Menos derechos para la infancia, más violencia institucional para la sociedad.
“La infancia y la
adolescencia como categorías sociales, tienen una limitación constitutiva ya
que no pueden auto representarse. Así en la mesa de negociaciones los niños,
niñas y adolescentes no tienen muchas veces quien los defienda. La infancia no
“ocupa” ningún rol social, ni productivo estratégico, ni puede organizar
piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus
postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen
“poder”, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. Y
es por esa “fragilidad” constitutiva de la infancia como actor social y por lo
que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central,
para proteger y promover sus derechos” Eduardo Bustelo.
Los abajo firmantes sostenemos que la ausencia de políticas
destinadas a la protección de la infancia de parte del gobierno de Macri en su
primer año de gestión, se agrava aún más con su iniciativa de bajar la ¨edad de
imputabilidad¨, por la que se pretende que los pibes de 14 años puedan ser
perseguidos y encarcelados.
Este retroceso legal expone a la Argentina, al descrédito,
la condena y las sanciones internacionales, como ya ha sido advertido
claramente este Gobierno en los últimos meses por diversos Organismos
Internacionales de protección de Derechos Humanos.
El Estado Argentino está obligado por imperativo
constitucional y convencional, al rechazo a la baja de la edad mínima penal,
sustentado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en especial en
la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU con rango Constitucional
desde el año 1994.
El Comité de Derechos del Niño postula que la edad mínima de
responsabilidad penal se fije en el nivel más alto posible –los 14 o 16 años-;
y por imperio del principio de no regresividad, deben evitarse bajas como surge
de la propuesta veraniega que de modo “espasmódico” emite el gobierno nacional
a raíz de un hecho doloroso al comenzar un año electoral.
Y por si esto fuera poco, el gobierno de CAMBIEMOS con la
iniciativa que analizamos, desconoce los consensos alcanzados de los que
también fueron partícipe en su oportunidad entre la Nación, las Provincias y la
CABA en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia de Julio
de 2015. Aquella Acta Acuerdo destaca que la política estatal para una nueva
ley penal juvenil, entre otros criterios señala que, “la edad de punibilidad no
podrá establecerse por debajo de los 16 años, en respeto al principio de no
regresividad y de progresividad en la garantía de los derechos”.
Frente a estos antecedentes, el Ministerio de Justicia pone
en evidencia su carencia de autoridad política para impulsar debates de tal
envergadura, debido al profundo desconocimiento de los antecedentes históricos
que la Argentina registra en este tema.
Denunciamos la contradicción con el principio del ¨interés
superior del niño¨ que esconde la propuesta del Ministro de Justicia Germán
Garavano, que generaría una arquitectura institucional basada en la
penalización de niños, niñas y adolescentes que roza lo inconstitucional.
Sabemos que no son hechos aislados, quieren terminar con la
construcción política de esta década basada en la ampliación de los derechos
sociales y ciudadanos para imponer un modelo de ajuste económico neoliberal. La
vulnerabilidad no es un efecto no deseado del ¨sinceramiento¨ del mercado sino
una condición del control y la represión al servicio del poder concentrado.
Alertamos a la sociedad sobre este nuevo intento de la
derecha conservadora argentina de imponer una agenda pública que asocia delito
y adolescencia, buscando aplicar el Código Penal a personas menores de 16 años.
Nuestra historia social es rica en políticas, herramientas y
construcciones sociales destinadas a abordar problemáticas infanto-juveniles.
No es que no debe hacerse nada con los menores de 16 años involucrados en
comisión de delitos, sino que las intervenciones deben estar organizadas en el
marco de un sistema de políticas públicas que privilegie las medidas
socio-educativas alternativas al encierro; que sea especializado como requiere
un adolescente en proceso de desarrollo; que ponga su prioridad en la
prevención, para evitar las transgresiones penales y promover la reintegración
de aquellos que cometieron infracciones. Es imperioso contar con una norma que,
además, no permita imponer castigos en nombre de la protección.
Consideramos que el Régimen Penal Juvenil vigente debe ser
modificado. Coincidimos con lo señalado por los organismos de Derechos Humanos,
lo ordenado por la Corte Suprema de la Nación y también la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Ningún organismo de Derechos Humanos, tampoco UNICEF,
mucho menos quienes trabajan con chicos y chicas reclaman o concuerdan con
reducir la edad de punición penal.
Sabemos que la idea de un crecimiento exponencial del delito
juvenil y del supuesto impacto en la “inseguridad” no tiene bases verificables.
Tampoco existen argumentos racionales que indiquen que para salir de la
“tutela” del actual Régimen Penal Juvenil se deba necesariamente “bajar la edad
de imputabilidad”. Existe en ese razonamiento –enarbolado algunas veces desde
una supuesta perspectiva progresista- algo de extorsivo: el costo de obtener un
régimen legal respetuoso de garantías para los chicos y chicas -dejando atrás
la Ley Nº 22.278 de la Dictadura. El jurista chileno, Julio Cortés Morales, lo
describió con lucidez: “Hoy en día el Estado es capaz de otorgar más garantías
a la vez que incrementa los niveles de punición, resolviendo con eso dos
exigencias contradictorias, o a lo menos difíciles de conciliar”.
Nuestra experiencia histórica enseña que el gobierno está
haciendo exactamente lo contrario de lo que se necesita para reducir la
violencia social y el delito. No confrontar claramente esta política regresiva
y represiva que postulan Macri y Garavano allana el camino de la violencia
institucional y nos aleja de la paz en nuestra patria, donde las víctimas
además son también los niños y niñas de los sectores populares.
El cinismo de esta propuesta hacia el “piberío pobre” es un
reflejo de la concepción económica neoliberal de un Estado desertor y otra cara
es la desidia que han demostrado en la sub-ejecución presupuestaria en áreas de
salud, empleo, políticas sociales y educación; que pone en evidencia la
absoluta ausencia de compromiso del Gobierno de Macri con los derechos de
niños, niñas, adolescentes y sus familias. La reciente desarticulación de
políticas y programas destinados a la inclusión desde el Ministerio de
Educación es una evidencia de lo señalado.
Un proyecto de país sensible a los intereses populares,
jamás debería privar a la infancia de sus derechos, ni incrementar la violencia
estatal contra la adolescencia que el propio modelo excluye.
Con este Comunicado expresamos nuestra posición e invitamos
a colegas, especialista, organizaciones sociales y colectivos comunitarios a
sumar sus voces e ideas.
Macri…., con los pibes no.
Buenos Aires, 05 enero 2017
FIRMAS:
Adrian Rozengardt, Alejandra Barcala, Claudio Franchello,
Daniel Molina, Felicita Elías, Gabriel Lerner, Gustavo Piantino, Jose Machain,
Marcelo Brignoni, Marisa Herrera, Paula Chinellato, Ruben Zarate.
Integrantes del Observatorio de Derechos de Infancia y
Adolescencia "EDUARDO BUSTELO"
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