LAS AFJP, algo para recordar…

Pedro C. Fernández—

En estos momentos en que se trata la ley “Ómnibus” en el congreso nacional, y donde en la misma se desliza la posibilidad de volver a privatizar el sistema previsional y volver a las AFJP entre otros ítems, sería necesario hacer memoria y recordar la historia del régimen de capitalización, y sus orígenes fuera y dentro de la Argentina.

En 1980, se instalan en Chile las AFP, administradoras de fondos de pensión (privadas y por decreto) en plena dictadura militar de Pinochet, inspiradas en el proyecto del economista norteamericano, Milton Friedman, “premio Nobel 1976” y uno de los fundadores de la escuela de Chicago, fue contratado por el dictador en 1975 para instalar la matriz liberal de explotación capitalista que, de alguna forma, rige hasta hoy los destinos económicos del país vecino.

Sin  embargo, ya desde algunos años atrás en Chile el estado tuvo que intervenir para subsidiar las jubilaciones y pensiones de los trabajadores de bajos ingresos, ya que los mismos en sus “cuentas de capitalización” no contaban con fondos suficientes para financiar el ingreso mínimo estipulado, debido a los bajos aportes previsionales derivados de sus bajos sueldos. Al ser estos un número muy amplio y mayoritario en el esquema de trabajadores de esa sociedad, no logra sostener y menos aumentar la cobertura social. A raíz de eso en el 2014  la Presidenta Bachelet tuvo que crear una AFP estatal. Lo que se quiere instalar en la Argentina es un proyecto con intencionalidad política sobre la social, generando jubilados de primera y jubilados de segunda, donde para mantener a los que les corresponde un mayor beneficio que está reclamado judicialmente al estado por cantidad y tiempo de aportes, se pone en juego el futuro financiero de todo el sistema previsional argentino y de las jubilaciones y pensiones de todos los trabajadores desvirtuando el sistema de reparto solidario. Por más promesas de blanqueo de capitales que, de ser factible o posible, junto a la venta de las acciones de empresas privadas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) que ahora pertenecen al estado, son el verdadero objetivo de esta ley, que hacen inviable en el tiempo ese proyecto de ponerse

