan de la Constitución Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires y en concordancia con el proyecto institucional.

Artículo 3º.- Los objetivos de dichos Centros serán:

  1. Hacer posible la participación estudiantil en cuestiones que sean de su preocupación.

  2. Contribuir al desarrollo de una cultura política pluralista donde el debate de las cuestiones de la esfera pública esté directamente relacionada con la búsqueda de consenso y la armonización de las diferencias a través de la discusión y deliberación”.
[…]

“Artículo 4º.- Facúltase a los Centros de Estudiantes a darse su propio estatuto conforme al principio de representación proporcional y a la aplicación de los procedimientos democráticos que surgen del espíritu de las Constituciones Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires”.

En cambio, ¿qué dispone el decreto reglamentario Nª 331/11  firmado por Macri, Bullrich y Rodríguez Larreta para implementarla?

“Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 137 que como Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

Artículo 2°.- Facúltase al Ministerio de Educación a dictar las normas instrumentales, complementarias e interpretativas que fueren necesarias para la mejor y más adecuada aplicación de la reglamentación que se aprueba por el presente.

Artículo 3°.- Respecto del ciclo lectivo en curso, la constitución de los Centros de Estudiantes deberá efectuarse antes del 20 de junio de 2011, y la de los consejos estudiantiles por cada área antes del 15 de de julio de 2011. Por única vez, los mandatos de los representantes de cada curso, de los miembros de la Comisión Directiva y del Presidente del Centro de Estudiantes tendrán vigencia hasta la nueva integración de la Comisión Directiva en el ciclo lectivo 2012”.

¿Y que dice la resolución del Ministro Bullrich para aplicar el decreto reglamentario?

RESOLUCIÓN Nº   2624-MEGC/12                                    

                                                               Buenos Aires, 02 de agosto de 2012
[…]

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 330/11, EL MINISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE:

Artículo 1.- Autorízase la constitución de Centros de Estudiantes, conforme lo establecido en la Ley Nº 137 y en el Decreto Nº 330/11, y en base a los siguientes sistemas:

a.  Presidentes elegidos por listas.

b.  Asamblea de delegados por cursos.

c.  Sistemas donde se otorgan cargos a representantes de las minorías.

d.  Cualquier otra forma establecida en los estatutos de los centros de estudiantes con la sola limitación de la normativa vigente.

En este tipo de casos se enviará un representante del Centro de Estudiantes de los establecimientos educativos de cada Área de educación y de cada una de las Comunas para participar en la asamblea de acuerdo al artículo 2 del Anexo I del Decreto 330/11”.

Comparemos

Donde la ley dice:

“El Centro de Estudiantes surgirá como iniciativa de los alumnos de cada establecimiento”.

El Gobierno de Macri- Bullrich lo ordena por decreto.

Donde la ley dice:

“Facúltase a los Centros de Estudiantes a darse su propio estatuto conforme al principio de representación proporcional y a la aplicación de los procedimientos democráticos que surgen del espíritu de las Constituciones Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires”.

El Gobierno de Macri- Bullrich, intenta imponerles sus propias normas.

Hay un desafío por delante

Dado que el objetivo de esta nota no es hacer la crónica del actual conflicto sino sólo puntualizar las cuestiones que lo detonaron, con lo dicho cree haber cumplido.

Sin embargo, las particularidades que adquirió el movimiento estudiantil secundario en este momento tan complejo de la vida nacional, merecen algunas reflexiones.

La primera pasa por señalar la creciente voluntad juvenil por involucrarse en el debate sobre hacia qué tipo de país se debe avanzar y en cuyo diseño quieren ser considerados como actores, como sujetos, no como simples destinatarios de políticas imaginadas por otros. Contra quienes los acusan de andar en la pavada, responden participando del debate político, no en busca de acomodos o prebendas, sino opinando sobre cuestiones tan importantes como la educación, pilar básico para el desarrollo de las sociedades modernas.

Otros aspectos interesantes a tener en cuanta son las distintas concepciones organizativas que conviven entre los que sostienen este movimiento, la mecánica con que se mueven, sus virtudes, sus vulnerabilidades, los límites que enfrenta la metodología asamblearia permanente y la necesidad de idear formas organizativas capaces de garantizar la necesaria perdurabilidad y nivel de participación democrática logradas. Son temas que deben resolver porque el año 2013 ya lo tienen encima. Son desafíos que no les dan tregua. Por ejemplo: ¿Quiénes serán sus representantes en todas las instancias del proceso que se avecina, cuál será su mandato y legitimado por quién? ¿Cómo van a hacer para transformar este movimiento que hoy es de resistencia, en herramienta propositiva para el cambio necesario?

Es sabido que cualquier movimiento de estas características suelen iniciarlo grupos más o menos organizados, que confluyen por intereses y objetivos coincidentes, sean coyunturales o de más largo alcance, grupos con cierta formación política, a los que se suma una masa no encuadrada y largamente superior en número, que si bien al principio acepta esos liderazgos, en cuanto el proceso se desarrolla genera otros que pueden ser coincidentes o alternativos. Es un fenómeno que en si mismo no tiene nada de condenable; al contrario, es saludable porque incorpora un nivel de debate, acuerdos y acciones que siempre enriquecen el saber colectivo.

En este caso, la acción en común puso a prueba la consistencia de diversas formas organizativas y métodos de lucha, tanto los heredados de experiencias anteriores, como los improvisados sobre la marcha. Hubo Centros de Estudiantes, con sus delegados y autoridades surgidas de elecciones democráticas, que revalidaron su legitimidad en la acción, así como otros cuyos dirigentes formales no estuvieron a la altura de los que se movilizaron y fueron desplazados por liderazgos reales que empezaron a llamarse “voceros” para diferenciarse de los “delegados” registrados en los formularios oficiales. Esos Centros, surgieron varios meses antes del reciente estallido como forma de respuesta a los problemas de cada escuela y tienen un funcionamiento más horizontal, donde los mandatos y liderazgos teóricamente dependen de las resoluciones de cada asamblea.

Habrá que ver cuál es el papel que en el futuro inmediato podrán jugar cada una de estas formas organizativas. Es un desafío para el movimiento estudiantil secundario, que los trasciende porque afecta a la sociedad toda que no debería permanecer como expectadora, sino que respetuosamente debería involucrarse y ayudarles a resolverlo.

No es un desafío menor en el camino de consolidar derechos existentes, de ampliar la democracia y de lograr mayor participación.

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