miércoles, 18 de octubre de 2017

Setiembre de 1930 y de 1955: paralelos históricos y justificativos morales

Osvaldo Riganti—
En 1930 le tocó a Yrigoyen; en 1955, a Perón.
Hay algo una característica común de las conspiraciones militares en Latinoamérica durante el siglo XX: un argumento repetido enarbolado por los sectores de dudosa moral pública. La oligarquía utilizó en su favor los prejuicios de ciertos sectores de clase media para montarse sobre esa indignación pseudo moralista e instalar dictaduras que luego se volvieron fatalmente contra quienes colaboraron a su ascenso.
La conspiración contra Yrigoyen se llevó a cabo exagerando las fallas de la administración de su segunda  presidencia, describiéndolo como un anciano incapaz o pintándolo como un tirano.
La campaña periodística adquirió  características morbosas. El periódico derechista “La Fronda” llegó a denigrarlo en aspectos atinentes a su vida privada,  jactándose de haber descubierto que “es analfabeto de padre y madre”.
La prensa  golpista tenía su mejor exponente en “Crítica”, de Natalio  Botana. La noche previa al golpe ese diario titulaba: “¡VÁYASE! GRITA TODA LA NACIÓN AL SR. YRIGOYEN”.
La mentalidad de la mayoría de los opositores consideraba al yrigoyenismo una enfermedad del cuerpo social que con el tiempo se curaría.
La mañana del 6 de setiembre se levantaron algunas unidades del Ejército con el apoyo de la Marina. Los demás sectores de las Fuerzas Armadas no intervinieron pero tampoco defendieron al régimen constitucional. Yrigoyen fue detenido y trasladado a la isla Martín García.
Al asumir, el general Uriburu dictó la Ley Marcial, con el pretexto de prevenir desmanes. Esto no impidió que los adictos al golpe de estado saqueasen tranquilamente la casa de Yrigoyen, robasen sus pertenencias y papeles, quemasen sus muebles e incendiaran el diario “La Época” y algunos locales radicales.
Todas las injurias caían sobre el vencido, empezando por los diarios autocalificados de “independientes”, como “La Nación” y  “La Prensa”, el sensacionalista “Crítica” y el socialista “La Vanguardia”.
Socialistas, radicales antipersonalistas y conservadores proclamaban su euforia. A su vez Alvear, su antecesor y correligionario, decía desde París que Yrigoyen “ha jugado con el país”, en tanto que la Corte Suprema de Justicia, con Figueroa Alcorta a la cabeza, reconoció al gobierno, fundamentando que el mismo “se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación”
Ministros y funcionarios del gobierno depuesto fueron difamados y acusados de los más variados negociados, sin que las investigaciones posteriores encontraran ninguna malversación para acusarlos, por lo que la justicia los debió sobreseer. Una práctica repetida contra otros gobernantes que persiguieron a dictaduras militares.
Las consecuencias sociales del golpe fueron el incremento de la desocupación y la delincuencia, se multiplicó la prostitución y la enfermedad, mientras en la Costanera apareció la primera “Villa Desocupación”. A Uriburu lo sucedió el general Agustín Justo, iniciando el tiempo de la llamada Década Infame. La indigencia atacó no sólo a los trabajadores y desocupados sino que arrasó con la clase media. La tuberculosis diezmaba a la población.
En 1955 el enfrentamiento del gobierno peronista con el núcleo concentrado de la oligarquía que logró arrastrar tras de si a una parte significativa de la clase media, el conflicto con la Iglesia cuya cúpula conspiraba abiertamente, el bombardeo a Plaza de Mayo llevado a cabo por sectores militares con el activo apoyo de opositores, habían creado una atmósfera tensa en aquella Argentina llamada la de la Gran Década, la de Perón y Evita. El  general Valle cuando le  entregó a Perón el Ministerio de Marina que  fue el epicentro de la conspiración sofocada en junio de 1955, le había dicho: “Mi general, este ejército no le va  a servir para la revolución popular. Arme a la CGT”. Sin embargo Perón optó por ofrecer una tregua a la oposición, que esta rechazó. En  agosto mientras se desarrolla un plan de recuperación de la convivencia y el diálogo, se descubrió un complot que se proponía asesinar a Perón.
Entonces el peronismo dio por terminada la tregua política. El núcleo de la oposición estaba representado por las tradicionales clases dominantes, siempre con negocios con el imperialismo de turno. Pero se había extendido: los pequeños y medianos propietarios, comerciantes e industriales no se encontraban cómodos con el fenómeno del peronismo, que había alterado fuertemente las pautas distributivas tradicionales, pese a que a ellos no les afectaba económicamente algunas restricciones en la materia y la mayor nivelación social (como ocurrió con Yrigoyen antes y ocurriría con Néstor y Cristina después) los fastidiaba. Muchos intereses heridos se confabularon para crear un clima levantisco.  
 El 30  de agosto de 1955 Perón envió a los dirigentes máximos de su movimiento una nota ofreciendo su retiro de la presidencia, como un medio para el logro de la pacificación. A la mañana siguiente la CGT la rechazó y dispuso una concentración en Plaza de Mayo. Perón salió a los balcones ante una multitud exasperada. Su estado de ánimo era similar.
 “¡A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor!
Con  nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente”. “Eso lo hemos de conseguir persuadiendo…¡y si no a palos!”. “Y cuando uno de los nuestros caiga… ¡caerán cinco de ellos!” fueron algunas de sus expresiones. “Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y enemigos comprenden. Si no lo hacen ¡pobre de ellos!” terminó diciendo.