al día con los jubilados acreedores del estado, creando una falsa imagen de justicia, o sea, pan para hoy y hambre para mañana, lo que crea las condiciones a futuro para justificar la privatización del sistema y volver al error anterior. Uruguay, Colombia, Ecuador, Nicaragua tienen sistemas jubilatorios de régimen mixto; Bolivia, que también lo tenía, pasó al sistema único estatal en el 2010. Esta gran variedad de países latinoamericanos que tomaron el régimen privado lo hicieron por receta y presión del FMI. En el gobierno de Menem, sujetado a las recetas del FMI, y de los organismos multilaterales de crédito internacional, Menem y Cávalo se largan a una larga maratón de privatizaciones, donde en 1994 el congreso aprueba la ley 24.241 de capitalización que se promulga a partir de julio y crea las AFJP. Se privatiza el sistema previsional social para que no se redistribuya ingresos, sino que se amplíe el formato del mercado de capitales, sujetando los aportes a los ciclos de crisis capitalistas nacionales e internacionales, a la volátil variación monetaria y a la especulación financiera. Al principio en la Argentina establecieron un régimen mixto, donde el trabajador debía optar entre el de reparto solidario, (el estado), o capitalización (AFJP), posibilidad que luego se eliminó para los nuevos trabajadores cuyos aportes obligatoriamente eran derivados a una AFJP. Las mismas que también se beneficiaban con en el cobro de comisiones que en la Argentina representaban la tercera parte del aporte previsional del 11%  obligatorio de los trabajadores, independiente de la rentabilidad de los fondos invertidos en el mercado (30% en el mercado financiero internacional) ya fuera positiva, o  negativa, lo que en ese caso  implicaba una pérdida en los ahorros de los aportantes como ocurrió con el efecto caipiriña de Brasil y el tequila de Méjico y la crisis de Hong Kong, y lo más grave, en el 2001/2002 con el corralito y salida de la convertibilidad, donde se redujo a la mitad el valor de los fondos acumulados, que perdieron al menos la mitad de los ahorros acumulados. En el 2007/2008, con la crisis de las hipotecas suprime en EE. UU, que derivó en la crisis financiera internacional que soportamos hasta hoy, y que fue el tiro de gracia para las AFJP y el fin de esa aventura azarosa donde el Estado pagaba la mayor parte de cada haber previsional y las AFJP el resto, lo que implicaba que las AFJP cobraban a medida que recibían los aportes sin correr ningún riesgo y eso sucedió durante 14 años, donde los grandes beneficiados fueron principalmente los bancos y algunos socios menores, como ciertos sindicatos, que en conjunto se llevaron 12 mil millones de pesos en comisiones hasta el 28/11/2008, casi la mitad de los fondos acumulados en ese momento.  Cuando se larga el mercado, las 26 AFJP originales, tuvieron que salir a vender en forma agresiva porque creían que el público haría fila en sus puertas para afiliarse. Las AFJP pasaron a ser la actividad económica más competitiva de la Argentina, con una política de Marketing de guerra que llevaron a prácticas de oligopolio con sus megafusiones, y absorciones a las más pequeñas y acuerdos entre las principales, sobreviviendo solo 10 entre las más grandes cuando se cancela el sistema. Todo ese contexto llevó a las AFJP a una política comercial de tácticas agresivas que privilegiaban las ganancias de los bancos sobre el ahorro de los afiliados, desnaturalizando el concepto fundamental de la seguridad social y de la cobertura previsional de la sociedad, y el detalle no menor de que los afiliados no podían regresar al régimen estatal, creando un vasto mercado cautivo. Además de tener a los afiliados cautivos, cobrándoles comisiones leoninas y haciéndoles perder sus ahorros de la mano de las crisis cíclicas propias del capitalismo nacional e internacional y de las múltiples maniobras por el desvío fraudulento de fondos que beneficiaron  a los bancos y a numerosos funcionarios jerárquicos, como fue denunciado ante la UIF, Unidad de Investigación Financiera, desfalcos que aún siguen impunes ante un Poder Judicial que con su inmovilidad se hace cómplice.

En noviembre del 2008, por presentación de la Presidenta Cristina se aprueba en el Congreso la ley SIPA, que estatiza todo el sistema previsional argentino y crea el Fondo de Garantía de

Sustentabilidad en base a las acciones e inversiones de las ex AFJP en empresas privadas, cuyo fin es garantizar a futuro la sustentabilidad del sistema sean cuales fueren las contingencias económicas, ya que sólo con los aportes proyectados de los trabajadores eso no sería posible, como ya pasó y está sucediendo en otros países de América Latina. A raíz de la administración estatal de los ahorros para los futuros jubilados este Fondo no sólo creció en forma considerable, sino que obtuvo mayor rentabilidad que cuando estaba en manos privadas y, además, amplió la cobertura social, se creó la Asignación universal por hijo, se implementó la moratoria previsional que permitió ingresar a más de 1,5 millones de argentinos al sistema jubilatorio, se implementó la ley de movilidad que incrementa los haberes dos veces por año, se creó la jubilación para las empleadas domésticas, la de amas de casa y permitió distribuir más de 2 millones de computadoras Laptos a escolares, instituyó los planes PROCREAR y PROGRESAR y sostuvo otros planes de ayuda social que llevaron a la Argentina a ser el estado de bienestar más desarrollado de América Latina y, fundamentalmente, creando permanentemente la posibilidad de mejorar y sostener en el tiempo la cobertura previsional de la sociedad.

Recordar y sacar conclusiones de la historia reciente, sin dejarse engatusar por cantos de sirena, es una ayuda invalorable si no queremos tropezar dos veces con la misma piedra.