En los días siguientes se aceleró la conjura. El general Eduardo Lonardi la encabezaba. Aconsejaba a sus íntimos “proceder con la máxima brutalidad” (fue el considerado más “moderado” de los dos presidentes de la llamada Revolución Libertadora).
El entonces capitán Jorge Rafael Videla participaba de la sedición. Prestaba su casa en Bella Vista al coronel Guevara para que sumara al alzamiento a varios oficiales.
El 16 de setiembre se habían producido levantamientos en puntos distintos del país como Córdoba, Curuzú Cuatía, Río Santiago y Puerto Belgrano. Desde Córdoba el jefe del movimiento subversivo leía su proclama. “La espada que ha sido desenvainada no se guardará sin honor”, decía Lonardi. El  general leal Iñíguez rodeó Córdoba pero no llegaron las órdenes del Comando de Represión. Hubo desmovilización y fue fatal. El 19 de setiembre, el Almirante Rojas, Comandante en Jefe de la Armada que cuando el bombardeo de junio aseguró lealtad al orden constitucional y que había sido edecán de Evita, intimó a rendirse al General Lucero, Jefe del Comando de Represión del gobierno peronista bajo amenaza de bombardeo a las costas de la ciudad de Buenos Aires. Vastos sectores de la población ribereña abandonaban sus casas, en las zonas más expuestas. Los hechos se precipitaron. Perón ofreció su renuncia invocando su “patriotismo y amor al pueblo” si bien “mi espíritu de peleador me impulsa a la lucha”. El Comando en Jefe del Ejército no negoció sobre la base del ofrecimiento de la renuncia. Capituló. Lonardi llegó a Buenos Aires aclamado por una multitud de componentes de clases medias y altas y ovacionado en Plaza de Mayo. Había terminado la experiencia peronista.
El general Perón, tras unos días de estar alojado en una cañonera paraguaya se trasladó a este país, iniciando un periplo que duraría más de 17 años.
Se destrozaban todo tipo de símbolos del peronismo y hasta pulmotores y frazadas en los hospitales por tener la inscripción “Eva Perón”. Hubieran sido de necesidad en la epidemia de poliomielitis que afectó al país al año siguiente.
El motivo del golpe del ’55, más allá de toda hojarasca “democrática”, fue el pasaje de una economía que centralizaba el capital en la industria y en los sectores populares a una economía que centralizaba el capital en los sectores tradicionales de la ganadería y la agricultura ligados a los trust cerealeros.
Lonardi fue rápidamente tumbado por una conspiración palaciega articulada por el vicepresidente almirante Rojas y los partidos políticos que integraban la Junta Consultiva, con el radicalismo y el socialismo a la cabeza. Asumió Aramburu, que acentuó la represión y la entrega.
El encarcelamiento de peronistas estuvo a la orden del día. Mientras actuaban Comisiones  Investigadoras viciadas de nulidad incautando bienes de gobernantes y adictos al “régimen depuesto”, el gobierno de Aramburu liberaba al pistolero “Cacho “Otero, alegando “servicios prestados a la democracia”. Un levantamiento contra la tiranía de Aramburu epilogaría con el fusilamiento del general Valle y civiles y militares que lo acompañaban en la patriada. La prensa difundía las fantasías difamatorias de Aramburu y Rojas.  
La historia se iría repitiendo hasta 1983. En 1976 se elaboraban las Actas Institucionales que privaba de sus bienes y derechos políticos a los integrantes del gobierno de Isabel que estaban presos.
Los militares que gobernaron con Uriburu, Aramburu, Videla, Onganía, etc. fueron penetrados por la corrupción con tanta o más facilidad que cualquier político. Terminaron deviniendo socios y  hasta jefes de empresas que competían con las del Estado. 
Los grandes medios persiguen con saña a los gobiernos que son  conducidos por movimientos populares. Nada o muy poco dicen de la entrega del patrimonio nacional, las delictuosas privatizaciones, el empobrecimiento de todo un pueblo, las causas de quiebras de cientos de miles de establecimientos productivos. Simplemente porque detrás de esos inmensos delitos contra el país están los acreedores externos y sus socios nativos. Tampoco obviamente del manejo de esos medios de comunicación por los grandes intereses. Como hoy, que nada dicen de que so pretexto de una “modernización” en las relaciones de trabajo, Macri quiere volver al esclavismo laboral por el que tanto bregaron Menem y De la Rúa.
Cada vez que la derecha captura el Estado, instaura una feroz persecución contra los gobernantes del campo nacional y popular. Ocurre en nuestros días.
Hoy como ayer  los comunicadores sociales del establishment se limitan al tratamiento frívolo de los casos de corrupción y callan el saqueo que efectúan los grandes intereses.
Explicaba Arturo Jauretche que cuando se producen denuncias de corrupción y las grandes empresas periodísticas montan un gran escándalo hay que desconfiar. Hacía hincapié en que la moral pequeño burguesa se escandaliza cuando mejora notablemente su posición un avivado criollo pero no se pregunta cómo se hicieron multimillonarios los Rockefeller, Fortabat, Pérez Companc y tantos otros que se nos quiso poner como paradigmas.
No se trata de angustias morales. Los que montan campañas “moralizadoras” razonan en función de los negocios que se están perdiendo y los que se ven afectados. 

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